América Latina deberá hacer frente a un contexto extremadamente desafiante. Hay motivos de sobra para pensar que el futuro será aciago. Sin embargo, también surgen auspiciosas oportunidades de esta crisis. Esta pandemia tiene el potencial de liberar la energía y voluntad social y política necesarias para transformar la actual forma de vivir.
Indudablemente, no será un camino fácil. Las personas demandan protección, seguridad y un bienestar básico para todos. Y lo exigen ya. La relación entre mercado y Estado, inevitablemente, tendrá un giro sustantivo, del cual el Estado saldrá fortalecido. Es lo que muchos ciudadanos de América Latina están exigiendo: un Estado fuerte, eficaz y transparente que asegure las condiciones mínimas para vivir de manera digna.
Si en los próximos meses y años las sociedades latinoamericanas no establecen servicios básicos para todos —en áreas como salud, alimentación, empleo y educación— las protestas sociales probablemente adquieran una magnitud mayor. El desafío consiste en canalizar estas legítimas demandas ciudadanas para darles respuestas institucionales y que sean sostenibles financieramente.
En los años venideros surgirán diversas propuestas; unos se inclinarán hacia la igualdad y otros al orden, unos al estado de bienestar otros al estado de vigilancia. No será una cuestión puramente ideológica, ni las personas optarán entre fórmulas tradicionales de izquierda y derecha. Si el mundo democrático y progresista, partidario de la libertad con igualdad, no amplía su mirada y expande sus alianzas, se correrá el riesgo de que surjan nuevos gobiernos autoritarios y populistas.
En plena época de aceleración tecnológica y cambio climático, cuando capitalismo y globalización están evolucionando aceleradamente, el liderazgo político latinoamericano necesita debatir y elaborar con responsabilidad y creatividad una nueva agenda, con la ciudadanía, que apunte a recuperar la confianza en la política y sus instituciones, redefinir el contrato social y repensar el modelo de desarrollo para cumplir los compromisos de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas.
La travesía de esta triple crisis sanitaria, económica y social será prolongada y ardua. Pero de esta encrucijada surgirán oportunidades para construir una sociedad más democrática, solidaria y sostenible. El futuro se construye con ideas, voluntad y mayoría social, con una agenda dirigida a aprovechar las coyunturas favorables y seguir una estrategia de largo plazo para sortear con éxito las situaciones adversas.
¿Habrá aprendizaje de esta crisis? El mayor riesgo sería pensar el mundo postpandemia con los mismos paradigmas y categorías conceptuales de antes. ¿Será posible lograrlo? Sin duda. América Latina cuenta con generaciones jóvenes más preparadas, sociedades más empoderadas. Dependerá de nuevos liderazgos institucionales y personales capaces de convocar y representar las aspiraciones de la mayoría, con autenticidad y empatía, mostrando caminos de progreso viable.
¿Existen alternativas a la racionalidad capitalista? Las opciones actuales ya no se refieren a la contraposición entre capitalismo y socialismo. Después de la caída de la Unión Soviética, y por la inefectividad del llamado «socialismo real», ese camino ha desaparecido de las alternativas aceptables.
Las modalidades actuales de socialismo incluyen a China, que ha instaurado nuevas formas de organización. Algunos las definen como capitalismo de Estado con partido único. ¿Es el sistema chino una opción para América latina? Se trata de un sistema político ajeno a nuestra realidad latinoamericana y occidental, responde a otra tradición histórica y cultural y a diferentes realidades de tamaño y diversidad poblacional.
Vietnam es otro ejemplo de éxito económico y social, enmarcado en un sistema político de un solo partido, diverso de los sistemas democráticos de occidente. Y luego se encuentran aquellos que preservan fórmulas obsoletas o congeladas, como hablamos de Corea del Norte o Cuba, sin democracia ni crecimiento. Las formulaciones y prácticas del denominado «socialismo del siglo XXI», propiciadas por el expresidente Chávez de Venezuela, también fracasaron estrepitosamente. Ninguno es referente de futuro.
Descartada la alternativa entre socialismo y capitalismo en sus versiones «clásicas», el debate sobre la nueva racionalidad se traslada a las diversas formas de regular el capitalismo, y a las diversas opciones que mejor armonicen libertad, igualdad y sostenibilidad, en democracia.
