Por Jose Miguel Insulza
El asesinato del candidato presidencial ecuatoriano Fernando Villavicencio ha tenido un enorme impacto en su país y en América Latina. No es, por cierto, el primer homicidio político en Ecuador, que conoció en su historia el linchamiento del más popular de sus lideres, Eloy Alfaro y más recientemente, en 1981, la muerte nunca completamente aclarada del presidente Jaime Roldós en un accidente de aviación. La violencia política que ha acompañado la historia común de América Latina también ha dejado su huella en la historia ecuatoriana.
Pero este homicidio ha puesto de relieve el nivel que ha alcanzado en Ecuador la violencia criminal, y especialmente la acción del crimen organizado, que no reconoce ningún límite para imponer su voluntad. Los últimos años han presenciado un aumento de la violencia desde las calles hasta las cárceles, con decenas de víctimas, que han llevado a muchos a definir la situación como la crisis de seguridad pública más grave de la historia del país.
La virulencia del proceso político en la última década, unido a la grave penetración del crimen organizado en el país, hacía posible que, tarde o temprano, el narco y la política se encontraran. Villavicencio no era el favorito en las encuestas, pero había enfrentado de modo desafiante al narcotráfico; su asesinato por sicarios, cuando estaba rodeado de guardias y a plena luz del día podría ser la respuesta del crimen organizado, cada vez más poderoso en el país, como una advertencia de sus jefes en contra de cualquiera que los provoque. La presentación pública de sicarios colombianos sugiere esa explicación; pero hay cabos sueltos, como la muerte en la balacera del único sicario ecuatoriano identificado o la razón por la cual la víctima no estaba en un coche blindado, cuando la policía le había advertido del peligro que corría. Los hechos tardarán mucho en aclararse y serán objeto de rumores y acusaciones que deterioraran aún más el clima político de Ecuador, cuyo proceso institucional en los últimos años ha estado marcado por la tensión y la polarización.
La virulencia del proceso político en la última década, unido a la grave penetración del crimen organizado en el país, hacía posible que, tarde o temprano, el narco y la política se encontraran.
El asesinato se produce en la culminación de una campaña electoral, puesta en marcha por la decisión del Presidente Guillermo Lasso de usar un recurso que le proporciona la Constitución para evitar un procedimiento de destitución en su contra, motivado por acusaciones de corrupción que involucrarían a él y a miembros de su familia. A horas de vencer su plazo para hacerlo, Lasso decretó el mecanismo denominado Muerte Cruzada, que pone fin anticipado a su mandato y disuelve el Congreso, llamando así a nuevas elecciones. La ventaja es que el presidente permanece en su cargo mientras hay elecciones, pero gobierna por decreto, sin el Congreso. El expresidente Rafael Correa ya había utilizado alguna vez este mecanismo, lo cual hacía casi imposible que ahora su validez fuera negada. Lasso anunció además que no postularía al cargo, lanzando así de inmediato una nueva carrera presidencial con nuevos postulantes y en medio de una caótica situación, que no ha conseguido enderezar en este periodo, a pesar de estar dotado de plenos poderes.
Antes de referirnos a la elección, es importante comprender como en el espacio de una década y media, Ecuador se transformó, de un país relativamente pacifico en una nación casi ingobernable, una “plataforma logística” para el crimen organizado, como la denomina el diario El País. Desde luego la ubicación geográfica, inserta entre Colombia y Perú, ambos grandes productores de droga, parece favorecer ese rol. Pero además está el hecho de que, aun teniendo Perú y Colombia una frontera común, el territorio ecuatoriano es mucho más amigable al tráfico de drogas y al tráfico humano que el inhóspito y poco poblado territorio amazónico entre los dos vecinos.
El flujo migratorio desde Venezuela y Colombia es incesante en Ecuador y con él, como sabemos por nuestra experiencia propia, junto a la migración vienen las bandas de la droga, el trafico humano y la extorsión. Su presencia ha dado lugar a una campaña que, según la prensa del país, es la más violenta de que se tenga memoria, con dos asesinatos consumados de candidatos al Congreso y algunos intentos frustrados.
La aspereza del debate electoral se explica, sin embargo, por la historia reciente. La ruptura radical entre el expresidente Rafael Correa y su vicepresidente y sucesor, Lenin Moreno, destruyó la alianza política que había gobernado el Ecuador desde el 2007. El decenio de Correa (2007 a 2017) tuvo una hegemonía política clara y una claridad programática, más modernizadora que revolucionaria. Rafael Correa gobernó ese período sin contrapesos y fue probablemente el carácter personalista de ese gobierno lo que terminó por debilitarlo. Es difícil determinar cuales fueron las diferencias políticas entre Correa y Moreno; Correa fue electo en 2006 y gobernó tres años hasta la dictación de la nueva Constitución, mediante la cual fue elegido por un periodo de cuatro años en 2009 y luego reelegido en 2013. Más allá de su carácter calificado de autoritario, gobernó sin contrapesos por más de diez años y la interpretación de su propia Constitución le impidió volver a postular. Lo sucedió su vicepresidente, Lenin Moreno quien gobernó entre 2017 y 2021. Poco a poco los dos exaliados se fueron separando, como lo mostraban las crecientes criticas de Correa a su sucesor, a quien acusaba de haber renegado de los 10 años en que gobernaron ambos. La ruptura llevó a Correa a exiliarse en Bélgica y se hizo total con prisión del vicepresidente Jorge Glas, el hombre de confianza de Correa en el gobierno de Moreno.
