Escrito por: Edgardo Riveros
Esta publicación fue obtenida de la plataforma: Cooperativa
El jueves pasado se vivió un nuevo episodio en la trágica evolución política de Nicaragua, a raíz de la dictadura que impera en dicho país. Doscientos veintidós opositores al gobierno -encabezado por el matrimonio conformado por Daniel Ortega y Rosario Murillo- fueron expulsados del país luego de estar encarcelados, fruto de la persecución a causa de su posición política.
Daniel Ortega ocupa la presidencia consecutivamente desde 2007. El presente es el cuarto periodo luego de las elecciones de 2021, denunciadas como ilegítimas, toda vez que se desarrollaron en un cuadro de represión aguda. Un aspecto demostrativo de ello fue el apresamiento y persecución de los líderes opositores, entre ellos siete candidatos y candidatas que pretendieron disputar el poder al actual gobernante. Ahora figuran entre los desterrados, luego de permanecer encarcelados desde su detención en el año 2021.
A la medida de expulsión de las 222 personas, impidiéndoles vivir en su propia patria, se agrega la medida de despojarlos de su nacionalidad, acusándolos de ser traidores a la patria, utilizando para la adopción de esta medida el accionar del poder judicial controlado por el gobierno de Ortega.
El obispo católico Rolando Álvarez no aceptó la medida de destierro y ha sido condenado, el viernes pasado, a 26 años de cárcel y también al despojo de su nacionalidad nicaragüense luego de ser acusado de traición a la patria, menoscabo de la integridad nacional y propagar noticias falsas. Se asegura, por fuentes confiables, que existen al menos otras 38 personas que permanecen privadas de libertad por razones políticas.
Ante estas nuevas acciones del gobierno del país centroamericano la comunidad internacional no puede permanecer impávida. Cambiar el encarcelamiento por la expulsión del país no puede ser tomada como un acto de benevolencia del régimen imperante, por el contrario, debe ser asumida como una demostración más de la lesión a los derechos humanos. Los principios democráticos, vulnerados en Nicaragua, deben ser restituidos y terminar, de una vez por todas, con la persecución a quienes disiente del gobernante.
Especial rechazo merece el despojo de nacionalidad, toda vez que ella está reconocida como un derecho fundamental que no puede ser afectado arbitrariamente, tal como lo consagra el artículo 15 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948. Loable a este respecto ha sido la reacción del gobierno de España al ofrecer la nacionalidad española a quienes han sido despojados de la nicaragüense a raíz de la situación descrita y evitar, de esta forma, que los afectados queden en condición de apátridas.
No podemos dejar de señalar que para los chilenos este es un tema especialmente sensible, porque en la dictadura instaurada en 1973 hubo compatriotas afectados por el despojo de nacionalidad. Caso emblemático es el de Orlando Letelier quien, pocos días antes del atentado terrorista que le quitó la vida, fue privado de su nacionalidad chilena invocándose causales semejantes a las ahora utilizadas en Nicaragua.
