Por Edgardo Riveros
La comunidad internacional debe ser sensible a lo que ocurre en este país sudamericano, cuyos nacionales migran masivamente ante la realidad política, social y económica que los afecta. Bien ha hecho el gobierno de Chile, encabezado por el presidente Boric, en denunciar la situación que se vive en V
Frente a las elecciones fijadas para el 28 de julio Nicolás Maduro, actual controlador del poder presidencial de Venezuela, expresó una frase reveladora: que ganaría dichas elecciones “por las buenas o por las malas”.
En un proceso electoral democrático “por las buenas” significa, entre otros aspectos, que la ciudadanía se pronuncia con plena libertad para optar entre quienes plantean diversas alternativas, sin impedimentos que obstaculicen presentar las distintas opciones para garantizar una auténtica competencia, con pleno respeto a los derechos humanos y sin persecución a los disidentes de quien detenta el poder, con instituciones electorales que garanticen objetividad e independencia para llevar a cabo el proceso de pronunciamiento ciudadano y el resultado que éste arroje, así como con observación internacional competente e independiente.
Al contrario, “por las malas” conlleva no cumplir estas exigencias y, por tanto, quien está en el poder busca mantenerlo a toda costa, utilizando para ello un concentrado control de las instituciones del país, propio de las dictaduras. La conducta de Maduro y su gobierno, hasta ahora, ha elegido este camino, repitiendo lo efectuado en 2018. En efecto, persigue a la disidencia, encarcelando a miembros de ésta; impide la inscripción de cualquier candidata o candidato que pueda efectivamente competirle en las elecciones próximas, lo último a este respecto fue impedir la inscripción de la candidatura de la destacada académica Corina Yoris; expulsa a la oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, reiterando la posición de impedir la protección internacional de éstos, que llevó al gobierno venezolano a retirarse en 2012 de la Convención Americana de Derechos Humanos (Pacto de San José), de 1969.
La comunidad internacional debe ser sensible a lo que ocurre en este país sudamericano, cuyos nacionales migran masivamente ante la realidad política, social y económica que los afecta. Bien ha hecho el gobierno de Chile, encabezado por el presidente Boric, en denunciar la situación que se vive en Venezuela.
Importante también es que gobernantes como el presidente Lula Da Silva de Brasil y Gustavo Petro de Colombia hayan manifestado su fundada preocupación y rechazo ante la conducta de Maduro y su gobierno. De esta forma, se refuerza la transversalidad con que deben defenderse los valores democráticos, más allá de la posición ideológica que dicen poseer quienes los violan.
