“Construyamos, entonces, sociedades capaces de coexistir de manera justa, digna y por la vida”.
Las palabras de Berta Cáceres, reconocida líder indígena lenca, feminista y activista ambiental, conmueven aún más sabiendo que su vida fue arrebatada violentamente.
Además de la merecida condena mundial que ha recibido su asesinato, los Estados tienen la ineludible responsabilidad de comprometerse en forma urgente con los derechos humanos, el fortalecimiento de la democracia, el desarrollo sostenible y la defensa de quienes defienden el medio ambiente.
No sólo es Berta, son decenas de líderes sociales que representan la voz de jóvenes, pueblos ancestrales, comunidades y grupos sociales diversos, y Chile no es una excepción.
Las personas vivimos en sistemas en transformación, y cuando esa modificación además se acompaña de contaminación sistemática, segregación y pobreza, ausencia o débil gobernanza y hegemonía del poder, la brecha para alcanzar los derechos y justicia ambiental se hace inconmensurable.
Los 24 países de la región que suscribieron el Acuerdo de Escazú sobre acceso a la información, participación y justicia en asuntos ambientales, han dado un paso concreto en ese camino permitiendo la inminente entrada en vigor del primer tratado ambiental de Latinoamérica y el Caribe.
No se trata sólo de la firma de un tratado más; es la oportunidad de entrar como región hacia espacios de un nuevo trato social, con reglas claras para la participación abierta e inclusiva, sin miedos, sin sospechas. En escenarios de creciente conflictividad e incertidumbre en varios países de la región, cabe celebrar este tratado por sus inéditas modalidades de transparencia y participación.
En el 25ª aniversario de la Cumbre Mundial de Desarrollo Social que por primera vez abrió el espacio para la participación directa de las organizaciones de la sociedad civil, la negociación intergubernamental que dio a luz al Acuerdo de Escazú, fue de manera pionera en la región un proceso transmitido en vivo y en directo. Todo interesado tuvo la oportunidad de dialogar con los representantes de gobierno y realizar propuestas, generando una deliberación más profunda y la posibilidad de una rápida rendición de cuentas.
Incomprensiblemente, Chile, que había sido iniciador junto a Costa Rica, prefiere abandonar un proceso que le habría permitido demostrar un liderazgo y compromiso sostenido frente a todos los países de la región a través, entre otros, de la cooperación regional. Al decidir no avanzar hacia nuevas formas de comunicación, transparencia y justicia que exige el acuerdo, el gobierno se cierra a la posibilidad de perfeccionar la democracia representativa y fortalecer el principal deber del Estado que es resguardar el bien común.
En este marco las autoridades de Latinoamérica y el Caribe deben transitar hacia un nuevo escenario, estableciendo nuevas relaciones de poder, equilibrio y desarrollo socioambiental, mientras al mismo tiempo, las comunidades fortalecen sus formas de deliberación y procesos de gobernanza.
Bajo un contexto de pandemia, cuyos efectos golpean más fuertemente a aquellos en condiciones de vulnerabilidad, y con la imperiosa necesidad de una reactivación económica sostenible, el tratado es una herramienta concreta de cooperación y fortalecimiento de capacidades nacionales. Asimismo, al establecer estándares para los derechos de acceso se refuerza, como explicita el objetivo del tratado, el que ellos contribuyan a un medio ambiente sano y a un desarrollo sostenible.
A lo anterior, se suman principios tan relevantes como el de no regresión, de equidad intergeneracional e igualdad y no discriminación, que contribuyen a los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Chile debe sumarse y cumplir con tareas pendientes urgentes como es la aprobación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, que lleva 9 años de tramitación. El tratado permite reforzar experiencias positivas, corregir fallas y por ende mejorar los niveles de confianza. La inacción en materia ambiental y social va claramente a sumar costos políticos y económicos a una gestión pública ya compleja en la presente realidad.
Todo indica que los Estados parte de Escazú estarán en un mejor pie para enfrentar los complejos retos socio ambientales y económicos que enfrentan como comunidades nacionales y como miembros de la región latinoamericana.
Alejandra Figueroa, bióloga. Socia fundadora Corporación Capital Biodiversidad
Constance Nalegach, abogada. Consultora internacional en sustentabilidad
