Felipe Ramírez, periodista y miembro del Foro Permanente de Política Exterior
Este 31 de agosto, el Embajador libanés en Alemania, Mustafa Adib, se transformó en el nuevo Primer Ministro luego de recibir el apoyo de 90 parlamentarios de un total de 120, tras la renuncia de Hassan Diab a su cargo, junto al resto del gobierno, a consecuencias de las críticas y protestas por la violenta explosión que afectó al puerto de Beirut a inicios de agosto.
En un país con un sistema político históricamente marcado por la distribución sectaria de los cargos políticos entre las distintas confesiones religiosas, el equilibrio de poder entre cristianos maronitas, musulmanes sunís y chiíes, se encuentra en la base de numerosos enfrentamientos a lo largo de la centenaria historia del país, por lo que la formación del gobierno constituye un gran desafío.
En ese escenario, la explosión que a principios de agosto asoló la capital, forzó a los partidos a buscar mecanismos que permitieran destrabar la situación, de manera de impulsar las reformas exigidas por diversos actores internacionales para entregar ayuda al país, especialmente el presidente francés Emmanuel Macron.
La elección de Adib, con el respaldo de partidos políticos de diferentes sectores políticos -desde el Movimiento Futuro del suní Saad Hariri a las organizaciones chiíes Hezbolá y Amal, y sus aliados cristianos del Movimiento Patriótico Libre, que respaldan al presidente Michel Aoun- busca no sólo calmar las protestas desatadas durante el mes, sino superar la profunda crisis política que afecta al país desde hace años y que, al menos desde octubre de 2019, ha generado una constante agitación política, con numerosos incidentes de tinte sectario.
Hay que recordar que el dramático suceso del 4 de agosto destruyó una infraestructura portuaria clave para El Líbano, que depende de sus importaciones; también inutilizó buena parte de las reservas de granos del país, junto con generar masivos daños en cientos de casas y edificios de la ciudad. Por lo tanto, la ayuda internacional será clave para poder reconstruir las instalaciones y aliviar la situación de heridos y damnificados.
Pero en las últimas semanas la crisis libanesa también se expresó en el empeoramiento de la situación económica, ya al límite, en un aumento de enfrentamientos sectarios protagonizados por grupos salafistas en el marco de la conmemoración del Día de la Ashura y el martirio del Imam Hussein, y en numerosos incidentes fronterizos con Israel en el sur, incluyendo bombardeos a aldeas del país árabe.
Las tensiones fronterizas se relacionan con el papel que hasta el día de hoy Hezbolá cumple en la política libanesa, tanto como partido integrante de la actual coalición de gobierno; como milicia armada con proyección regional, actuando como una autodefinida resistencia ante Israel; y también como apoyo al gobierno sirio en la guerra civil que afecta hace años a ese país. Precisamente la última discusión en Naciones Unidas sobre la modificación de las condiciones del despliegue del destacamento de la UNIFIL, encargado de monitorear el cese de hostilidades entre las fuerzas libanesas e Israel, bajo presiones de EE.UU, giraba en torno al objetivo de que las tropas de la ONU pudieran acceder a zonas hasta hoy vetadas, y desarmar las milicias del partido encabezado por Hassan Nasralá.
La anunciada visita de Macron al país y la elección de Mustafa Adib con un apoyo transversal -el principal opositor hasta el momento sería la extrema derecha de las “Fuerzas Libanesas” de Samir Geagea- al cargo de Primer Ministro, abren un nuevo escenario para las reformas. El mismo Nasralá, en un discurso transmitido el 30 de agosto, reiteró la disposición de su partido a participar en las negociaciones de un nuevo orden político para el país, una postura ya expresada por Hezbolá en 2012, y sancionada en sus documentos fundacionales a mediados de los años 80.
Queda por ver si esta nueva coyuntura logra aunar las voluntades necesarias para desmantelar la red de intereses económicos y políticos que sostiene al sistema sectario en el país, con privilegios y beneficios millonarios que han alimentado la corrupción y debilidad del Estado libanés.
