El Foro Permanente de Política Exterior (FPPE), consciente del delicado momento que atraviesa la institucionalidad democrática de nuestra región, expresa su inquietud ante el incierto escenario que abre el comportamiento de gobiernos que transgreden las bases elementales del sistema democrático y del respeto a los derechos humanos.
El brutal deterioro de las condiciones socio económicas de los países más vulnerables de nuestro continente, puestas al desnudo y profundizadas por la pandemia, se han convertido en elemento de presión contra los gobiernos que, frente a este desafío, en muchos casos, no han sabido responder a las exigencias de las mayorías populares y han caído en conductas autoritarias e irrespetado los derechos humanos de sus gobernados.
En este complejo contexto, el Foro Permanente de Política Exterior expresa su total coincidencia con la declaración de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la ex Presidenta Michelle Bachelet, en la que manifiesta alarma por el número creciente de denuncias de hostigamiento y acoso por parte de las más altas autoridades de algunos países de América Latina y el Caribe, contra quienes expresan de manera activa su rechazo a las condiciones imperantes.
Esto se ha hecho evidente con ocasión de las movilizaciones sociales que han tenido lugar, y aún se desarrollan, en diversos países de la región, frente a las cuales las autoridades optan por utilizar mecanismos que socavan y deslegitiman el trabajo de instituciones nacionales y líderes sociales que defienden los derechos fundamentales.
La sociedad civil organizada en diversos países de la región ha expresado fuertes críticas a sus autoridades gubernamentales por el deficiente manejo de la pandemia, y ha sumado un profundo descontento ante la falta de estrategias económicas, sociales, sanitarias y políticas que impiden a la población cumplir con medidas de confinamiento y otras restricciones impuestas por la crisis sanitaria.
Un dramático momento político, con estas características, se ha escenificado en Colombia, frente al cual este Foro hace suyo el llamado a la calma formulado por la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU a las autoridades del gobierno de ese país. En su exhorto, la ONU pide al gobierno del Presidente Ivan Duque que garantice el respeto al ejercicio de reunión pacífica, luego de la violencia ejercida por agentes de seguridad, desde el pasado 28 de abril, contra miles de personas que han protestado en las calles de Bogotá, Cali y otras ciudades, en oposición a un proyecto de reforma tributaria anunciado por el gobierno de ese país.
Estos incidentes que deben ser debidamente investigados, han arrojado como resultado la muerte de más de cuarenta manifestantes, cientos de personas heridas y detenidas y un número considerable de desaparecidos, lo que en opinión de este Foro constituyen hechos atentatorios contra los derechos humanos y la libertad de expresión y manifestación, de los que deben gozar los ciudadanos del mundo.
Los violentos hechos comentados no hacen más que demostrar la fragilidad política de Colombia que vivió un difícil y prolongado proceso de paz después de décadas de violencia, cuyas cicatrices y secuelas aún están presentes en esa sociedad. Dicha realidad obliga a sus autoridades e instituciones a mantener un compromiso cada vez más robusto con la justicia social, la solución pacífica de los conflictos, la verdad y la gobernabilidad democrática.
En este difícil cuadro regional, el FPPE ya expresó su preocupación frente al grave atentado a la institucionalidad democrática en El Salvador luego que la Asamblea Legislativa destituyera, sin respetar normas ni debido proceso, a los magistrados de la Sala de Lo Constitucional y al Fiscal General de la Nación.
Nicaragua, Guatemala, Honduras y México son naciones hermanas que también atraviesan momentos difíciles que ponen al desnudo la fragilidad de la institucionalidad democrática regional y el respeto a los derechos humanos.
En este contexto, el casi total desmembramiento de las instituciones de diálogo político de la región, en especial en América del Sur, se vuelve una preocupación adicional ya que deja a los países latinoamericanos sin la posibilidad de recurrir a instancias globales como los Mecanismos de Protección a la Democracia con que los países de la región dotaron a instrumentos como CELAC, UNASUR, la Alianza del Pacífico, la Comunidad Andina de Naciones, MERCOSUR y otros.
Sobre esta situación, se llama la atención sobre el hecho de que han sido los propios gobiernos de los países donde se han evidenciado violaciones a los derechos fundamentales de las personas y vulneraciones a la democracia, los que han propiciado el debilitamiento de instituciones regionales comprometidas con la defensa de la democracia y el estado de derecho.
El Foro Permanente de Política Exterior, junto con comprometerse en las tareas de reforzamiento de nuestra institucionalidad regional, hace un llamado a la sociedad civil organizada, así como los gobiernos latinoamericanos y organismos regiones, a través de sus mecanismos de mediación pacífica, para que asuman roles protagónicos en ese desafío, y a mantener la proactividad en defensa de la democracia, el fortalecimiento de la institucionalidad y respeto al derecho de las personas a expresar sus opiniones y manifestarse de manera pacífica y libremente en todos y cada uno de los países de América Latina y el Caribe.
Foro Permanente de Política Exterior
