La Corte Internacional de Justicia, a pedido de toda la comunidad internacional, debería restablecer formalmente la vigencia plena de los principios de inmunidad del personal diplomático y de inviolabilidad de los recintos diplomáticos.
La política sigue en caída libre en América Latina y, para afirmarlo, basta dar un vistazo a los últimos acontecimientos ocurridos en varios países, que además tienen como protagonistas a sus presidentes. No se trata de batallas oratorias libradas en algún barrio o en algún rincón de un parlamento o municipio. Son los propios Jefes de Estado los que se encargan de dar el mal ejemplo o, más bien, de demostrar que, si la política presidencial aún no ha tocado fondo en nuestra región, es sólo porque cada semana está llena de nuevas sorpresas.
Esa es la realidad de una región que se va quedando atrás, como producto de serios problemas económicos y sociales, de una verdadera epidemia de criminalidad y de una profunda división entre los países que la integran. En ese marco, crecen las dificultades a nivel de gobierno e incluso las rencillas entre ellos. Y en el clima de creciente inestabilidad cualquier acción se hace justificable y la institucionalidad se hace cada vez más vulnerable. El abuso de la “razón de Estado” se va haciendo cada vez más frecuente y eso daña al Estado de Derecho democrático, cuya sola existencia supone respetar normas estables y predecibles. Es así como se llega a la grave transgresión de los últimos días.
La semana pasada no era muy distinta de las anteriores en varios países de la región. En Perú, la Presidenta tenía dificultades para explicar la procedencia de algunas joyas que exhibió en comparecencias públicas, afirmando primero que son el fruto de años de trabajo para luego decir que no son suyas, sino que le fueron prestadas; mientras en Argentina, el Presidente usaba una entrevista en un medio internacional para calificar al colega de Colombia de terrorista y criminal y de ignorante al Presidente de México. En Venezuela, se cambiaba por completo el escenario logrado hace pocos meses en las negociaciones de Barbados, para demostrar que la elección presidencial será nuevamente una farsa y, al mismo tiempo, proclamar una nueva iniciativa represiva que, bajo el pomposo título de “Ley contra el fascismo, neofascismo y expresiones similares” asegure a Nicolás Maduro su permanencia en el poder por varios años más.
También existía un litigio abierto entre Ecuador y México, en cuya sede se había refugiado hace meses el ex vicepresidente ecuatoriano Jorge Glas, por temor a ser nuevamente arrestado por acusaciones de corrupción en su contra. La decisión de México de conceder ese asilo y la explicación en su “mañanera” del Presidente López Obrador de las razones para hacerlo, aludiendo a la situación interna de Ecuador e incluyendo una versión controversial acerca del asesinato del candidato presidencial ecuatoriano Fernando Villavicencio en agosto del año pasado, motivó una dura protesta del gobierno de Quito y de la familia de la víctima, que fue seguida de inmediato por la inusitada expulsión de la embajadora de México en ese país.
La Cancillería de México optó por bajar el tono del conflicto, por temor a que este escalara en contra de su propia embajada. No hubo la habitual represalia de declarar a la vez persona non grata al embajador de Ecuador. Pero este era apenas el preludio de una decisión mucho más grave. Violando abiertamente la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas el gobierno de Daniel Noboa decidió allanar la embajada de México en Quito para sacar de ella al ex vicepresidente de ese país, asilado en esa embajada hacía varios meses.
Lo que no hizo la dictadura chilena en los años setenta, cuando centenares de ciudadanos buscaron asilo en una cantidad de embajadas para evitar la represión: lo que tampoco hizo el gobierno británico cuando Julian Assange estuvo refugiado por años en la embajada ecuatoriana en Londres, lo hizo el actual gobierno de Noboa al asaltar la embajada mexicana, derribando puertas y agrediendo a diplomáticos, supuestamente protegidos por la inmunidad que confiere la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, suscrita por Ecuador y por casi todos los países del mundo.
Las Convenciones de Viena son la piedra angular de las relaciones internacionales y ningún gobernante había osado hasta ahora dar la orden que dio, a su policía, el Presidente ecuatoriano. No hablamos aquí de cualquier precepto, sino de uno que es considerado esencial para la existencia misma de relaciones entre Estados. La inviolabilidad de las misiones sedes diplomáticas y la inmunidad de que gozan los agentes diplomáticos son principios fundamentales del derecho internacional, consagrados en el artículo 22 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, de 1961; pero su vigencia convencional en el derecho internacional tiene varios siglos de vigencia, no admite excepciones y no hay precedentes de que hayan sido violados.
