El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó este jueves sanciones contra cualquier funcionario de la Corte Penal Internacional (CPI) que procese a militares estadounidenses, en un momento que el tribunal estudia presuntos crímenes de guerra cometidos por tropas en Afganistán.
En una orden ejecutiva, Trump anunció que Estados Unidos va a bloquear las propiedades o activos de cualquier funcionario del tribunal de La Haya que esté involucrado en la investigación.
«Las acciones de la Corte Penal Internacional son un ataque a los derechos de los estadounidenses y amenazan con socavar nuestra soberanía nacional», dijo la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Kayleigh McEnany, en un comunicado.
Como consecuencia, agregó la nota, «el presidente ha autorizado sanciones económicas contra funcionarios de la Corte directamente implicados en un esfuerzo por investigar personal de Estados Unidos sin el consentimiento de Estados Unidos».
En el comunicado, el gobierno de Estados Unidos recordó que su país no forma parte del Estatuto de Roma y ha rechazado reiteradamente las afirmaciones de que la CPI tiene jurisdicción sobre el personal de Estados Unidos.
El jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Mike Pompeo, advirtió a los aliados de su país que la investigación también los concierne.
«Tengo un mensaje para varios aliados cercanos en todo el mundo —su gente podría ser la siguiente— especialmente aquellos países de la OTAN que lucharon contra el terrorismo en Afganistán del lado de Estados Unidos», agregó.
Entre estas medidas figuran el bloqueo de propiedades que estos funcionarios puedan tener bajo jurisdicción estadounidense y la ampliación de las restricciones de viajes a Estados Unidos.
Asimismo, señaló tener «fuertes razones para creer que hay corrupción y mala conducta a los más altos niveles de la Oficina del Fiscal (cargo ocupado por la fiscal Fatou Bensouda).
La Casa Blanca también autorizó que se emitan restricciones de visas para entrar a Estados Unidos contra cualquier funcionario involucrado eventuales procesamientos, lo que también afectará al resto de su familia.
El gobierno de Trump revocó el año pasado la visa de la fiscal de la Corte, la magistrada Fatou Bensouda, buscando presionarla para que desistiera de investigar incidentes durante la larga guerra en Afganistán.
La investigación de las tropas de Estados Unidos en Afganistán
La Fiscalía de la Corte Penal Internacional pidió a finales de 2017 abrir una investigación en Afganistán por supuestos crímenes de guerra y lesa humanidad a manos de talibanes, autoridades de país y tropas estadounidenses.
Según la solicitud entregada el 20 de noviembre de 2017 por la fiscal general, Fatou Bensouda, existen «bases razonables para creer» que talibanes, autoridades afganas y tropas estadounidenses cometieron crímenes de guerra y de lesa humanidad durante el conflicto en Afganistán.
Los jueces del CPI habían rechazado lanzar la investigación, tras las amenazas de sanciones de Washington, pero en marzo el tribunal autorizó en una apelación la apertura de una investigación por presuntos crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad cometidos en Afganistán.
En una comparecencia en el Departamento de Estado, el jefe de la diplomacia estadounidense, Mike Pompeo, junto con el secretario de Defensa, Mark Esper, y el fiscal general, William Barr, cargaron contra el tribunal internacional, al que acusaron de estar politizado.
A juicio de Barr, la CPI se ha convertido «en poco más que una herramienta política empleada por elites internacionales no responsables» para «manipular y minar las políticas exteriores de naciones soberanas democráticamente responsables».
«Potencias extranjeras como Rusia también están manipulando la CPI para adelantar sus propios intereses», indicó Barr a los periodistas.
Por el momento, Estados Unidos no ha ofrecido pruebas ni evidencias que sustenten las acusaciones contra el tribunal internacional.
Otro golpe al multilateralismo
Trump ha emprendido una campaña contra instituciones multilaterales que considera que van en contra de los intereses de su país y recientemente anunció el retiro de la Organización Mundial de la Salud (OMS), por sus críticas a la respuesta frente al coronavirus.
El rol de la Corte ya había sido criticado por anteriores administraciones como el gobierno del presidente republicano George W. Bush (2001–2009), que alentó a los países miembros a cerrarla.
Su sucesor Barack Obama adoptó un tono menos belicoso, aunque sin adherir tampoco al Estatuto de Roma.
El tribunal internacional enfrenta una crisis profunda en un momento en que varios países de África cuestionan al organismo e ingnoraron un mandato de detención internacional contra el expresidente de Sudán Omar al Bashir.
Naciones Unidas recibió con “preocupación” el anuncio de posibles sanciones por parte de Estados Unidos a funcionarios de la CPI dedicados a investigar a tropas estadounidenses.
“Hemos tomado nota con preocupación”, señaló el portavoz de la organización Stéphane Dujarric, preguntado por la orden ejecutiva aprobada por el presidente estadounidense, Donald Trump.
Dujarric aseguró que la ONU va a seguir “muy de cerca” la cuestión y recordó que, en el pasado, el Secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, ha dejado claro que cualquier restricción contra funcionarios de la CPI se hará respetando las obligaciones que su país tiene como anfitrión de la sede central de Naciones Unidas.
Los acuerdos entre Estados Unidos y la ONU establecen entre otras cosas que se permitirá el ingreso en suelo estadounidense de diplomáticos que deban llegar a la sede de la organización en Nueva York.
La oenegé Human Rights Watch (HRW) indicó que la orden de Trump «demuestra un desprecio por el Estado de Derecho global».
«Este ataque contra la CPI es un esfuerzo para impedir que víctimas de crímenes muy graves, ya sea en Afganistán, Israel o Palestina busquen justicia», afirmó en un comunicado, Andrea Prasow.
En La Haya, un portavoz del tribunal indicó que estaban al tanto del anuncio en Washington y que emitirán una reacción tras examinar su contenido.
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