por Jaime Gazmuri
El 3 de junio, Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela, realizó una intensa
visita a India acompañada por una numerosa comitiva. Fue recibida por el presidente Narendra Modi con un amplio despliegue protocolar. Durante tres días, las conversaciones con el gobierno indio se centraronen temas energéticos, especialmente en el suministro regular de petróleo y en la ampliación de las inversiones indias en exploración y explotación en Venezuela. Actualmente, India es el segundo destino del petróleo venezolano, después de Estados Unidos. Su creciente demanda se ha visto afectada por el cierre del estrecho de Ormuz, lo que la obliga a diversificar sus fuentes de abastecimiento, entre ellasRusia. A ello se suma que India cuenta históricamente con capacidad para refinar el crudo pesado venezolano.
Un hecho inédito de la visita presidencial fue el «encuentro de cortes» que Delcy sostuvo en Nueva Delhi con Embajador de los EE. UU., para conversar según publicó en un mensaje sobre los avances «de la relación bilateral en beneficio de ambos países».
El episodio es un buen reflejo del grado en que los EE. UU. controla la política internacional y energética de Venezuela desde el secuestro de Maduro y el reconocimiento de facto al Gobierno de Delcy y de las principales figuras del régimen: su hermano Jorge y Diosdado Cabello, Ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, a cargo de las policías. El precio del reconocimiento es la subordinación del Gobierno en materias de política internacional, energética, económica y de seguridad.
En el caso de las exportaciones de petróleo los primeros objetivos fueron impedir las exportaciones a Cuba como parte de su política de bloqueo y asfixia económica a la isla y disminuir drásticamente las destinadas a China, que hasta 2025 concentraban entre el 50 y el 60% del total. Cesaron los envíos a Cuba y los destinados a China son mimos. El interés de Estados Unidos en las exportaciones venezolanas a India es disminuir su dependencia de Rusia, que ha sido planteada como una exigencia por el propio Trump a Modi.
Pero los EE. UU. no solo han condicionado el destino de las exportaciones petroleras, sino que también controla sus ingresos y sus destinos. Todos los pagos van a una cuenta especial abierta en el Departamento del Tesoro. El Gobierno de Venezuela debe presentar mensualmente un presupuesto detallado de necesidades y gastos. Una vez aprobado los recursos son transferidos al Banco Central de Venezuela. Se ha establecido, además, un sistema de auditoría externa para asegurar el cumplimiento del presupuesto aprobado.
Asimismo, ha sido notoria la presencia norteamericana en las áreas de la Defensa y la Seguridad. Desde el 3 de enero han visitado el país y se han reunido con sus más altas autoridades el Director de la CIA, el Jefe del Comando Sur de las Fuerzas Armadas y recientemente el Jefe del Estado Mayor Conjunto, General Dan Caine. Ambas partes han señalado que el propósito de tales encuentros es «fortalecer la cooperación en seguridad». El resultado más visible de tal cooperación fue anunciado personalmente por Trump: la del bombardeo del refugio y el asesinato de jefe de Tren de Aragua, el «Niño Guerrero» y sus acompañantes en el Estado de Bolivar. El jefe del Comando Sur expresa su agradecimiento «a las fuerzas de seguridad venezolana por su exitoso apoyo a la operación». Con posterioridad el Gobierno de Delcy emitió un comunicado refiriéndose a una operación combinada con «cooperación e intercambio de inteligencia de las EE. UU. que culminó con la muerte de Guerrero y la desarticulación de estructuras del crimen organizado tras varios enfrentamientos armados”.
El reciente 23 de mayo se realiza un operativo militar en la Embajada de los EE. UU. en Caracas que fue presentado como simulacro de evacuación y respuesta ante diversas emergencias que pudieran comprometer al personal diplomático y militar allí destinado. duro varias horas, durante las cuales dos aero planos sobrevolaron Caracas. Asistió al ejercicio el General Donovan, jefe del Comando Sur. Se informa que el ejercicio fue autorizado por el Gobierno.
