Por Antonia Urrejola
En estos días, Belém do Pará se convierte en el epicentro de la política climática
mundial. Por primera vez, la cumbre climática más importante del planeta se
desarrolla en el corazón de la Amazonía, el lugar de cuya conservación depende
parte importante de la estabilidad climática global. Pero esta decisión contiene una
paradoja: América Latina aporta apenas 4-5% de las emisiones globales de gases
de efecto invernadero, sin embargo es una de las regiones más vulnerables a los
efectos del caos climático. Entre 1998 y 2020, los eventos climáticos cobraron más
de 312.000 vidas en la región y afectaron a más de 277 millones de personas. La
urgencia es impostergable: 2025 será el segundo año más caliente registrado, y la
OMM advierte que será “virtualmente imposible” limitar el calentamiento a 1,5°C
sin sobrepasar temporalmente esa meta.
Pocos meses antes de esta cumbre, la Corte Interamericana de Derechos
Humanos emitió un pronunciamiento que cambia la forma en que entendemos las
obligaciones estatales frente al clima: la Opinión Consultiva 32. Respondiendo a la
solicitud de Chile y Colombia, la Corte reconoció por primera vez el derecho
humano a un clima sano como derecho autónomo. El proceso fue extraordinario:
más de 180 delegaciones, 262 observaciones escritas, audiencias públicas en
Manaos donde los pueblos indígenas advirtieron que “hoy estamos en riesgos de
ser extinguidos”. La Corte determinó que los Estados tienen obligaciones
concretas de prevención, mitigación, adaptación y reparación. Estableció que la
prohibición de causar daños ambientales irreversibles constituye la norma de ius
cogens, que no admite, por lo tanto, acuerdo en contrario.
Brasil busca convertir esta COP en la “cumbre de implementación”, poniendo fin a
compromisos incumplidos desde el Acuerdo de París. Los temas reflejan lo que la
CIDH exigió: transición energética justa, eliminación de combustibles fósiles,
nuevas Contribuciones Nacionales ambiciosas, financiamiento climático de 1,3
billones anuales. La Cepal advierte que sin estas inversiones, el PIB de países
latinoamericanos podría caer entre 9% y 12% para 2050.
La Opinión Consultiva y los objetivos de la COP30 convergen: los Estados no
pueden seguir abordando la crisis climática como buena voluntad. Se trata ahora
del cumplimiento de una obligación jurídica exigible no sólo a nivel nacional, sino a
nivel de instancias jurisdiccionales nacionales.
Para cumplir con esta obligación, América Latina debe exigir que el financiamiento
climático no esté basado en préstamos que agudicen la deuda, sino en
transferencias que reconozcan responsabilidades históricas diferenciadas. Los
recursos deben llegar a comunidades más afectadas -pueblos indígenas,
afrodescendientes, comunidades rurales y urbanas empobrecidas- que no pueden
ser solo objetos de políticas sino sujetos con voz y voto. Los ciudadanos observan
a sus representaciones en Belém y les exigen que cumplan con sus obligaciones
legales o asumir las consecuencias legales de su inacción.
