Por Jaime Gazmuri
El recién pasado 26 marzo la Primera Sala del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil acordó, por la unanimidad de sus cinco ministros integrantes, aceptar la denuncia del Fiscal General de la República contra el ex Presidente Jair Bolsonaro y otros siete acusados por graves delitos contra el orden Constitucional, quedando todos en condición de reos en el proceso penal. Relator de la causa será el Ministro Alexander de Moraes. Este, como Presidente del Supremo Tribunal Electoral jugó un papel muy destacado en la defensa del sistema electoral, universalmente valorado por su transparencia y confiabilidad, frente a las acusaciones nunca fundamentadas del entonces Presidente y candidato a la reelección, de la posibilidad de un fraude.
Entre los declarados reos figuran destacadas figuras de las Fuerzas Armadas que tuvieron mando o formaron parte del Gobierno de Bolsonaro. Los principales son el Almirante Almir Garnier Santos, ex Comandante de la Marina, el General Walter Braga, ex Ministro de Defensa y candidato a Vicepresidente en la última elección y el General Augusto Heleno, que fue Comandante del Ejército y un ministro muy influyente políticamente.
Tuvo un papel muy destacado en la investigación que condujo la Fiscalía, el Teniente Coronel Mauro Cid, Comandante de Campo del entonces Presidente. Detenido en mayo de 2023 acusado de la falsificación del certificado de vacunación contra el Covid de Bolsonaro y su esposa entre varios presuntos delitos cometidos en Palacio, se acogió posteriormente a la figura de la delación compensada y aportó numerosa evidencia en la investigación
La Fiscalía acusa a Bolsonaro de tres delitos principales: intento de abolición violenta del Estado Democrático de Derecho, intento de Golpe de Estado contra el Gobierno constitucional y organización criminal armada. Se le acusa, asimismo de incitar a la insurrección mediante discursos que cuestionaban la legitimidad del proceso electoral y socavaban la legitimidad de las instituciones democráticas. Delitos todos con altas penalidades, que podrán llegar hasta 40 años de cárcel.
Un juicio de esta naturaleza es absolutamente inédito en toda la historia del Brasil. Como en muchos países de América Latina los golpes de estado han sido un acompañante habitual de su devenir histórico. Pero nunca sus mentores y perpetradores tuvieron que enfrentar la justicia, ni responder por sus responsabilidades en la destrucción del orden constitucional y republicano.
La decisión del Tribunal Supremo Federal de dar comienzo al juicio da cuenta de la solidez de la democracia brasileña. La circunstancia de que el proyecto de golpe haya sido abortado principalmente por la negativa del Comandante del Ejército a acompañar la conspiración es también alentadora.
El desenlace del juicio iniciado el 26 de marzo tendrá en efecto muy importante en el futuro político e institucional del país. Si los delitos se comprueban y los culpables son sancionados, se producirá un proceso de reordenamiento en la derecha, en la que el liderazgo de Bolsonaro aún tiene un peso considerable. También deberá tener un efecto en las Fuerzas Armadas. Si bien estas no acompañaron finalmente la intentona golpista, la participación en ella del Comandante de una de las tres armas y de connotados generales del ejército generan preocupaciones sobre la solidez de su compromiso con el Estado Democrático de Derecho.
Lo que ocurra finalmente en el juicio contra Bolsonaro tiene una cierta dimensión internacional. Vivimos una época en la que surgen liderazgos de una nueva derecha iliberal, autoritaria y populista que concitan el apoyo de ciudadanías descontentas y temerosas, y que cuando llegan al poder por el camino electoral vacían a las democracias de sus contenidos esenciales. Hoy día Trump es el caso más prominente y peligroso de esta estirpe. El hecho de que un liderazgo de este tipo sufra una derrota en la tercera democracia del mundo por el número de ciudadanos que la habitan será alentador.
La reacción de Bolsonaro y su entorno frente a las acusaciones de la Fiscala ha sido la de negar o minimizar los hechos acusando al sistema judicial de llevar adelante un juicio político cuya finalidad es impedirle acceder a la presidencia en 2026. Sin embargo, ha hecho declaraciones que varios analistas califican de auto inculpatorias. En el periódico Datafollha señaló que se “reunió dos veces con los comandantes militares y otras personas. Nada con mucha profundidad. Porque cuando usted pierde una elección queda como pez fuera del agua”. En esas reuniones se habrían discutido distintas alternativas para impedir el acceso de Lula a la presidencia, “que después olvidé” agrega.
Las convocatorias de calle para respaldar al ex Presidente han sido mucho menos concurridas de lo esperado por sus patrocinados. En Río de Janeiro, bastión histórico del Bolsonarismo se congregaron unas 60.000 personas, muy lejos de las 500 mil esperadas.
Encuestas consideradas serias señalan que una mayoría de la población considera que Bolsonaro debe ser juzgado, ya sea preso (52%) o en libertad (17%). Sin embargo, un importante 27% de partidario de que sea amnistiado.
Todo está en manos de las cinco Ministros del STF cuyo fallo será inapelable
Fuente: LaNuevaMirada.cl
