Seguir haciendo periodismo independiente en Nicaragua es un acto de coraje y hasta de heroísmo. Porque la violencia desplegada por el Estado contra la prensa es física, jurídica y simbólica, como lo ha dicho el Relator para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Pedro Vaca.
El pasado 1 de marzo se celebró en Nicaragua el día nacional del periodista, en conmemoración de la más que centenaria actividad periodística en dicho país. Pero particularmente en estos días, más que la historia, resulta un imperativo ético honrar la labor que el periodismo independiente ejerce hoy en Nicaragua.
Tal como ya lo ha expresado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el periodismo cumple al menos dos funciones principales en una sociedad democrática: permitir la circulación de ideas diversas y con ello contribuir la libre formación de la opinión pública; y también someter a los poderes públicos y dirigentes a la crítica y al escrutinio. Por eso, es que cualquier proyecto político autoritario necesariamente se ve amenazado por el periodismo independiente.
Ello ha sido tristemente realidad en Nicaragua, especialmente en el contexto de la grave situación que el país enfrenta desde abril del 2018.
Ya en los inicios de las protestas de ese año, se recibieron testimonios de periodistas que ejercían en los medios de propiedad de los dos grandes conglomerados que ostentan la propiedad de la mayoría de ellos. Esos testimonios dieron cuenta de las instrucciones, por parte de ejecutivos y directivos de esos medios, atemorizados de la respuesta estatal, para no cubrir las protestas.
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Ya en la época del inicio de la crisis, la autoridad desplegó medidas de censura directa. Canal 12, uno de los pocos canales de televisión independiente en el país, fue eliminado de la parrilla de la televisión por cable. La señal de 100 % Noticias fue suspendida por casi seis días. El medio digital Confidencial fue bloqueado en internet en las horas de más alta lectoría, justo cuando difundía la lista de las 19 personas presumiblemente asesinadas por agentes estatales, como represalia a las protestas.
Por esos mismos días, Radio Darío, en León, fue impunemente incendiada y en Bluefields, en la Costa Atlántica, un periodista independiente que cubría las protestas, Ángel Gahona, fue asesinado de un disparo en la cabeza, sin que se sepa hasta hoy quién cometió dicho crimen.
Más adelante, a fines del 2018, la confiscación de las instalaciones en que funcionaba 100 % Noticias –en el contexto de la criminalización de su dueño y de su jefa de prensa, Miguel Mora y Lucía Pineda, beneficiarios de medidas cautelares de la CIDH–, mostró que el ejercicio de un periodismo crítico al Gobierno seguiría siendo severamente castigado.
La ocupación de las instalaciones del Confidencial y el intento de criminalización de su director, Carlos Fernando Chamorro –que también goza de medidas cautelares de la Comisión– fue un ataque a una de las voces más autorizadas del periodismo nicaragüense y centroamericano, entregando con ello un claro mansaje: como lo señaló explícitamente una alta autoridad estatal, las autoridades atacarían “con todo” a la prensa independiente.
Los mecanismos de censura indirecta, como el permanente asedio y vigilancia de periodistas y personas trabajadoras de medios de comunicación, que en algunos casos se ha traducido en detenciones y criminalización, pretendieron también silenciar a la prensa y provocaron que, al menos 90 de ellas y ellos, hayan tenido que huir a otros países, muchos para seguir informando sobre Nicaragua a través de medios digitales independientes.
Luego de un embargo aduanero que impidió su acceso a papel y tinta durante la primera mitad del 2019, dejaron de circular, en septiembre del mismo año, El Nuevo Diario y sus medios asociados, quedando La Prensa como el único periódico impreso independiente de alcance nacional en el país. Bajo excusas de tipo tributario, la autoridad mantiene embargados y amenaza con sacar a remate los bienes del Canal 12, único medio independiente de noticias por televisión abierta de alcance nacional
Recientemente, fueron aprobadas varias leyes cuyo contenido amenaza reprimir e inhibir las libertades públicas. Esa amenaza también se cierne sobre la prensa, la que ha sido casi explícitamente señalada en el artículo 30 de la Ley Especial de Ciberdelitos, que tipifica penalmente la propagación de noticias falsas a través de tecnologías de la información y de las comunicaciones, lo cual constituye un anuncio adelantado de criminalización de periodistas que expongan visiones críticas de la narrativa oficial.
Hasta hoy, continúan los ataques frontales a la prensa y en particular hemos sabido de al menos dos allanamientos, durante el mes de enero pasado, sin ninguna orden judicial y sin siquiera una explicación de los motivos, en el domicilio del periodista Aníbal Toruño, de Radio Darío. El domingo 28 de febrero, varios periodistas que cubrían un evento político en Nicaragua, fueron intimidados, amenazados, requisados y allanados por la policía. Una periodista incluso denunció tocaciones de tipo sexual en el contexto de este nuevo ultraje a la prensa nicaragüense.
En dicho contexto, la periodista chilena Mónica González, Premio Nacional de Periodismo 2019 y miembro del Consejo Rector de la Fundación Gabriel García Márquez para el Nuevo Periodismo Iberoamericano, ha hecho saber a la prensa nicaragüense el apoyo y el saludo de unos 500 periodistas alrededor del mundo
Y es que seguir haciendo periodismo independiente en Nicaragua es un acto de coraje y hasta de heroísmo. Porque la violencia desplegada por el Estado contra la prensa es física, jurídica y simbólica, como lo ha dicho el Relator para la Libertad de Expresión de la CIDH, Pedro Vaca.
Pero el ejercicio del periodismo independiente no es sólo un acto de coraje, también es un acto de justicia. La prensa independiente, registrando y difundiendo hechos y opiniones diversas, en el contexto del grave deterioro de las instituciones democráticas, en medio del intento oficial de perpetuar la impunidad, en medio de la intensificación de la represión, es un insumo irreemplazable en el monumental trabajo de documentación que el propio pueblo de Nicaragua, su sociedad civil, está desarrollando. La CIDH, a través de su Mecanismo Especial de Seguimiento (MESENI) y en el ejercicio de su mandato convencional, está involucrada también en ese proceso.
Entonces, el periodismo independiente nicaragüense está también haciendo historia, en el sentido más intenso que esta palabra tiene, en ese que después de tantos desgarros en nuestro continente, el derecho internacional llama memoria, verdad y justicia. Esa historia que no dejará a ninguna de las víctimas sin ser nombrada, esa historia que no dejará ningún reclamo por justicia silenciado.
El periodismo independiente construye entonces memoria, la porfiada memoria que, como los periodistas y trabajadores de medios en Nicaragua, se resiste a la censura, al silencio y se sobrepone a los ataques. Esa memoria constituye la base de la democracia y la justicia que todas y todos deseamos y que, más temprano que tarde, llegará a nuestra querida Nicaragua.
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