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El Foro Permanente de Política Exterior llama a detenerla escalada de violencia en Israel y Palestina y a respetar los derechos del pueblo palestino

El Foro Permanente de Política Exterior (FPPE) se suma al clamor universal por detener la escalada de violencia que se ha desencadenado tanto en Israel como en los territorios palestinos ocupados, la peor desde 2014, y condena la muerte de civiles inocentes. La amenaza del Gobierno de Netanyahu de responder incluso con la invasión de la franja de Gaza a los ataques de misiles que Hamas ha lanzado a territorio israelí en respuesta a las acciones represivas de Israel, además de ser totalmente desproporcionada, está provocando una nueva crisis humanitaria. Ésta sólo agravará el abismo de rencor y odio que separa crecientemente a dos pueblos llamados a convivir en paz y armonía en los territorios que la historia les ha destinado a compartir. La comunidad internacional debe exigir al Gobierno israelí y a Hamas a aceptar el cese del fuego en Gaza, única manera de evitar la profundización de la crisis, y de retomar el camino señalado por el derecho internacional.

El origen y los responsables de la actual agudización del conflicto entre el Estado de Israel y el pueblo palestino son bien conocidos. Es la provocación que significó la violenta represión de las fuerzas de seguridad israelíes en Jerusalén a los jóvenes que protestaban contra la expulsión de familias palestinas  y la destrucción de sus casas en el barrio palestino de Sheikh Jarrash, en el marco de un plan de judaización (¨santificación¨) de la ciudad, además de la invasión a lugares sagrados de culto durante la celebración de Ramadán. De allí surgió una indignada ola de protestas, y una brutal respuesta represiva, no solo en los territorios ocupados, causando la muerte de civiles incluyendo niños; también se han producido agresiones hacia ciudadanos israelíes tanto judíos como de origen árabe en todo el país. A éstas se han sumado las agresiones de civiles extremistas judíos a las comunidades palestinas.

El propósito de alterar la composición étnica de Jerusalén árabe no es un hecho aislado. Es parte del plan del Gobierno de Benjamín Netanyahu de promover la colonización de los territorios palestinos ocupados, de restringir aún más el poder limitado de la Autoridad Palestina en Cisjordania y, finalmente, de impedir el establecimiento de un Estado Palestino soberano y libre, que conviva pacíficamente con Israel. 

Tal plan es contrario al mandato de Naciones Unidas y al compromiso formal de Israel y de la Organización por la Liberación de Palestina (OLP), desde los acuerdos de Oslo en 1993 suscritos entre Isaac Rabin y Yaser Arafat, y que se origina tan atrás como 1948 cuando Naciones Unidas acordó el mandato de dos Estados.

Por décadas el Estado de Israel ha actuado al margen del derecho internacional y no ha cumplido ninguna de las numerosas resoluciones de Naciones Unidas, tanto respecto de la cuestión palestina como de las frecuentes y graves violaciones a los derechos humanos de dicho pueblo. Entre éstas, vale la pena mencionar la resolución 242 del Consejo de Seguridad de 1967 que exigió el retiro de las Fuerzas Armadas israelíes de los territorios ocupados en la Guerra de los Seis Días de ese mismo año; la resolución 51/223 de 1997 que instó a no construir asentamientos en los territorios árabes ocupados, y especialmente en Jerusalén, reiterada en 1999. Muy importante es la más reciente resolución 2334 de 2016 que exige poner un alto definitivo a la política israelí de asentamientos ilegales en territorio palestino, aprobada por el Consejo de Seguridad con el voto de Estados Unidos. 

En este marco cabe resaltar que, a pesar del rol histórico de Estados Unidos como aliado de Israel, han surgido importantes voces  muy críticas en el congreso norteamericano  como la del Senador Bernie Sanders “exigiendo un cese del fuego y a las actividades provocadoras e ilegales de Israel” y señalando que no es conforme a la ley que la ayuda externa de Estados Unidos, en este caso de apoyo militar, conduzca a violaciones de los derechos humanos.

La aguda crisis actual no será atenuada si el Gobierno de Israel no suspende inmediatamente la amenaza de expulsión de familias desde barrios palestinos y el plan de demolición de 20.000 casas palestinas en Jerusalén, según la organización pacifista israelí “Peace Now”, y se compromete a detener los asentamientos en los territorios ocupados. Ello, en seguimiento del derecho internacional humanitario y las resoluciones de Naciones Unidas relativas a la prohibición de medidas que tienen por objeto alterar la composición demográfica, el carácter y el estatuto del Territorio Palestino ocupado desde 1967, incluida Jerusalén Oriental. También es preciso señalar, que el lanzamiento de misiles desde Gaza dirigidos por Hamas a población civil en Israel no hace más que exacerbar la escalada de violencia. 

El Foro Permanente de Política Exterior urge a la comunidad internacional para que exija al Gobierno de Israel a retomar el camino del diálogo con la Autoridad Palestina para el establecimiento de dos Estados capaces de convivir con seguridad, paz y armonía. Particular responsabilidad tienen los Estados miembros del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que deben superar la histórica tendencia a tomar partido, exigiendo un cese inmediato de las hostilidades. Además de marcar la necesidad de evitar el aumento en el número de víctimas y una mayor destrucción, el Foro expresa su esperanza que esta grave crisis no derive en implicaciones mayores para la región y el mundo.

Finalmente, el Foro Permanente de Política Exterior expresa su plena solidaridad con el pueblo palestino y su legítimo derecho a construir un Estado soberano en el que sus ciudadanos y los ciudadanos de Israel puedan convivir en sus zonas de paz y seguridad compartida. 

Foro Permanente de Política Exterior

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