La crisis que remece a Bolsonaro por el descontrolado coronavirus se agudiza por su confrontación con el alto mando de las fuerzas armadas, un soporte esencial de su gobierno que hoy bambolea con la renuncia de ministros uniformados y los comandantes en jefe del Ejército, Armada y Aviación. El resurgimiento de Lula, liberado de una ofensiva judicial que se hace trizas, completa un nuevo escenario en el gigante del Continente
Una decisión tomada por el decano del Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin, en solitario, fue capaz de provocar un cambio radical en el escenario político del mayor país de América Latina, que a pesar la actual crisis posee una de las diez economías más grandes del planeta.
El 8 de marzo Fachin anuló los tres procesos en los cuales el expresidente Lula había sido condenado en la operación llamada Lavajato conducida por el entonces juez federal de Curitiba Sergio Moro y un amplio equipo investigador conducido supuestamente por la Procuraduría del Estado de Paraná. Una condena en segunda instancia lo llevó incluso a sufrir 580 días de prisión. La razón de la anulación es que la jurisdicción de Moro no tenía competencia en estos procesos, porque no estaban vinculados a los desvíos de dinero de Petrobras que es lo que Moro debería haber investigado. Por lo tanto, los procesos fueron derivados a la justicia del Distrito Federal donde deberán comenzar desde cero. La decisión del ministro Fachin deberá ser refrendada en abril por el pleno del Tribunal de 11 miembros, pero prácticamente nadie duda que así lo hará.
Pocos días después, el 23 de marzo la segunda sala del STF resolvió, en votación dividida, suspender a Sergio Moro de su condición de miembro del Poder Judicial por haber llevado con evidente parcialidad los procesos en los que condenó a Lula. Para ello, dicha sala se valió de la abundante evidencia dada a conocer por un medio periodístico de investigación digital, en la que se comprobaba la complicidad entre el juez y el procurador del caso contraviniendo expresamente la ley, la intención declarada de impedir la postulación de Lula a la elección presidencial de 2018 y las relaciones indebidas con la prensa.
El Presidente de dicha sala, Gilmar Mendes, ha sido particularmente duro respecto de la conducta del juez, acusándolo de una “colusión espuria con la prensa” y de que no se pueden “investigar delitos, cometiendo delitos”. El Tribunal abrirá un proceso sobre la conducta de Moro. La defensa de Lula ha solicitado una sanción ejemplificadora.
Lula ha recuperado sus derechos políticos, quedando habilitado para postular a la presidencia del país en la elección del próximo año y recuperando un liderazgo nacional indiscutido. Ha reivindicado la inocencia que ha reclamado desde el inicio de los procesos y reiterado su acusación de que Moro encabezó una conspiración apoyada por la derecha, los principales medios de comunicación y poderosas organizaciones empresariales para impedirle competir -y eventualmente vencer- en la elección de 2018. Ello abrió paso al triunfo de Bolsonaro, principal responsable de la crisis sanitaria que abruma al país y de desencadenar las profundas divisiones que vive la sociedad brasileña.
Es útil recordar que el Tribunal que cerrò definitivamente la posibilidad de la elección de Lula al rechazar, en una estrecha votación de seis a cinco votos, un último recurso de su defensa tiene casi idéntica composición al que ahora le devuelve sus derechos y desacredita completamente la investigación y los fallos del juez Moro. Como también que la víspera de aquel fallo hubo una insólita declaración pública del Comandante el Ejército, General Vilas Boas, conminando al STF a fallar en contra del ex Presidente. Con ello se rompió la tradición de más de treinta años de prescindencia de la Fuerzas Armadas de la política contingente, que habían mantenido desde el retorno a la plena democracia en 1989. Desde entonces las instituciones armadas, y en particular el Ejército, han ocupado un lugar de primer plano en la escena política nacional, como ha ocurrido en muchos momentos históricos desde que, el mismo ejército provocó la caída del Imperio y el avenimiento de la República a fines del siglo XIX.
Sorprende la resiliencia del liderazgo de Lula. Sometido a una persistente y avasalladora campaña de desprestigio, acusado de graves cargos de corrupción no comprobados, excluido de la vida pública, aparece como el político nacional con mayor apoyo ciudadano. Las últimas encuestas indican que, de realizarse ahora la contienda presidencial, vencería hoy día a Bolsonaro, en primera y en segunda vuelta.
En sus primeras apariciones públicas Lula ha reivindicado la razón que le asistió en el largo proceso llevado en su contra y ha sido durísimo en la crítica a Bolsonaro y su Gobierno, particularmente, en su manejo de la pandemia, que tiene a Brasil con las mayores tasas de mortalidad del mundo: “este país no tiene Gobierno, no tiene Ministro de Salud, no tiene Ministro de Economía y por ello está empobrecido. Es un país desgobernado”. Añadiendo que no es el momento de anunciar candidaturas presidenciales, por lo que dedicará su tiempo y energía a colaborar en el enfrenamiento de la pandemia.