A lo largo de la historia, los Estados han entendido y respetado la protección diplomática como una práctica que promueve la convivencia y el diálogo entre naciones, incluso en momentos en que la democracia se ve amenazada. América Latina, en particular, ha mantenido una larga tradición de respeto por la inmunidad de las misiones diplomáticas, incluso en tiempos de turbulencia política.
Si no hubiera existido por siglos la disposición para mantener y proteger la integridad de las sedes diplomáticas, como garantía de seguridad para los diplomáticos y como pilar esencial para la comunicación y negociación entre los países, no habría relaciones ni derecho internacional. Es un derecho antiguo y bien establecido que permite las relaciones pacíficas y constructivas entre los Estados, y que más allá de cualquier circunstancia o motivación, cualquier violación de este principio debe ser rechazada de manera categórica y sin ambigüedades. Se ha roto una larga tradición de respeto hacia las misiones diplomáticas y actos como este podrían poner en peligro la estabilidad y la paz en la región.
En sus intentos por explicar lo inaceptable, el Presidente Noboa y algunos de sus aliados se han escudado en supuestas transgresiones a las normas sobre el derecho de asilo. Efectivamente existió entre Ecuador y México una discrepancia sobre ese tema y por ello Ecuador se había negado a otorgar salvoconducto para la salida del país a Jorge Glas. Esas discrepancias han existido antes en otros casos: Víctor Raúl Haya de la Torre, Juan Manuel Abal Medina, Julian Assange son los casos mas conocidos de asilados que estuvieron años en las embajadas de Colombia en Perú, de México en Argentina y de Ecuador en Londres, sin obtener salvoconducto. Pero en todos esos años, la inviolabilidad de los recintos en que se encontraban jamás se vio amenazada. El debate provocado por Daniel Noboa no es sobre asilo, es sobre la inviolabilidad de la función diplomática.
Esta situación inédita ha provocado una justificada indignación en la comunidad internacional, llevando a la ruptura de relaciones diplomáticas entre la República del Ecuador y los Estados Unidos Mexicanos, así como al repudio de diversas naciones y organismos internacionales, incluida la Organización de los Estados Americanos (OEA). El pasado 6 de abril, el Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, expresó su alarma y reafirmó el principio cardinal de la inviolabilidad de los locales diplomáticos y del personal consular, subrayando la obligación de respetar este principio en todos los casos, conforme al derecho internacional; destacando que las violaciones a este principio comprometen seriamente la continuidad de las relaciones internacionales normales, que son esenciales para la cooperación entre los Estados, y llamando además a la moderación y a la resolución pacífica de las diferencias entre ambos gobiernos.
Ante estos hechos, parece necesario que el Gobierno de Chile, en línea con su política exterior de promoción y respeto del derecho internacional y las relaciones diplomáticas, asuma un rol activo en la condena de estas acciones y en la búsqueda de soluciones diplomáticas que aseguren el restablecimiento de la normalidad y el respeto mutuo entre las naciones involucradas.
En el Senado, 26 senadores han presentado una contundente resolución “instando al Gobierno de Ecuador a restablecer la inmunidad violada, reponiendo las condiciones para retomar relaciones entre ambos Estados latinoamericanos”
Pero las condenas, las gestiones oficiosas, los llamados al diálogo y a las explicaciones no parecen suficientes para reparar la tradición destrozada. Condenar en los términos más enérgicos la violación de la Embajada de los Estados Unidos Mexicanos en la República del Ecuador por parte de la policía ecuatoriana y calificar dicho acto como una grave violación del derecho internacional, no retrocede los hechos a su situación original. Incluso si el gobierno de Ecuador ofreciera disculpas formales a México, incluyendo reparar los daños materiales, ello no repone el principio ya violado.
Chile, en su calidad de miembro de la comunidad internacional y en los foros multilaterales correspondientes, deben promover el diálogo y el entendimiento con el objetivo de superar esta crisis diplomática en el marco del respeto al derecho internacional. Pero al mismo tiempo, creo que alguna entidad internacional de indiscutido peso institucional en el sistema de Naciones Unidas debería asumir la tarea de redefinir el principio violado.
Esa entidad debe ser la Corte Internacional de Justicia, la cual, a pedido de toda la comunidad internacional, debería restablecer formalmente la vigencia plena de los principios de inmunidad del personal diplomático y de inviolabilidad de los recintos diplomáticos, declarando que ellos conservan su carácter universal y conminando a todos los países miembros del Sistema de Naciones Unidas a respetarlos de manera integral.
Fuente: https://ellibero.cl/columnas-de-opinion/la-inviolabilidad-de-la-funcion-diplomatica/