La tesis neoliberal de que el mercado es el organizador automático de la economía y de la sociedad se funda en dos líneas argumentales. Primero, que el mercado genera bienestar para todos, y satisface las necesidades eficientemente, sin necesidad de una definición política. Con ello se norma el comportamiento social, pues cada ciudadano actúa como consumidor. Las desigualdades serían naturales, consecuencia del esfuerzo personal y el mérito de cada cual, independientes del nivel socio económico de partida. Segundo, que la actividad empresarial mueve la economía y ordena las prioridades. La maximización de la utilidad generaría los empleos necesarios que redundarían en bienestar para todos los miembros de la sociedad. El mercado, en suma, sería el mecanismo capaz de dar orientación estratégica, de recoger las aspiraciones de la sociedad y de conseguir la inclusión y la movilidad social.
Esta concepción está profundamente cuestionada por sus limitados resultados políticos y económico-sociales en democracia. Es indispensable en este periodo histórico debatir y concordar cómo realizar transformaciones que abran camino hacia una sociedad más inclusiva y verde, a través de un proceso de profundización democrática, y cómo reformar instituciones y normas internacionales en favor de las mayorías de las naciones emergentes.
El progreso democrático requiere cambios globales
La experiencia de globalización acelerada sin regulación agudizó desequilibrios en cada país; sectores sociales quedaron rezagados, se elevó la fragmentación social, la desigualdad y la polarización política. La avasalladora irrupción de cambios tecnológicos desbordó la capacidad política de construir acuerdos internos para gestar nuevos pactos sociales.
¿Cómo reformar el sistema global para crear condiciones internacionales que favorezcan la capacidad nacional de cambio en democracia? El debilitamiento de la colaboración mundial y del multilateralismo perjudica a las democracias nacionales. Las aspiraciones a un mundo mejor y a otra forma de vivir están también subordinadas al orden económico global. No basta actuar a nivel nacional. Algunos autores señalan la necesidad de transitar del estado de bienestar a un estado social de derecho a nivel mundial, convenir la existencia de bienes y servicios globales básicos que deberían proveerse gratuitamente. Otros pensadores y políticos también plantean que la educación, la salud y un ingreso digno debieran quedar fuera de la mercantilización y ser proveídos por instituciones no lucrativas y pagadas de manera colectiva.
¿Cómo generar las condiciones políticas para progresar hacia una sociedad más democrática, igualitaria y justa, a nivel nacional y global? A nivel nacional es esencial construir coaliciones políticas y sociales asentadas en programas comunes y consensos básicos, afirmados en el diálogo y la deliberación. Y a nivel global, afianzar el multilateralismo y la colaboración. La gobernabilidad global debe estar inspirada en valores universales y apoyarse en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
También es necesario incorporar el pensamiento y la vitalidad de los movimientos feministas y sus propuestas políticas para afianzar la diversidad en democracia. Su presencia irá creciendo. La participación extendida de la mujer en política contribuirá a la solidaridad, la equidad social, la salud, la educación, el cuidado de niños, adultos mayores y enfermos.
Otro fenómeno que tomará cuerpo en las democracias futuras será la gravitación de numerosos movimientos sociales y organizaciones de la sociedad civil, apoyadas en la digitalización y la intensa conectividad social.
Transformar la racionalidad capitalista actual y concebir otra manera de vivir y de pensar en democracia es una responsabilidad de quienes poseen vocación pública y asumen el compromiso de conducir los procesos democráticos, con mayor participación y distribución del poder. Ideas, alianzas, coaliciones, movimientos sociales, comunicación y conectividad son componentes esenciales de un esfuerzo transformador para lograr una sociedad mejor. América Latina tiene la oportunidad de realizar una gran transformación. Será un largo proceso, pero mientras más pronto se inicie, sus efectos positivos se verán antes y la década de mejorías será lograda. Ese gran giro supone una gobernabilidad democrática resiliente, resistente y flexible para asumir una secuencia escalada de iniciativas, sin rupturas ni conflictos que paralicen o hagan retroceder.
Cinco ejes estratégicos.
Cinco son los ejes estratégicos que permitirán realizar un giro que nos encamine a un escenario deseable.
Acrecentar la participación ciudadana
La institucionalidad de los países latinoamericanos deberá incorporar nuevas modalidades de participación política a todos los niveles, nacional, regional y comunal; nuevas formas de consulta, mediante distintos mecanismos como consejos económico-sociales, paneles, cabildos, plebiscitos locales. Estas experiencias deben ser cuidadosamente organizadas y probadas, empleando nuevas tecnologías, en una década de creciente hiperconectividad.
Así se complementará la democracia representativa, se ganará el talento de muchas y muchos, y se podrá construir una visión compartida. No hay recetas, pero una sociedad civil fortalecida puede ser más creativa y estable. Una medida del progreso de la participación será la presencia de las mujeres en todas las actividades de la sociedad y en todos los espacios de decisión, en la política, la economía, las empresas, la ciencia y las organizaciones de la sociedad civil.
