por José Miguel Insulza
Con las reuniones del BID y la CAF en Chile, se suscribieron las bases de una verdadera integración económica, de manera clara. Sólo las regiones integradas podrán participar en la construcción de un nuevo orden global.
La crisis que hoy vive el sistema internacional ha tomado a América Latina en las peores condiciones posibles. Tal como se pronosticó hace ya diez años, la región viviría un periodo de lento crecimiento relativamente extenso en la mayoría de los países, cuyo tiempo en superarlo estaría determinada por la salud forjada por sus economías en la década anterior y también por la fortaleza de sus regímenes democráticos. El pronóstico fue acertado, pero la magnitud de la crisis fue mayor, por la presencia de elementos externos de distinto orden: la pandemia de 2020 – 2021, el debilitamiento general del sistema económico internacional y el potente crecimiento del crimen organizado.
Fue también, como ha ocurrido, otras ocasiones en nuestra historia, una crisis regional, con un visible deterioro de algunas instituciones internacionales. La mayor parte de ellas subsistieron, especialmente en el plano económico (ALADI, Mercosur, Comunidad Andina) aunque su rol se viera parcialmente disminuido; también los organismos hemisféricos (BID, CAF y OEA) han seguido ejerciendo sus funciones, sin verse hasta ahora cuestionados.
La gran pérdida, en realidad, fue la Unasur, que era la única sudamericana que tenía una unidad, basada en un tratado, una sede permanente y un elenco de dirección. Pero tenía también una regla de unanimidad, que sería su tumba, cuando Nicolás Maduro se negó por años a aceptar las nominaciones de Secretario General que contaban con la aprobación de todos los demás países miembros
Pero el desmembramiento de la unidad sudamericana va más allá del fin de la Unasur. Obedece, de manera más general, a que no ha existido suficiente voluntad de los gobiernos de la región para acordar políticas comunes que permitan alguna acción conjunta; en realidad, ni siquiera se ha dado seguimiento a propuestas que se concretaron hace décadas y se mantienen inconclusas.
En un período en que ya no existen las fuerzas hegemónicas que caracterizaron la Guerra Fría, la acción conjunta de regiones puede permitirles asumir un rol más protagónico. Así, para volver acercar a los países de Sudamérica, a la espera de mayores acuerdos, son proyectos sobre problemas compartidos, en los cuales todos los países puedan actuar, sin necesidad de programas de mayor amplitud.
De ahí el interés con que seguimos las reuniones que sostuvieron en Chile la semana pasada de dos organismos regionales que parecen haber sorteado con el desorden de los últimos años: el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) realizó su Reunión Anual de Directorios, que no se celebraba en Chile desde 2001. También el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) que se ha extendió en las últimas décadas hasta cubrir toda la región, también realizó aquí su Reunión de Directorio. Casi todos los Ministros de Finanzas del Hemisferio estuvieron en Chile asistiendo a estos eventos. Y tal vez lo más notable es que, más allá de discursos generales, se trató de verdaderas reuniones de trabajo, que llevaron al BID hasta Punta Arenas, mientras la CAF realizaba un encuentro de Santiago, para lanzar, por vigésimo año, su Reporte de Economía y Desarrollo, cuyo propósito, en palabras de su Presidente Sergio Diaz-Granados, es “zanjar la brecha entre la investigación y la toma de decisiones en el ámbito político, para contribuir a la formulación de políticas basadas en evidencia”. La RED suscribió para ello un importante acuerdo con la Universidad de Chile, convocando a otras Universidades de la Región para participar en sus trabajos.
La Asamblea del BID y BIDInvest adoptó once acuerdos, todos ellos referentes al destino de fondos para promover el crecimiento, la protección del medio ambiente, la innovación y el alivio de la pobreza en América Latina y el Caribe. Entre ellos, llamó la atención el programa Conexión Sur, acordado en la misma Asamblea por once países y firmado durante la Asamblea, para desarrollar corredores bioceánicos para la integración física del continente, conectividad estratégica de países y mercados, y que apunta a enfrentar costos y atraer inversión. Lo más llamativo es que los países firmantes son Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Surinam y Uruguay, es decir once de los doce países de América del Sur (Venezuela no estaba presente) que fueron miembros de Unasur, que tienen importantes desacuerdos y que hacía años no se habían reunido así. Los ministros presentes o sus altos representantes suscribieron junto al presidente del BID, Ilan Goldfajn, una declaración de apoyo al nuevo programa, solicitado por países de América del Sur. En ella, “reconocieron la naturaleza transfronteriza de los desafíos que comparten y solicitaron al BID su apoyo para abordarlos, de forma conjunta, mediante un enfoque regional pragmático”.
La frase entre comillas es de la declaración y el programa incluye pilares de conectividad, carreteras, hidrovías y redes eléctricas y digitales; cadenas de valor regionales y globales para facilitar el comercio, mejorar la inserción en mercados y desarrollar la producción; y el fortalecimiento regulatorio e institucional, que incluye acuerdos comerciales, normativos e institucionales.
En suma, se suscribieron aquí las bases de una verdadera integración económica, de manera clara. Si el BID, y la CAF, los organismos subregionales y los países miembros están verdaderamente dispuestos a cumplir con el programa de Conexión Sur que le han dado a sus gobernadores en el BID, podrían al menos construir un mercado regional mucho más grande y capaz de competir en el mundo fragmentado en que nos encontramos, con reales posibilidades de éxito.
“A través de una mejor conectividad, cadenas de valor más sólidas y marcos institucionales modernizados, el programa ayudará a los países de América del Sur a superar barreras históricas y a generar nuevas oportunidades”, dijo el Presidente del BID. Y también podría conseguir que nuestros gobiernos acepten la realidad: que sólo las regiones integradas podrán participar en la construcción de un nuevo orden global.
