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UNASUR: hoy, aún más necesaria

Por Jaime Ensignia

Publicado en: El Periodista

La integración regional siempre ha sido una deuda no cancelada en América del Sur. Muchos han sido los esfuerzos para lograrla, como genuina política destinada al avance de los pueblos de la región.

Desde la creación del Pacto Andino en 1969, existió la idea de fortalecer una institucionalidad regional que velara por los intereses globales de los países latinoamericanos. Sin embargo, hasta la fecha el objetivo de mancomunar esfuerzos de integración regional no ha logrado el éxito esperado.

Una de las permanentes críticas a las múltiples iniciativas en pos de la integración regional, es haber quedado atrapada en el plano retórico, carente de propuestas concretas y plausibles. Incluso las de corte comercial y/o económico que han logrado ciertos niveles de avance y permanencia, enfrentan problemas importantes o censuras políticas. Tal es el caso reciente de la Alianza del Pacífico, cuya presidencia pro tempore correspondía a Perú, pero ha sido cuestionada por México por razones de violaciones de DDHH tras el encarcelamiento del ex presidente Pedro Castillo a principios de este año.

En las dos últimas décadas se han observado avances y retrocesos de la integración. Por un lado, se ve con mayor nitidez que los gobiernos progresistas tienden a impulsar procesos robustos de integración, que se debilitan o se desvanecen cuando quedan en manos de gobiernos de derecha, que priorizan acercamientos a los EEUU. Así vemos como descartan organizaciones regionales, como la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), o bien crean organizaciones alternativas, como la efímera y fallida iniciativa del Foro para el Progreso de América del Sur (PROSUR), propuesta por el gobierno de Sebastián Piñera (Chile) e Iván Duque (Colombia), en pleno auge del fugaz giro a la derecha en América del Sur.

Como consecuencia de estos desencuentros, la región vio afectada la posibilidad de enfrentar de manera común y efectiva situaciones como la pandemia del COVID-19; la migración masiva venezolana y la de otros países sudamericanos; los problemas del narcotráfico y del crimen transnacional organizado.

En términos generales, la derecha y la ultraderecha en la región siempre han resistido todo tipo de integración política, social, cultural y ambiental. Más aún: pese a privilegiar algunas instancias de intercambio comercial y económico, su visión miope del potencial de la región tiende a limitarlos a las fronteras nacionales. Lejos está de la experiencia de la derecha europea que fuera partícipe de la creación de la Comunidad Económica Europea en una primera etapa, y luego de la conformación de la Unión Europea (UE). En este sentido, la derecha política y económica de la región carece de perspectiva histórica y proyección futura al respecto, y ha perdido la posibilidad de ser un actor importante en el escenario regional.

Para el mundo progresista y de la izquierda latinoamericana, la integración regional es parte de su identidad política. Ha conformado procesos regionales que han tenido un éxito no menor, como es el caso de UNASUR y otros que han fracasado, limitados a las buenas intenciones o la grandilocuencia retórica.

Hoy, ante la ofensiva de la ultraderecha y de la derecha de ir a la conquista de gobiernos en la región, el tema de la integración regional se deviene en un must para el progresismo, para la izquierda y, por cierto, para los gobiernos progresistas del continente.

En su creación en 2008, UNASUR contó con doce consejos temáticos constituidos. Su refundación en el marco de una política flexible, amplia en materia de contenidos políticos, económicos-sociales y, de otros temas de interés regional, como las migraciones, el desarrollo de una economía productiva e, infraestructura. Además, deberá velar por el fortalecimiento de los sistemas democráticos, sus instituciones y, en forma primordial por la defensa de los DDHH. Con una organización regional maciza en sus fundamentos, los movimientos de ultraderecha tendrán muy poco espacio para expandirse.

En el escenario descrito, la iniciativa e invitación del presidente Lula a la Cumbre de Presidentes Sudamericanos realizada este 30 de mayo en Brasilia fue muy bien recibida por los mandatarios de América del Sur. Tras más de once años sin reunirse, en este encuentro participaron todos los presidentes y jefes de Estado de la región, excepto la mandataria del Perú, ausente por razones de por razones de política interna.

Un foco de especial interés y tensión en la Cumbre estuvo dado por la participación del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Ante declaraciones de Lula da Silva, anfitrión de la reunión, subrayando que se habría “construido una narrativa antidemocrática respecto a Venezuela”, el presidente de Chile, Gabriel Boric, objetó al actual gobierno venezolano por la violación a los DDHH que implica, entre otros hechos, la constante persecución política a opositores y la vulneración de derechos sociales y políticos. El presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, argumentó en la misma dirección que el presidente chileno.

Más allá de estas discrepancias, se logró acordar un documento plataforma, el Consenso de Brasilia, que entre sus nueve puntos destaca necesidades como reconocer la importancia de mantener un diálogo regular para impulsar el proceso de integración en la región; establecer un grupo de contacto encabezado por los cancilleres con el objetivo de evaluar las experiencia de los mecanismos sudamericanos de integración; elaborar una hoja de ruta para la concreción de la integración en América del Sur con el objetivo de ser sometida a la consideración de los Jefes de Estado en un breve tiempo.

El Zeitgeist es y será la integración regional, que marcó la Cumbre en Brasilia y, seguramente, recorrerá las próximas reuniones de los líderes de América del Sur. En este contexto, urge un rediseño y puesta en marcha de UNASUR, modo que esté a la altura de los tiempos y desafíos de los actuales escenarios mundiales. De sus doce miembros originales, persisten ocho, mientras que otros cuatro aun no dan ese paso: se trata de los gobiernos conservadores de Uruguay, Paraguay, Ecuador y el gobierno de centroizquierda de Chile.

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