Se va dando cumplimiento al plan del Gobierno de Trump que se inició con una presencia aeronaval sin precedentes en las Antillas, el bombardeo de decenas de embarcaciones que supuestamente transportaban `dólares y el asesinato de sus embarcaciones y que culminó con la intervención militar y el secuestro de Maduro desde su residencia en el recinto de Fuerte Tiuna en Caracas. Como lo expresó con claridad el Presidente Trump al anunciar el éxito de la operación, sus objetivos fundamentales eran el control del petróleo del país que tiene las mayores reservas registradas del mundo y eliminar la presencia y la influencia significativa de adversarios estratégicos. China en primer lugar, pero también Rusia e Irán. Como lo han manifestado varios personeros de la Casa Blanca el diseño político del plan recogía la experiencia de Iraq, donde la destrucción del Estado y de las fuerzas armadas y policiales del régimen Sadam Hussein generaron un largo periodo de violencia e ingobernabilidad lo que obligó al despliegue de fuerzas militares norteamericanas con todos los costos asociados. Aqui se trataba de dar un golpe ejemplarizador al secuestrar y encarcelar al Presidente, pero manteniendo, al menos provisionalmente, al régimen que es el único que en las actuales condiciones puede garantizar el orden público y el funcionamiento del país, elementos indispensables para el control y el despliegue de la industria petrolera. Además, la eliminación de la presencia de los adversarios realizada por personeros del Gobierno que los acogió y los conoce tiene también evidentes ventajas.
La sumisión de la Vicepresidenta Ejecutiva y la cúpula gobernante, según toda la información disponible, se logró con la utilización de un argumento contundente: o asumían gobernar bajo el mandato del Gobierno de Trump o correrían la misma suerte de Maduro. Todos resolvieron quedarse en sus puestos.
El Secretario de Estado Marcos Rubio ha señalado que el plan del Gobierno de Trump para Venezuela contempla tres fases: estabilización, recuperación económica y transición democrática. Se entiende que son sucesivas en el tiempo. Se estaría cumpliendo la primera e iniciando la segunda. Se entiende también que la tercera culminarìa en una elección con garantías democráticas para todos.
El Gobierno ha aceptado tácitamente este plan, enfatizando la normalización y las relaciones de cooperación establecidas con el Gobierno de los EEUU; llamando a la reconciliación nacional y la paz interna; y generando las condiciones para la recuperación de la industria petrolera mediante un fuerte impulso a la inversión extranjera, particularmente estadounidense, pero también europea e india inicialmente.
El Parlamento aprobó por unanimidad una nueva ley de hidrocarburos que en lo esencial garantiza la gestión privada de las empresas mixtas, les permite la exploración, explotación y venta mediante contratos directos con el Estado sin pasar por la mediación de la estatal PDVSA y disminuye la carga tributaria. Ya se ha iniciado el proceso de recuperación. La producción ha pasado de unos 900.000 barriles diarios en noviembre de 2025 a unos 1.250.000en mayo de ese año. En estos días se anuncia una importante inversión eléctrica por General Electric Vernova. Los pronósticos apuntan a un sostenido aumento de la producción. Completamente opaco ha sido, sin embargo, el monto de los mayores recursos que han sido transferidos al Gobierno y su destino. Desde enero no se observan mejoras significativas en la situación económica, salvo una leve baja en el ritmo de la devaluación del bolivar y de la inflación, por lo que las condiciones de vida de la mayoría de la población siguen siendo precarias y la calidad de los servicios públicos muy deteriorada.