Articular un nuevo pacto social
Cada país deberá buscar los mecanismos más idóneos para desembocar en un sistema de protección que asegure un piso básico de subsistencia y de provisión de bienes y servicios públicos a todas las familias, sin excepción ni discriminación. La desigualdad corroe las bases democráticas y es incompatible con una sociedad consciente y con una tecnología que puede ponerse al servicio de todos. La digitalización sin regulación ni protección acentuará las desigualdades y la frustración, y el desempleo sin capacitación ni educación técnica dejará a muchos en el camino, generará descontento y protestas. También puede facilitar la expansión de la violencia y la delincuencia.
El Estado deberá desplegar su musculatura…
Con renovadas capacidades para cumplir nuevas funciones en todo el territorio nacional, sin zonas o barrios abandonados a su suerte cuando ese Estado está ausente y solo concentra sus capacidades para cuidar a una minoría. Los bienes esenciales deberán cubrir las pensiones, la salud, la educación, la vivienda, un medio ambiente sano y la seguridad ciudadana. El cuidado de los más vulnerables asumirá una relevancia creciente. Esta tarea recae principalmente en mujeres. El pago de la función de cuidado es una exigencia para elevar la solidaridad y reducir la desigualdad. El ingreso básico universal, progresivo, es un instrumento que se ha introducido durante la pandemia, ha demostrado su eficacia y viabilidad y ha roto el mito de su inconveniencia. Será irreversible.
El problema esencial será contar con un Estado eficaz y organizaciones sociales preparadas para implementarlo y dirigir los recursos básicos a los más necesitados, controlando la corrupción. Su vigencia exigirá, sin excusas, reformas tributarias que provean el financiamiento y emparejen la cancha. Igualmente importante será la cooperación internacional y la creación de fondos globales, como el recién creado para proveer vacunas a los más pobres, con aportes de los países más ricos e impuestos a las actividades digitalizadas, empresas, plataformas, actividades financieras e impuestos al carbono.
Crear una base productiva diversificada y estimular la innovación
Esta misión deberá sustentarse en tecnologías avanzadas, una mejor educación y un incremento de la actividad científica y tecnológica. El rezago tecnológico de los países latinoamericanos se ha agudizado. La distancia con los países asiáticos se manifiesta a diario. Así lo revela también la bajísima proporción del producto nacional asignada a estas funciones. La digitalización y la implantación de tecnologías verdes, el cuidado de la biodiversidad, de los océanos, de las aguas, se tornará crítico. Allí donde la región tiene recursos y ventajas comparativas es donde deberá centrar el esfuerzo nacional y la asociación internacional. La lógica estrecha de empresas que solo apuestan a maximizar sus utilidades, indiferentes a sus consecuenciales sociales y ambientales, no podrá continuar. La empresa innovadora, sensible y colaboradora con la comunidad tendrá un papel reconocido y el Estado deberá regular su actividad y estimular los comportamientos acordes al bien común.
Avanzar a una nueva fase de cooperación entre los países de América Latina y el Caribe
Es insostenible el actual nivel de descoordinación entre países, justo en un periodo de estructuración de un nuevo orden internacional, con nuevas reglas, alianzas y cambios de poderes estatales y no estatales. Mantener tal dispersión lentificará el desarrollo de cada país, reducirá su autonomía y comprometerá su democracia. Los actuales niveles de irrelevancia de la región a nivel global son sorprendentes, mientras cada país se ilusiona pensando que los temas se resolverán con puras medidas nacionales y algunos de los gobernantes practican un nacionalismo solapado.
Se puede y se debe impulsar una nueva relación para coordinar las posiciones comunes que se expresen con una voz. Las áreas de posible acuerdo pueden abarcar el cambio climático, la salud, la construcción de infraestructura, la defensa conjunta de la democracia y los derechos humanos, las nuevas normas de comercio e inversión internacional, los acuerdos con otras regiones, Europa y el Asia Pacífico, la digitalización, las energías renovables, la regulación de las plataformas digitales para defender la libertad, la privacidad y asegurar los pagos de tributos de las grandes corporaciones tecnológicas a los países, la disminución de la pugna geopolítica entre China y Estados Unidos, la propiedad intelectual, la migración, la investigación científica y la educación. Son múltiples, habrá que priorizar, pero estas coincidencias derivarían en beneficios enormes; una participación efectiva en las instancias donde se resuelvan las regulaciones y las nuevas instituciones para la gobernanza global, reforzando el multilateralismo.
Los cinco ejes direccionales del giro latinoamericano deben encaminar hacia un sistema político inspirado en los principios de democracia social, aquel que mejor armoniza las aspiraciones de libertad, igualdad y sostenibilidad, con colaboración internacional.
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