Ya ha tomado iniciativas en ese plano proponiendo a varios presidentes convocar a la G20 para una respuesta global a la crisis sanitaria y económica, escribiendo a Xi Jinping para fortalecer la cooperación con ese país. Ha anunciado que una vez recibida segunda la vacuna iniciará un recorrido por todo el país para conversar con dirigentes políticos, sociales, culturales y religiosos sobre la necesidad de unir esfuerzos para enfrentar la crisis.
Esta posición tiene su fundamento en que hoy día existe un enfrentamiento entre el Gobierno Federal y la mayoría de los Gobiernos estaduales respecto de la política sanitaria. Bolsonaro ha encabezado en el mundo las actitudes negacionistas frente a la pandemia. Comenzó señalando que los efectos del coronavirus eran los de una “gripecita”, que el uso de mascarillas era asunto de homosexuales, recomendando el uso de cloroquina en vez de preparar campañas de vacunación, fomentando encuentros masivos y así por delante. Aunque ha ido retrocediendo en sus posturas más extremas, aún hoy día realiza una férrea oposición a las cuarentenas y los toques de queda que se han decretado en varios Estados.
Ello ha significado que unos 22 Gobernadores (de un total de 27) hayan establecido una coordinación permanente para gestionar la pandemia con otros criterios y enfrentar al Gobierno de la Unión. Dado su carácter de Estado Federal en la gestión sanitaria el papel de los estados y municipios es muy importante.
La presidenta del Partido de los Trabajadores (PT), Senadora Gleisi Hoffman, ha explicitado su estrategia. Su objetivo hoy día es construir la más amplia unidad política para enfrentar la crisis, que incluya gobernadores y alcaldes de todos los signos políticos, organizaciones de la sociedad civil, empresarios, iglesias y mundo de la cultura. Ya vendrá el tiempo de las alianzas políticas y electorales. Da por descontado que Lula será candidato: “obviamente es el candidato del PT, de Brasil, del pueblo”.
Casi simultáneamente con este sustantivo cambio en el escenario político se produjo una crisis en la relación entre el Presidente y los altos mandos de la Fuerzas Armadas. El diario La Folha de Sao Paulo la calificó como la más grave desde 1977. Ese año se produjo una colisión entre el Ministro de Defensa, General Frota, y el Presidente Geissel. El motivo de la disputa fue la fuerte oposición de un sector de Ejército al programa de Geissel de iniciar un lento y “seguro” proceso de transición a la democracia. Se temió por la estabilidad del Gobierno, pero finalmente Frota fue dimitido.
La actual se desató el 30 de marzo cuanto Bolsonaro dimitió a seis ministros, entre ellos al de Defensa, General Fernando Azevedo e Silva. Como sucede en estos episodios las causas no son del todo transparentes. Pero todos los analistas coinciden en dos: la reticencia de Azevedo a un alineamiento explícito de las Fuerzas Armadas con el Gobierno de Bolsonaro, a pesar del gran nùmero de oficiales activos y de la reserva que cumplen funciones en el Gobierno Federal, y discrepancias con la política sanitaria de Bolsonaro. Estas se hicieron explicitas con las declaraciones del General Paulo Sergio de Oliveira, encargado del área de sanidad del Ejército, que valoró el éxito de la política seguida por la institución, que incluye el uso de mascarilla, el estricto cumplimento de la distancia social y otras, lo que ha significado que el índice de infectados en un universo de 700.000 personas es de 0.13%, lo que se compara favorablemente con la cifra nacional que alcanza el 2.5%. Se dice que Azevedo se habría negado a la petición de Bolsonaro de demitir al general. A ello se agregó el gesto del Comandante del Ejército de saludar al Presidente con el codo cuando este pretendió abrazarlo en una ceremonia militar. Pero la crisis no se desató por el cambio de un ministro, sino por la inmediata renuncia de los Comandantes en Jefe del Ejército, la Marina y la Aviación. Es un episodio completamente inédito que no puede sino interpretarse como un gesto de solidaridad con el Ministro dimitido y de desafección con el Presidente. Se ha nombrado Ministro de Defensa, a Walter Braga Neto, que ocupaba el Ministerio de la Casa Civil -el equivalente a un Jefe de Gabinete-perteneciente al círculo de generales en retiro que han constituido el núcleo militar del Gobierno. Al escribir estas líneas aún no se han designado a los nuevos Comandantes, lo que será un proceso complejo. Bolsonaro ha extremado sus presiones por convertir a las fuerzas armadas en una suerte de guardia pretoriana que lo acompañe en su propósito de mantenerse en el poder a toda costa. Seguramente confía en que su figura es popular en las filas de las instituciones armadas y policiales, particularmente en los grados inferiores y la suboficialidad. Un juego peligroso, que amenaza la estabilidad democrática del país.
Contenido publicado en La Mirada Semanal
