Por Jaime Gazmuri Mujica // Contenido publicado en La Mirada Semanal
Cuando asumió la presidencia el 10 de diciembre del año pasado Alberto Fernández sabía que su gobierno debería enfrentar una situación económica y social más que difícil. Argentina estaba en plena recesión y con crecimiento negativo. Durante los últimos dos años del periodo de Mauricio Macri la deuda pública había aumentado exponencialmente subiendo del 57 al 90% del PIB, incluyendo un préstamo extraordinario del Fondo Monetario Internacional de 52 mil millones de dólares, que no había contribuido a estabilizar la crisis fiscal, ni a detener la inflación.
Para Argentina, que aún tiene uno de los ingresos per cápita más altos de la región esta es una situación desgarradora.
Existía la perspectiva cierta de que el país no pudiera solventar el pago de la deuda externa, ni los compromisos con el FMI, cayendo en default y eliminando toda posibilidad de recurrir al sistema financiero internacional. Desde el punto de vista social el año cerró con un índice de pobreza del 35.5% y un 8% de indigencia, algo superior al promedio de América Latina. Para Argentina, que aún tiene uno de los ingresos per cápita más altos de la región esta es una situación desgarradora.
Una de las prioridades que se impuso el gobierno recién asumido fue el intento de renegociar la impagable deuda externa. Encargado de la difícil tarea ha estado el flamante ministro Martín Guzmán, un prestigioso economista con una relación personal y profesional muy cercana con John Sitglitz, Premio Nobel de Economía el año 2000. El proceso de renegociación contó con el claro respaldo de Cristalina Georgieva, Directora Gerenta del FMI. Contra los pronósticos de la oposición, la gran prensa y una parte del empresariado, la renegociación fue un éxito y se logró un acuerdo con más del 90% de los acreedores externos. Se acordó una quita del total de la deuda, que significará una disminución de unos 37 mil millones de dólares en el próximo decenio y se logró rebajar la tasa de los bonos emitidos por el Estado del 7 al 3.07%. Todo ello fue de alivio a una situación complicada y permite tener abiertos canales de financiamiento a futuro. Queda pendiente una nueva negociación con el FMI que comienza esta semana por la deuda contraída en la administración anterior. El propósito del gobierno es que no se le impongan exigencias de manejo fiscal que impidan mantener los programas de apoyo a los sectores más vulnerables y las indispensables medidas para impulsar la reactivación de la economía.
Todo ello fue de alivio a una situación complicada y permite tener abiertos canales de financiamiento a futuro.
Para enfrentar estas negociaciones con el mayor respaldo posible el gobierno convocó el lunes 5 de octubre a un pacto social tripartito, que incluye a las principales centrales sindicales y gremios empresariales, de manera de concordar una política de reactivación económica y negociación salarial.
Si la herencia era pesada, los efectos de la crisis provocada por la pandemia del coronavirus son dramáticos. Una vez desatada, el gobierno priorizó la salud pública. Se realizaron cuarentenas estrictas, especialmente en el Gran Buenos Aires, se articuló una política de amplios acuerdos en materia sanitaria con gobernadores e intendentes -alcaldes- de todos los colores políticos y se evitó el colapso de los sistemas de salud manteniendo índices iniciales positivos en materia de contagios y de mortalidad. Todo ello significó un apoyo muy considerable en la opinión pública tanto al mandatario como a su gobierno, que llegaron a registrar más del 70% de apoyo en los primeros meses.
Si la herencia era pesada, los efectos de la crisis provocada por la pandemia del coronavirus son dramáticos.
Con todo, la pandemia está lejos de controlarse, extendiéndose crecientemente a las provincias del interior. La encuesta de Instituto Nacional de Estadísticas y Censos para el primer semestre registra un aumento de la pobreza hasta el 40.9 y de la indigencia del 10.5%, las cifras más altas de la historia reciente. El pronóstico económico es que este año se produciría un crecimiento negativo del 10%, con su secuela de aumento de la cesantía. El gobierno ha reaccionado entregando subsidios directos a cerca de 9 millones de personas e implementando un vasto programa de comedores populares. Se estima que un cuarto de la población está siendo alimentada por el Estado.
la pandemia está lejos de controlarse, extendiéndose crecientemente a las provincias del interior.
