Por Gloria de la Fuente
Niños haitianos en Batuco (Chile), en noviembre de 2021.John Moore (Getty Images)
Cada uno de los niños que se presume extraviados debe aparecer. Es un deber del Estado garantizarlo. Cada cual, desde su púlpito, debiera utilizar las herramientas que tiene para hacer exigible la rendición de cuentas.
La existencia de dudas respecto al paradero de los niños haitianos que habrían arribado a Chile bajo la figura de reunificación familiar en los últimos años, debe ser motivo de preocupación de todos y por supuesto, merecen ser aclaradas. Un país que tiene un vasto marco jurídico nacional y obligaciones internacionales contraídas de protección a la infancia, no puede hacer otra cosa. En efecto, Chile posee un marco jurídico interno que se inspira en el derecho internacional, como nuestra ley de refugio (2010) y la ley de migración y extranjería (2021), que incorpora expresamente la protección de los derechos humanos y de la niñez, entre ellos, la no criminalización de la migración y en particular, la no imposición de sanciones a niños. Así también, nuestras leyes además de proteger la infancia, en el caso de la ley de garantías de la niñez, contemplan agravantes relevantes cuando, tratándose de tráfico de personas, este incluya a menores. De este modo, no podemos hacer otra cosa que aplicar las disposiciones de la normativa, ser leales a nuestros compromisos internacionales y poner el foco en lo importante, que es responder la pregunta fundamental: ¿dónde están estos niños?
No obstante, y más allá de este consenso nacional respecto a la gravedad de que se extravíe tan solo un menor de edad, especialmente cuando se trata de infancia vulnerada, de perseguir las responsabilidades administrativas y penales, si es que las hubiese, vale la pena también preguntarnos y hacernos también una autocrítica por la estatura moral con la que nuestra sociedad, los medios de comunicación y el mundo político en general – con las siempre honrosas excepciones- han enfrentado este debate, con más estridencia que efectividad y soslayando, en muchas circunstancias, que si existen las instituciones, es para que hagan su trabajo y que antes de este escándalo, distintas investigaciones estaban en curso, incluyendo la de la Contraloría General de la República, cuyo informe preliminar (confidencial) que publicado por un medio de comunicación, es lo que encendió todas las alarmas esta semana. ¿Quién filtró ese informe?, ¿por qué razón ahora, si tiene fecha 16 de abril?
Tendemos con facilidad a olvidar que hay una responsabilidad colectiva, pero especialmente de quienes cumplen funciones públicas o de alta exposición mediática, de cuidar nuestras instituciones y entender que su rol no puede ser reemplazado por la grandilocuencia del que anuncia condenas más ejemplificadoras, se conmueve más rápido o lanza epítetos más convincentes en una suerte de pantomima, como diría el comediante argentino que interpreta al político ficticio (pero a ratos, tan real) Víctor Lapudre, que “verse más indignado te hace ver más comprometido”. ¡Menuda cacofonía ambiente la de estos días!
Así las cosas, esta semana se anunciaron tres comisiones investigadoras, entre muchos parlamentarios uno señaló que “colgarían a los responsables del mástil de la Esmeralda” –desafortunada hipérbole (quiero creer) en un país que se ha ido reconciliando con su triste historia en dictadura- y otros daban por hecho tráfico de órganos, trata de menores y todo tipo de aberraciones. Y por cierto, que no faltan, los que fuera del Congreso y relegado de las cámaras y los focos, buscaron sus cinco minutos de fama, atribuyendo responsabilidades que habrían llegado hasta a la expresidenta Michelle Bachelet. Se anunció también una fuerza de tarea desde La Moneda en presencia de todos los poderes del Estado, y aunque hay que reconocer que en este último caso, el tono ha sido más sobrio y cuidado, habría que preguntarse, si fue necesario y no hubo, como en el famoso caso “Estado quebrado”, un mal cálculo y un exceso de exposición, considerando que varios de los casos mencionados en el informe preliminar se fueron aclarando al pasar las horas. Por su parte, en algo que hasta acá parece aún insólito, los representantes de la comunidad haitiana, a quien nadie había preguntado nada aún y conocedores de la realidad de sus connacionales, daban cuenta de no tener reportes de niños de su comunidad perdidos y denunciaban utilización política de su tragedia migratoria.
Todo lo descrito anteriormente parece una comedia, si no fuera porque sigue habiendo muchas preguntas aún abiertas respecto a un caso que es de esperar, más temprano que tarde, logre cerrar adecuadamente con el paradero de cada uno de los niños y con los procedimientos administrativos y judiciales debidamente terminados, con sus respectivos responsables.
No obstante hay otra oportunidad y esto es una interpelación directa a todos aquellos que de forma destemplada han buscado rasgar vestiduras en defensa de los niños haitianos y que hace apenas unas semanas estaban dispuestos a pedir se denunciara a migrantes ilegales en establecimientos de salud o educación. Los mismos que han aprobado una disposición que impide que los niños hijos de migrantes irregulares nacidos en Chile puedan gozar de nacionalidad (dejándolos en situación de apatridia). Aquellos que han deshumanizado la inmigración y la asocian directamente y sin distinción, al crimen organizado, aquellos que con sus discursos amenazantes de expulsión creen que se soluciona la realidad de un flujo migratorio que llegó a Chile, en muchos casos, buscando una oportunidad que su país de origen les negó. Ello es especialmente evidente en el caso de Haití, un país sumido en la destrucción institucional y la miseria.
Y no se trata de un discurso naif, porque es evidente que la migración masiva genera problemas en todas partes en las comunidades de acogida y, especialmente, si no se produce en condición segura, ordenada y regular, abre la puerta para abusos, para la comisión de delitos o para que el crimen organizado se cuele por sus rendijas. Pero esto se enfrenta con políticas públicas, no con populismo.
Cada uno de los niños que se presume extraviados debe aparecer, es un deber del Estado garantizarlo. Cada cual, desde su púlpito, debiera utilizar las herramientas que tiene para hacer exigible la rendición de cuentas. Y la sociedad en su conjunto debiera pensar que, de una vez por todas, es necesario que tengamos una conversación en serio sobre migración. No para la galería, no para ganar votos, no para parecer “más comprometido”, sino que para encontrar soluciones reales a situaciones que son evidentes: Chile se convirtió en un país receptor de migración porque por mucho tiempo fue “la copia feliz del Edén”.
Fuente:
https://elpais.com/chile/2026-06-21/la-copia-feliz-del-eden-hablemos-de-migracion-pero-en-serio.html
