El 20 de marzo de 2020 se promulgó la ley que establece la paridad de género en el Proceso Constitucional, es decir, la aprobación por ambas Cámaras del Congreso Nacional de la paridad de género en el órgano constituyente. Chile se convirtió así en el primer país del mundo en garantizar la paridad en este tipo de proceso, lo cual es una gran oportunidad no solamente para la legitimidad y estabilidad de un nuevo pacto social, sino que como precedente para otros países.
El proceso constituyente es un espacio para el debate y toma de decisiones de forma equilibrada entre hombres y mujeres. El esfuerzo por alcanzar este nuevo escenario supone un avance hacia una nueva concepción de democracia más ciudadana y participativa, con nociones más amplias e inclusivas del significado de la representación. Así, la nueva Constitución nacida en democracia será escrita también con y por mujeres.
Una Constitución con perspectiva de género supone la igualdad de género como un valor fundamental y, por tanto, supone modificar aquellos marcos institucionales, económicos y sociales que subordinan a las mujeres a la limitación de su autonomía y a la marginación del quehacer nacional. Asimismo, deberá proporcionar un marco legal para proteger la vida, seguridad y dignidad de las mujeres. Esto comienza desdibujando los límites entre lo público y lo privado, enriqueciendo el carácter relacional de la vida en sociedad y los problemas que las afectan colectivamente.
La igualdad de género y la promoción de la participación de las mujeres también está relacionada con la buena gobernanza y la construcción de una paz y desarrollo sostenible, de modo que integrar el enfoque de género en la Constitución significa necesariamente trabajar con una perspectiva de interseccionalidad que recoja las diversas experiencias e identidades de las mujeres.
La situación de las mujeres y las niñas puede mejorar al reconocer, en primer lugar, la existencia de formas múltiples e interseccionales de discriminación y violencia. Se trata del reconocimiento y la titularidad del derecho a la igualdad de género, como principios orientadores de la Constitución y las leyes.
Por su parte, una agenda de política exterior con perspectiva feminista implica una reorientación normativa de la política exterior que se guía por un marco ético basado en los principios y normas internacionales que promueven la democracia, los derechos humanos, la inclusión, la cooperación al desarrollo y la resolución pacífica de controversias, con la igualdad entre todas las personas como norma activa.
Varios países ‒entre ellos Suecia, Canadá, Francia y, recientemente, México y España‒ están implementando una política exterior feminista; este enfoque ha ido instalándose en varias cancillerías y a nivel multilateral. La política exterior feminista es un marco de política multidimensional que eleva la participación y agencia, o experiencias de las comunidades marginadas, entre ellas centralmente las mujeres, como prioridad de agenda internacional, proporcionando análisis y capacidad de acción más amplio e integrado en las relaciones internacionales y en la cooperación internacional.
Es importante que el Estado de Chile posea una definición clara de qué se entenderá como “feminista” en la nueva política exterior, ya que aquellos Estados que cuentan con políticas exteriores feministas aplican enfoques y orientaciones diferentes. Entre ellos podemos encontrar el enfoque integral de Suecia y España, pasando por el sectorial de Canadá que se enfoca en la seguridad y la cooperación internacional para el desarrollo, y el institucional o funcionario de México.
Por lo tanto, proponemos que ‒además de la igualdad de género como eje central a nivel constitucional‒, Chile debe promover su compromiso con los principios, normas y reglas del sistema internacional, orientado a políticas cuyo objetivo ponga un fuerte acento en el desarrollo sostenible, sustentable, inclusivo, igualitario y representativo. La política exterior feminista es un marco político centrado en el bienestar de las personas, en el fomento de entornos protectores y empoderados libres de violencia de género e invoca procesos de reflexión y adaptación a los desafíos de las relaciones internacionales sobre los sistemas globales jerárquicos de la política exterior.
Una política exterior feminista debería basarse en un enfoque participativo por parte de la ciudadanía, concibiendo a las mujeres como agentes activas de cambio en los procesos de toma de decisiones. Para ello es fundamental promover la participación ciudadana a nivel regional y territorial. Esta es la única forma constructiva de diseñar sociedades seguras, pacíficas y sostenibles.
El principio de la igualdad de género debe materializarse en la evaluación de acuerdos internacionales futuros, en la estructura del Ministerio de Relaciones Exteriores y en la paridad en los cargos claves y procesos de toma de decisiones, y la protección de las mujeres contra la violencia de todo tipo, así como en una educación no-sexista.
También requerirá esfuerzos concertados para lograr la paridad de género a nivel transversal en el gobierno, particularmente en puestos de liderazgo y en todas las representaciones de Chile ante organizaciones internacionales.
Un enfoque feminista ayudará a desarrollar recomendaciones e implementar políticas viables para hacer la política exterior más accesible y democrática, capaz de contrarrestar los efectos negativos de los conflictos y crisis en los grupos más vulnerables de la sociedad.