Desde el punto de vista político se aprobó una ley de amnistía, que ha excluido a los disidentes pertenecientes a las fuerzas armadas y policiales, que ha liberado a la mayoría de los presos políticos y se ha permitido el ingreso de muchos de los dirigentes de exilio incluidos los del Partido Vente Venezuela, liderado por María Corina Machado. Las incipientes movilizaciones sociales, especialmente las promovidas por los organismos de Derechos Humanos, estudiantiles y de trabajadores disidentes han sido, hasta ahora, toleradas. Sin embargo, la estructura fundamental del régimen se mantiene incólume. Se han resuelto algunos cambios en el Gobierno que han afectado principalmente a figuras muy cercanas a Maduro y a su esposa, la diputada Cilia Flores, que han sido reemplazadas por personas del régimen con un perfil más bien técnico. Se han producido también cambios en la dirección de instituciones importantes como la Fiscalía General y la Defensoría del Pueblo, pero las nuevas autoridades son adictas al régimen. Se anuncia una renovación del máximo Tribunal de Justicia, pero nada indica que ello vaya a favorecer la independencia de la judicatura. El Gobierno no ha abierto ningún proceso de diálogo con la oposición, ni con la más radical encabezada por María Corina Machado, ni con la moderada que lideran el excandidato presidencial Henrique Capriles, hoy diputado, y el exgobernador de Zulia, Manuel Rosales, cuyo partido tiene una pequeña representación en la Asamblea Nacional.
Hasta hoy día el Gobierno de Delcy solo dialoga con Trump y Rubio, con las multinacionales del petróleo y la energía y con todas las organizaciones que representan al empresariado nacional.
Las oposiciones han vivido momentos de desconcierto. Su principal líder en varias ocasiones había respaldado la intervención estadounidense, para derribar al chavismo. Apoyó el secuestro de Maduro. Su expectativa era que Maduro fuera sustituido por Ed-mundo González, indiscutido triunfador en las elecciones presidenciales de 2024. La opción de Trump de privilegiar el entendimiento con Delcy y la cúpula madurista coloca a María Corina Machado en un evidente segundo plano. Pero al mismo tiempo es sin duda la figura política con más arrastre en el país y con seguridad jugará un rol de primera línea en el proceso de transición democrática. Ello la obliga a mantener abierto el diálogo con Rubio, así como a atender a sus consejos. Ello quizás explica que, a pesar de sucesivos anuncios, ella aún no ha resuelto hasta hoy día volver al país.
La oposición moderada enfrenta dilemas parecidos. La posición de relativo privilegio de que podrían gozar es tener una posición institucional, aunque muy minoritaria en la Asamblea Nacional, y constituir un puente para iniciar un diálogo político que conduzca a un acuerdo nacional para encaminar la transición no está hoy día en el horizonte de Delcy ni ha sido una exigencia de Rubio.
Lo mas sorprendente de la situación de Venezuela es el drástico giro de la cúpula del régimen de Maduro. Los mismos que dirigían un Gobierno cuyas señas de identidad era la intransigencia en el enfrentamiento al imperialismo norteamericano hoy día se vanaglorian del restablecimiento de la cooperación con el hasta ayer archienemigo. Aumenta la sorpresa que el giro se realice sin ninguna explicación, ni a sus bases, al país, a sus antiguos aliados y a la comunidad internacional. Surge la pregunta de qué ha sucedido entre las bases del movimiento político que encabezo Chavez y que tuvo en sus inicios un vasto apoyo popular.
Ha surgido después del 3 de Enero una sola voz crítica. Es la de Elías Jaua, estrecho colaborador de Chavez, que fue Vicepresidente, Ministro de varias carteras y que fue desplazado del poder en los inicios del Gobierno de Maduro. No rompió con el régimen y se refugió en una ONG: El Centro de Estudios de la Democracia Socialista. Desde allí ha sido duro crítico de la intervención norteamericana. Sin romper formalmente con Delcy ha denunciado la “ocupación militar, el tutelaje coercitivo y la administración semi colonial” que se ha impuesto. Ha llamado al Gobierno y al Estado venezolano a denunciar esta situación y a generar un gran movimiento para recuperar la soberanía del país. Habrá que esperar a la recuperación de espacios democráticos para saber la repercusión de estas voces en la sociedad.
Lo que se puede afirmar con algún grado de certeza es que Venezuela vive un nuevo periodo histórico caracterizado por la presencia incontrastable del poder de los Estados Unidos en la conducción del país, de un Gobierno sumiso, de un régimen político autoritario en el cual no existe un Estado de Derecho y de una sociedad civil desconcertada, descontenta con la actual situación y aún atemorizada. Cómo se recomponga en el próximo futuro la sociedad civil y política es una cuestión abierta y decisiva.
(*) Foto de entrada /Agencia EFE
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