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Colaboración entre policías chilena y venezolana contra el Tren de Aragua marca deshielo de la relación Santiago – Caracas

Por Andrés Almeida y Lun Lee

Publicado en: Interferencia

El presidente venezolano Nicolás Maduro anunció una «operación de búsqueda» de fugitivos pertenecientes a la banda, con la cooperación de Colombia, Ecuador, Perú y Chile. Ante eso, el embajador chileno en Caracas, Jaime Gazmuri, confirmó a Interferencia la intensificación de las relaciones entre las policías y las autoridades de ambos países.  

El presidente venezolano Nicolás Maduro anunció por la televisión estatal, en su programa semanal, Con Maduro +, que Venezuela iniciará una «operación de búsqueda, persecución y captura” de los miembros del Tren de Aragua que escaparon de la cárcel de Tocorón, en la intervención de la semana pasada, y que dicho plan cuenta con la coordinación de los gobiernos de Colombia, Ecuador, Perú y Chile. Algo que fue informado en Chile por Radio Bío Bío.

Conocido el antecedente, Interferencia contactó a Jaime Gazmuri (PS) -el embajador chileno en Caracas-, quien confirmó que existe una reciente aproximación entre las policías y las autoridades de seguridad chilenas y venezolanas, como para dar cuerpo al anuncio de Maduro. 

Cabe mencionar que Gazmuri asumió en dicha delegación diplomática en mayo pasado, en circunstancias en que Chile no había nombrado embajador en Venezuela desde 2014, habiendo sido Pedro Felipe Ramírez el último embajador, cargo que desempeñó hasta 2017, en el segundo gobierno de Michele Bachelet (PS).

«Estamos muy activos en materia de colaboración entre las policías de Chile y Venezuela», reconoció Gazmuri, quien asegura que antes de esto «no había una relación regular, permanente, establecida. Estamos estableciendo todos los mecanismos de coordinación en los máximos niveles».

Según Gazmuri, «estamos desarrollando agenda con Venezuela, y el tema de la colaboración policial es de interés mutuo». El hecho se enmarca en la meta diplomática de la actual delegación chilena de «plena normalización» de las relaciones bilaterales, siendo una de las prioridades -justamente-, abordar los «temas migratorios y policiales». Esto, según el embajador, en especial después del golpe que el gobierno venezolano dio al Tren de Aragua la semana pasada, con el allanamiento de Tocorón, en el estado de Aragua, donde participaron 11.000 policías venezolanos para retomar el control de la cárcel.

Por otra parte, según indagó Interferencia con fuentes civiles gubernamentales en seguridadla colaboración internacional en la materia es uno de los ejes que el gobierno de Gabriel Boric está aceitando, con el propósito de enfrentar el avance del crimen organizado en Chile y América Latina. En ese sentido, estas fuentes aseguran que hay avances significativos con Bolivia, y que las conversaciones con Venezuela «están comenzando», justamente, de la mano del embajador Gazmuri. 

Asimismo, indican las mismas fuentes de seguridad, que en dicha colaboración se planea avanzar en compartir bases de datos con información de los antecedentes de los delincuentes, lo que conlleva la creación de perfiles biométricos que faciliten su identificación en cualquier país en que se encuentren. Esos dos puntos, serían los esenciales para avanzar en conjunto con el gobierno venezolano. 

De Cúcuta a Aragua

Desde 2017, y en especial luego de la asunción al mando de Sebastián Piñera en 2018, en su segundo mandato, la relación entre Santiago y Caracas se volvió tensa y en muchos punto crítica. En particular por la participación chilena en el Grupo de Lima, que respaldó sin miramientos la intervención liderada por los Estados Unidos de Donald Trump. El punto más álgido de estos eventos fueron los sucesos de Cúcuta -en la frontera colombo-venezolana- de febrero de 2019, donde asistió Piñera, en conjunto con los presidentes Iván Duque (Colombia) y Mario Abdó (Paraguay), en conjunto con Luis Almagro, el secretario general de la OEA, y Juan Guaidó, quien se autoproclamó como presidente encargado de Venezuela, con el propósito de hacer llegar ayuda humanitaria principalmente estadounidense, no solicitada y destinada a desestabilizar a las fuerzas armadas venezolanas.

En esos momentos, Venezuela atravesaba una crisis política, social y económica, que llevó -entre otras cosas- a producir una crisis migratoria con 7,7 millones de venezolanos refugiados fuera de Venezuela, muchos de los cuales fueron a parar a los países del Grupo de Lima que amparó la desestabilización del régimen de Maduro. Esto es, la Colombia de Duque, el Perú de Martín Vizcarra, el Ecuador de Lenin Moreno, el Brasil de Jair Bolsonaro, y el Chile de Piñera.

La crisis también produjo un reblandecimiento de la capacidad estatal venezolana para controlar grupos de crimen organizado, lo que llevó a la proliferación y prosperidad de varias bandas, siendo el Tren de Aragua la más tristemente célebre, la cual aprovechó la crisis migratoria para internacionalizarse.     

Con la llegada de Gabriel Boric -quien es crítico de la Venezuela de Maduro, por violaciones a los derechos humanos-, las cosas no cambiaron mucho al principio, pues durante más de un año el nuevo presidente chileno no nombró embajador en Caracas, con lo que seguía el hielo diplomático, cuyo punto más alto fue el reconocimiento por parte de Chile -bajo Piñera- de Guaraquena Gutiérrez, como embajadora del supuesto gobierno de Guaidó, ficción que se mantuvo hasta 2020.

Cabe recordar que durante el estallido social, Piñera intentó distribuir información falsa a través de El Mercurio La Tercera, acusando a los regímenes de Venezuela y Cuba de los eventos de entonces, sin que haya ningún antecedente hasta ahora de que eso sea cierto, pese a lo cual, Piñera hasta el día de hoy insiste, en círculos privados, de que se trata de un dato veraz, pues está convencido de que el estallido social fue en gran medida una respuesta de Maduro en venganza por los sucesos de Cúcuta y posteriores.

Entre 2017 y 2023, la delegación diplomática chilena en Caracas estuvo dirigida por distintos encargados de negocios, hasta la llegada de Gazmuri, un embajador político, a cargo del deshielo de las relaciones chileno-venezolanas.

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