Por Pablo Vidal, Vlado Mirosevic, Gabriel Boric y Natalia Castillo
Desde el año 2018 que las regiones en Chile ya no pueden mencionarse oficialmente por un número, si no que por su nombre. Así, la región de Tarapacá ya no puede mencionarse como la “primera región” o la del Maule como la “séptima” del Maule, así las nuevas regiones, como la de Ñuble, ya no tienen un número asociado. Todas las regiones tienen una realidad, un número de población, dificultades, derechos y desafíos, a la vez que se dividen en circunscripciones que les permiten organizar su participación y representatividad en los distintos procesos electorales.
Chile vive un momento clave al respecto. El próximo 25 de octubre tendremos el plebiscito, donde las opciones del Apruebo y Convención Constitucional son las alternativas que se muestran favoritas según todas las encuestas. Es en ese proceso donde confluyen dos dimensiones, una, de la participación ciudadana y otra, del Gobierno, al tener la obligación de entregar todas las condiciones para que la ciudadanía pueda ejercer libremente sus derechos de participación.
Según los registros del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), se estima que existe 1.037.346 chilenos y chilenas viviendo en el exterior, representando el 5,5% de nuestra población o, comparativamente, tantas personas como las que viven en las regiones del Maule o La Araucanía.
Por otra parte, el número de chilenos y chilenas inscritos en el extranjero para participar de procesos electorales ha aumentado de manera significativa. En el año 2017, de acuerdo con el padrón publicado por el Servicio Electoral, el número de personas habilitadas para votar correspondía a 39.137 votantes. Sin embargo, el ‘Padrón Electoral Definitivo del Plebiscito 2020’, publicado el pasado 26 de agosto, estableció 59.522 votantes. Esta situación da cuenta de un aumento de más de 20 mil votantes que se han inscrito para participar en el próximo plebiscito de octubre.
Todos los chilenos y chilenas tienen el derecho a elegir representantes y ser representados o representantes de otros en igual condición, lo que ciertamente incluye a quienes no se encuentran en Chile. Y a pesar de que se ha establecido el sufragio de los chilenos en el extranjero, se encuentran ante condiciones que obstaculizan un derecho consagrado internacionalmente: como hasta ahora Chile no se ha abierto al voto postal y sólo se constituyen mesas en los consulados, los chilenos que viven fuera de las capitales en la práctica no pueden votar y, dos, no pueden constituirse como cuerpo a ser representado. Más de un millón de chilenos y chilenas, con un vínculo personal e inquebrantable con el país, no pueden aspirar a representar ni a representarse como grupo.
Necesitamos una circunscripción electoral fuera de Chile, que agrupe a nuestros coterráneos y les permita ejercer sus derechos en igualdad, un Gobierno que apure medidas para su participación y haga más que nunca del sufragio universal un mecanismo para propender a la participación política, así como el derecho de los ciudadanos a tener elecciones periódicas y elegir o ser representantes, sin importar el lugar donde se encuentren.
Tanto en Europa como en América Latina, existen países que permiten la votación por parte de ciudadanos que habitan en el exterior en elecciones de carácter legislativo, asimilables a la elección de constituyentes. Estos países, además, han avanzado en la creación de distritos o circunscripciones internacionales, cuyos representantes son electos por ciudadanos que habitan fuera del territorio nacional. Atendiendo a lo dicho, se puede observar que estos países han tomado medidas con el fin de remover obstáculos para la participación democrática y facilitar así los derechos de aquellos ciudadanos que se encuentran en el exterior. Es lo mismo que Chile debe –y puede– hacer.