Por Álvaro Ramis
En los debates contemporáneos sobre Venezuela suele aparecer una vieja tentación: la idea de que cualquier salida al régimen de Nicolás Maduro —incluso una intervención extranjera— sería moralmente justificable si conduce a su derrocamiento. Sin embargo, una lectura atenta del pensamiento político clásico, en particular de Juan de Mariana (1536-1624) y la Escuela de Salamanca, obliga a una conclusión distinta: no toda caída de un tirano constituye un acto de justicia, y no toda transición equivale a liberación.
Juan de Mariana, en De rege et regis institutione, distingue con precisión entre el tirano de origen y el tirano en el ejercicio (tyrannus in exercitio). Maduro encaja razonablemente en esta segunda categoría. Accedió al poder bajo un marco de legitimidad formal en 2013, pero su gobierno fue derivando en la concentración arbitraria del poder, el vaciamiento de la legalidad, la persecución de la disidencia y el ataque sistemático a la propiedad y a las libertades civiles. Desde esta perspectiva, su permanencia en el poder es moralmente reprochable. Pero de ello no se sigue automáticamente que cualquier medio para removerlo sea legítimo.
Aquí radica el núcleo del problema. Para Mariana, la resistencia frente a la tiranía sólo es justa si está guiada por la intención recta, es decir, por la búsqueda exclusiva del bien común y la restauración de la libertad política. Cuando una potencia extranjera interviene no para devolver la soberanía al pueblo, sino para confiscar recursos estratégicos, condicionar la sucesión política y subordinar al país intervenido a sus propios intereses, la acción pierde toda pretensión de justicia. Ya no se trata de liberar a una comunidad oprimida, sino de reemplazar a un opresor por otro.
La apropiación de recursos nacionales por parte de un actor externo es particularmente grave desde esta óptica. En la tradición salmantina, la soberanía reside en la comunidad política, no en el gobernante ni en terceros. Confiscar bienes nacionales en nombre de una supuesta “intervención salvadora” equivale, en términos morales, a robarle al pueblo. El interventor deja de ser un liberador para convertirse en un nuevo tirano, o, en palabras más crudas, en un salteador de escala internacional.
A ello se suma la trampa de la falsa transición. Cambiar la cabeza del régimen, pero mantener intacto el aparato de dominación —esta vez bajo una sucesora funcional a intereses extranjeros— no constituye una superación de la tiranía. Mariana es claro: el tirano no se define por su nombre ni por su retórica, sino por sus actos. Si continúan los impuestos abusivos, la exclusión política, la violación de derechos y la ausencia de autodeterminación, la tiranía persiste, aunque se vista de “reconstrucción democrática”.
El resultado es una doble esclavitud. El pueblo venezolano dejaría atrás la opresión de una élite local para quedar sometido a la tutela de un poder externo que decide sobre sus recursos, su liderazgo político y su margen de autonomía. El mal que se pretendía corregir no sólo no desaparece, sino que se profundiza.
Desde el punto de vista jurídico-moral de Mariana, hay además un problema decisivo de legitimidad. La deposición de un tirano solo puede emanar del consenso de la nación: de sus asambleas, de una voluntad popular inequívoca, de un proceso que exprese a la comunidad política como sujeto. Una intervención ejecutada sin ese mandato no actúa en nombre del pueblo, sino al margen —o en contra— de él. Se trata, estrictamente, de un secuestro político, no de un acto de justicia.
Por eso, la prudencia jesuita de Juan de Mariana conduce a una conclusión severa: una intervención extranjera que combine saqueo de recursos y sucesión controlada es doblemente criminal. Criminal porque viola el derecho natural de propiedad de la nación, y criminal porque traiciona el fin último de toda resistencia legítima a la tiranía: la libertad. En vez de sanar el cuerpo político, lo somete a una forma más compleja y duradera de dominación.
En tiempos donde la geopolítica suele disfrazarse de moral, conviene recordar esta advertencia clásica. No todo lo que derriba a un tirano es emancipador. A veces, el remedio —cuando nace del interés y no del bien común— resulta ser un mal mayor que la enfermedad que dice combatir.
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