Marta Maurás es socióloga y diplomática.
A pesar del aumento de parlamentarias elegidas en América Latina, de 13% en 2000 a 31% en 2018, el déficit de participación política de las mujeres es grave en todos los ámbitos de decisión, tanto público como privado. Ellas enfrentan obstáculos reales para formar parte de la vida política y democrática. Deben conciliar eso con trabajo y cuidado, sin siquiera hablar de cultura y ocio.
De esto hablamos cuando nos referimos a la igualdad de género. No es solo una cuestión estadística. Es una tragedia para la sociedad en su conjunto no contar con el aporte y la mirada de las mujeres en la economía, la ciencia, la política, las relaciones internacionales, la cultura y tantos otros. Y para las mujeres no ser parte de los beneficios que aporta una inserción social y económica sin prejuicios ni desventajas.
Un modelo de sociedad y de estado inclusivo es uno donde la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres es un elemento central de un nuevo pacto social y político, un pacto por una democracia paritaria que nos debe llevar a un país más justo, a una sociedad más humana e igualitaria.
Es sabido que cuando las mujeres intervienen en la agenda política se inclinan por temas y soluciones que benefician a toda la sociedad, los niños, los más vulnerables, servicios y derechos básicos, seguridad en espacios públicos, educación y también producción más humana y respetuosa de la naturaleza. En los parlamentos con más mujeres se producen leyes y políticas que introducen la igualdad real en cuestiones como salarios, condiciones de trabajo, pensiones, prestaciones de salud, educación, vida sexual y reproductiva y otras. Países y municipios liderados por mujeres han enfrentado con éxito los desafíos del Covid-19, particularmente en la construcción de confianzas.
La paridad es un objetivo de la democracia y una nueva forma de mirarla a través de una profunda transformación social y cultural. Es también un instrumento político que permite a mujeres y hombres compartir en igualdad el poder y las decisiones.
Ninguna organización política es representativa de la sociedad o grupo si no se da en términos paritarios. La regla de la paridad ha permitido a países desarrollados y a algunos de nuestra región como Argentina, Bolivia, Costa Rica, Ecuador y México contar con parlamentos con representación casi igualitaria de hombres y mujeres elegidas. Aplicada a otros órganos políticos a nivel local, en el poder judicial, en los sindicatos, en los partidos políticos abrirá espacios a la participación de mujeres y su influencia en el bienestar social y salud de esas propias organizaciones. Sin duda, la paridad es un proceso, pero la dura realidad indica que son las medidas afirmativas las que le darán alcance y peso. Éstas no constituyen discriminación, son una decisión colectiva para alcanzar efectivamente la igualdad.
La desigualdad de género tiene costos para los países, así nos lo muestra la historia. También las cifras. Según Cepal, las brechas que afectan a las mujeres en el mundo empresarial y salarial suponen una pérdida del 14% del PIB en América Latina y el Caribe. Además, la falta de mujeres líderes supone una pérdida en términos de generar nuevos roles y prototipos de jóvenes, mujeres y hombres, con conductas e ideas más igualitarias y por ende más democráticas. También inhibe la liberación para los hombres de un tipo de masculinidad anclada en relaciones de subordinación, muchas veces dolorosas tanto para las mujeres como para los propios hombres. En este sentido, la paridad es democratizadora.
El PNUD, ONU Mujeres e IDEA Internacional han lanzado la Red de Democracia Paritaria con más de 200 líderes en la región para promover el diálogo y las reformas legislativas y de conductas que permitan un liderazgo político igualitario de mujeres y hombres desde las edades más jóvenes y en todos los niveles de decisión. Aprovechemos ese espacio de aprendizaje y debate.
Por hablar de ejemplos, España es uno de los casos más notables de avance en gobiernos paritarios, pasando de gobiernos con solo hombres en el gabinete antes de 1981, al 2018 cuando el 64.7% de los ministerios quedaron en manos de mujeres, incluyendo hoy dos vicepresidentas. Este país acaba de lanzar además su política de relaciones exteriores feminista. Según el Instituto Europeo de la Igualdad de Género, de 35 países que monitorea, nueve tienen por lo menos 40% de mujeres en los gabinetes. Además de España, están Dinamarca, Alemania, Francia (50%), Suecia (52%), Eslovenia, Islandia, Liechtenstein y Noruega. Finlandia llegó a tener 60%. Suecia es el país con la política exterior feminista más antigua y simple, que consiste, en cierto modo, en defender la equidad de género en el país y en el exterior, y acompañar esto con recursos, conocimiento y decisión.
Justin Trudeau, el primer ministro canadiense, se comprometió a tener un gobierno que ¨se parezca a Canadá¨, por lo que su gabinete es el más diverso del mundo. Además, tiene una política pública de ayuda internacional feminista. El presidente Biden de EEUU fue elegido junto a Kamala Harris, la primera mujer vicepresidenta de la historia del país, y ha nombrado hasta ahora un número similar de secretarios de estado de ambos sexos. Colombia cuenta también con una vicepresidenta mujer y un gabinete paritario de ministros y ministras. En México se ha incorporado la paridad a la Constitución en todos los órganos y niveles del estado.
En Chile, hemos marcado un hito global al haber aprobado una reforma constitucional para que la Asamblea Constituyente, que fue respaldada por el 85% del electorado, tenga 155 miembros distribuidos en forma paritaria entre mujeres y hombres.
Los partidos políticos de centro izquierda e izquierda chilenos y de la región tienen como imperativo abrazar la bandera de la paridad democrática por su propia sobrevivencia y aplicar la paridad en su seno. Las y los jóvenes de hoy no lo entenderían de otra manera.
Contenido publicado en La Tercera