Se estima que un cuarto de la población está siendo alimentada por el Estado.
El cuadro económico- social, al que se suma una política de dura confrontación de una parte de la oposición, ha significado una disminución en la aprobación, tanto del presidente Fernández como del gobierno. Las últimas encuestas indican un nivel de aprobación entre el 50 y el 57%, bastante menor que a comienzos de año, pero aún mayor que el apoyo del 48% con el que ganó la elección de noviembre pasado.
La oposición, agrupada en Juntos por el Cambio, que alcanzó con Macri el 40% de apoyo electoral en la elección presidencial, se encuentra profundamente dividida. Un sector, cuyas principales figuras son Horacio Rodríguez Larreta, jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, y María Eugenia Vidal, ex gobernadora de la Provincia de Buenos Aires, ha mantenido una postura crítica pero abierta al diálogo con el gobierno. Ello ha sido especialmente notorio en el entendimiento que se ha producido entre Rodríguez Larreta, el nuevo gobernador de la Provincia, Axel Kicilloff, y el propio mandatario, para convenir una política sanitaria común, indispensable para combatir la pandemia en el Gran Buenos Aires. La misma tónica se ha dado en la relación entre el gobierno nacional y la mayoría de los gobernadores de los partidos de Juntos por el Cambio. Una conducta completamente distinta han tenido el expresidente Macri, Patricia Bullrich y otras figuras opositoras, quienes han asumido una línea de dura confrontación, centrando su crítica en la política de confinamiento y en la ofensiva que imputan al gobierno por intervenir en el Poder Judicial. Han amparado ruidosas manifestaciones en Buenos Aires y otras ciudades desafiando las cuarentenas oficiales y escalado en una retórica que amenaza al gobierno con perder las condiciones para terminar su mandato. Una estrategia que no parece muy racional, ya que la actual administración mantiene una sólida base de apoyo y, pese a la profundidad de la crisis, no se advierte ningún peligro para la estabilidad institucional. Algunos analistas sugieren que puede ser una táctica para evitar la dispersión de la oposición y mantener el liderazgo de Macri, quien pese a tener un rechazo superior al 60% mantiene una aprobación de por lo menos un tercio de la opinión publica.
Una estrategia que no parece muy racional, ya que la actual administración mantiene una sólida base de apoyo y, pese a la profundidad de la crisis, no se advierte ningún peligro para la estabilidad institucional.
La próxima contienda electoral será en octubre de 2021 cuando se renueve parcialmente el Congreso, un horizonte aún muy lejano en el incierto escenario económico y social, pero al ya que apuntan todos los protagonistas.
Un tema recurrente de la prensa y de la oposición es la relación entre el Presidente y su Vice, Cristina Fernández. El subtexto es que sería ella quien manda. Es evidente que, en el Frente de Todos, que hoy día agrupa prácticamente a todo el peronismo, el peso de Cristina es muy fuerte. Sin su apoyo, Alberto Fernández no habría llegado a la presidencia, pero sin él seguramente la unidad del peronismo no habría sido posible y el triunfo incierto. Hasta hoy día no existe ninguna evidencia de diferencias importantes entre ambos, así como que quien conduzca el gobierno no sea el primer mandatario. Tampoco se advierten grietas significativas en el Frente de Todos en el Congreso, donde conviven peronistas de diversas sensibilidades. Una buena muestra de ello es la fluida relación que han establecido el Presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, que compitió con el candidato presidencial del kirchnerismo en 2015, y el jefe de la bancada, el diputado Máximo Kirchner, supuestamente del sector más duro del movimiento. Solo el tiempo confirmará la solidez de estos entendimientos.
Sin su apoyo, Alberto Fernández no habría llegado a la presidencia, pero sin él seguramente la unidad del peronismo no habría sido posible y el triunfo incierto.
Solo el tiempo confirmará la solidez de estos entendimientos.