Como en varios países del mundo, en Argentina durante las últimas semanas se ha producido un aumento sostenido del número de contagiados por Coronavirus, así como de la cantidad de fallecidos. En el escenario político el telón de fondo lo constituye las próximas elecciones parlamentarias de 14 noviembre de este año, en la que se renovará la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado.
Los fallecidos suman 62.087 personas. La letalidad provocada por la pandemia en Argentina es alta: 139,54 muertos por cada 100 mil habitantes, casi idéntica a la chilena de 138,69, aunque aún más baja todavía que la de varios países desarrollados tales como Italia, Reino Unido, Estados Unidos y Francia que exhiben cifras de 197, 191, 175 y 154 respectivamente.
El aumento de los contagios ha sido más intenso en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) que en el resto del país. El AMBA es el gran complejo urbano que incluye a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), también conocida como Capital Federal, y a cuarenta municipios que pertenecen a la Provincia de Buenos Aires. En total, su población según el censo de 2010 era de 14,8 millones de habitantes, más de un tercio de la población nacional, de los cuales unos 3 millones viven en Capital.
La situación sanitaria lógicamente presiona al sistema hospitalario y a la disponibilidad de unidades de tratamiento intensivo. A nivel nacional el 67,7% de ellas se encuentran ocupadas, pero en el ABMA la cifra alcanza al 76,2%. Aumenta también la letalidad eventualmente por el aparecimiento de nuevas variedades del virus. Según el Ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires, de cada 10 personas que ingresan a terapia intensiva 6 mueren. Ello ha llevado al Gobierno de Alberto Fernández a aumentar las medidas de restricciones de la movilidad urbana y de las actividades permitidas; a intensificar la trazabilidad y el aislamiento; y a implementar un plan masivo de vacunaciones. Para ello ha desplegado un gran esfuerzo de adquisición de vacunas allí donde se hallen disponibles: Rusia, China, los Estados Unidos.
Como ha demostrado la experiencia mundial en países con sistemas políticos federales en los cuales las competencias en materia de salud pública están distribuidas entre los gobiernos federales y estaduales, la coordinación entre ellos es fundamental para implementar políticas sanitarias coherentes y eficaces. Allí donde ello no ha ocurrido, como en los Estados Unidos bajo la administración de Trump o en el Brasil de Bolsonaro, los resultados han sido desastrosos. No es una casualidad que ambos países encabecen el triste elenco de los que registran más muertes por coronavirus a nivel mundial.
En Argentina la coordinación entre el Gobierno Federal y los provinciales había sido hasta hace poco tiempo bastante fluida. Particular importancia tuvo el diálogo establecido entre el Presidente Fernández, el Jefe del Gobierno de Capital, Horacio Rodríguez Larreta, y el Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. En primer lugar, porque al constituir un mismo espacio urbano sujeto a dos administraciones diferentes, la coordinación permanente entre ellas en todo tipo de materias es un imperativo ineludible, que se acentúa cuando se trata de enfrentar una crisis sanitaria, económica y social de la magnitud de la presente. Además, políticamente tanto Rodríguez Larreta como Kicillof son dos figuras muy importantes en sus respectivas áreas. El primero acompañò al ex Presidente Macri, en la formación de su partido, Propuesta Republicana (PRO), con el que alcanzó la presidencia del país rompiendo casi treinta años de sucesivos gobiernos peronistas de distinto signo. Kicillof, por su parte, es uno de los más destacados representantes del peronismo kichnerista, muy cercano a Cristina, el ala más ortodoxa de la amplia coalición peronista que fue la base del triunfo y hoy día del Gobierno de la dupla Fernández- Kichner.
La foto de las tres autoridades acordando una política común para enfrentar la pandemia parecía ser una señal de que la “grieta” que ha dividido ásperamente a la sociedad política argentina entre el kirchenismo y sus enconados detractores de la derecha macrista, podría comenzar a suavizarse. La actitud dialogante de Rodríguez Larreta despertó resistencias y críticas en su sector, particularmente de la misma Presidenta del PRO, Patricia Bullrich que encabeza una irreductible y vociferante oposición al Gobierno.
El entendimiento se rompió a mediados de este mes cuando el Gobierno de la Capital se negó a acatar el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) firmado por el Presidente Fernández mediante el cual se suspenden las clases presenciales en las escuelas del AMBA por un periodo de quince días. Ello ha planteado una discusión sobre las competencias en materia sanitaria de ambos niveles de gobierno, que ha llevado el caso a la Corte Suprema, que en Argentina es la magistratura que dirime pleitos constitucionales, la que aún no se pronuncia. El quiebre se ha dado en medio de múltiples protestas en la Capital contra las medidas restrictivas impuestas por la administración nacional. Se reproduce la tendencia observada en varios países de América Latina en los cuales las dificultades del sistema político para alcanzar acuerdos para enfrentar crisis que son inéditas llevan a una judicialización de la política, donde los Tribunales que tienen jurisdicción constitucional adquieren una importancia decisiva para dirimir asuntos que normalmente serían resueltos en sede legislativa. Ello ha ocurrido reiteradamente en Brasil y recientemente también en Chile.
El recrudecimiento de los efectos de la pandemia ha llevado en los últimos días a una tendencia a morigerar las posiciones entre las autoridades confrontadas, sin que esté claro su desenlace. En todo caso la grieta persiste tozudamente.
En el escenario político el telón de fondo lo constituye las próximas elecciones parlamentarias de 14 noviembre de este año, en la que se renovará la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado. En ellas se medirá el juicio ciudadano sobre la conducción del Gobierno de Fernández en estos tiempos de crisis y el peso de la oposición, principalmente macrista. Sus resultados condicionarán, asimismo, las perspectivas de la sucesión presidencial de 2023.
El Gobierno espera confiado. Ha logrado mantener la unidad de la coalición peronista que lo llevo el poder, el Presidente marca cerca del 50% de aprobación en las encuestas, confía en que el peor momento de la crisis económica ha pasado. De hecho, todas las proyecciones, incluida la del FMI, señalan entre un 6 y un 7% de crecimiento para 2021. Pero las encuestas señalan también un alto porcentaje de rechazo a Fernández. En tiempos turbulentos los ánimos de la sociedad suelen ser volubles. Es temprano para aventurar un pronóstico.
Contenido publicado en La Mirada Semanal