Como dato anecdótico podemos agregar que ambos presidentes han sido acusados de peculado en distintos periodos posteriores a su mandato y residen en el exterior. Correa tiene asilo político en Bélgica y Moreno es funcionario internacional en Paraguay; sin que se hayan hecho mayores esfuerzos por obtener su extradición.
Como dato anecdótico podemos agregar que ambos presidentes han sido acusados de peculado en distintos periodos posteriores a su mandato y residen en el exterior. Correa tiene asilo político en Bélgica y Moreno es funcionario internacional en Paraguay; sin que se hayan hecho mayores esfuerzos por obtener su extradición.
Es evidente que el peso que ha tenido Rafael Correa en la política ecuatoriana desde 2006 (cuando asumió como ministro de Economía y Finanzas) se mantiene hasta hoy. Luisa González, candidata del partido Revolución Ciudadana, formado por Correa en 2018 lideraba las encuestas hasta el asesinato de Villavicencio (dado que la elección es el Domingo 20 de Agosto ya no se pueden difundir encuestas), con un 26,23%. González ha negado cualquier intención de indultar a Correa, pero es obvio que lo hace para no ser identificada con él, para evitar que, en caso de segunda vuelta, se produzca la misma coalición anticorreista que permitió la elección de Lasso.
Es evidente que el peso que ha tenido Rafael Correa en la política ecuatoriana desde 2006 (cuando asumió como ministro de Economía y Finanzas) se mantiene hasta hoy. Luisa González, candidata del partido Revolución Ciudadana, formado por Correa en 2018 lideraba las encuestas hasta el asesinato de Villavicencio (dado que la elección es el Domingo 20 de Agosto ya no se pueden difundir encuestas), con un 26,23%. González ha negado cualquier intención de indultar a Correa, pero es obvio que lo hace para no ser identificada con él, para evitar que, en caso de segunda vuelta, se produzca la misma coalición anticorreista que permitió la elección de Lasso.
Los candidatos Otto Sonnenholzner, ex vicepresidente de Moreno, después de la salida de Jorge Glas; quien obtuvo el 13,88%; Yaku Pérez, candidato del Movimiento Pachakuti en la elección anterior, con el 11,17%; y Villavicencio, con el 8,72%. Pérez lidera el Movimiento Indígena Ecologista Pachakutic que prefirió apoyar a Lasso en la segunda vuelta de la elección anterior, para evitar la victoria de Andrés Arauz, candidato de Correa.
Hasta el fatídico día del asesinato de Villavicencio, el tono del debate era fuerte y conflictivo, pero aún se podía esperar una elección normal. Había ocho candidatos y las encuestas mostraban una ventaja importante de la candidata del correísmo, que doblaba en preferencias a sus sucesores, convirtiendo la elección, nuevamente, en un duelo de correistas y anticorreistas. Extraña paradoja que, en medio del caos de la violencia, el único cambio en las opciones desde la elección anterior fuera la ausencia de un candidato competitivo de la derecha, lo cual se explica por el fracaso total del gobierno de Lasso.
Extraña paradoja que, en medio del caos de la violencia, el único cambio en las opciones desde la elección anterior fuera la ausencia de un candidato competitivo de la derecha, lo cual se explica por el fracaso total del gobierno de Lasso.
El horror del 9 de Agosto, visto en televisión por todo Ecuador, puede producir un cambio, que no se puede predecir ahora. Villavicencio estaba cuarto o quinto en las encuestas, pero su reemplazante Christian Zurita, podría concitar el voto de indignación por el crimen y mejorar al menos para alcanzar segunda vuelta. La opción obvia era Andrea González, candidata a vicepresidenta, pero la decisión de postularla fue revocada por temor a alguna eventual objeción del Consejo Electoral. Es claro que la Alianza Gente Buena ve la posibilidad de acceder a segunda vuelta y apoyarse allí en el anti – correísmo, como lo hará cualquiera que obtenga ese espacio.
Entretanto el debate presidencial del Domingo pasado (con siete candidatos y un asiento vacío) fue la consagración del tema de la violencia en sus diversas formas: mayores castigos, cárceles, más recursos para la fuerza pública y servicios de inteligencia. Y el resultado de este tema único es impredecible.
