Por Jaime Gazmuri // Contenido publicado en: El Mostrador
Del mismo modo sorpresivo e inconsulto con que la Cancillería anunció el cierre de cinco Embajadas con países con los que Chile tiene tradicionales y sólidas relaciones, nos informamos que se han suspendido o disminuido varias Operaciones de Paz (OPAZ) en las que Chile participa, bajo mandato de las Naciones Unidas.
Estas decisiones prácticamente desmantelan la participación de Chile en la cooperación a la estabilidad y la paz en la región y en el mundo, en el marco de los mandatos de la ONU. Con la excepción de los 17 años de la dictadura de Pinochet ha sido un elemento tradicional de la política exterior de Chile contribuir a estos esfuerzos.
Luego de la recuperación de la Democracia esta orientación se profundizó de una manera notable, teniendo en cuenta que para un país de tamaño medio como el nuestro y con una economía extraordinariamente abierta al mundo, la estabilidad y la paz, tanto a nivel regional como global, es una condición indispensable para su normal y pleno desarrollo.
Durante el Gobierno del Presidente Lagos se produjo un intenso debate en el Senado sobre la conveniencia de la participación de Chile en la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití creada por el Consejo de Seguridad en 2004. Finalmente, se constituyó una amplia mayoría para aprobar la participación del país, la que se renovó semestralmente casi hasta el término de tal Misión. Durante años, importantes efectivos de las tres ramas de la Fuerzas Armadas y contingentes menores de las dos policías, participaron, junto a fuerzas fundamentalmente de América Latina, en el esfuerzo por normalizar una situación que amenazaba la seguridad y la preservación de las instituciones democráticas de un país de la región. El desempaño de nuestros contingentes demostró el gran profesionalismo de las Fuerzas Armadas y de las instituciones policiales chilenas. Incluso dos compatriotas, Juan Gabriel Valdés y Mariano Fernández, dirigieron la Misión en distintas ocasiones en calidad de Representantes del Secretario General de NNUU. No cabe duda qué la presencia y la estatura internacional de Chile se fortalecieron con la activa participación de Chile en Haití, así como la definición de que las Fuerzas Armadas existen para la defensa del país y la cooperación para la seguridad y la paz internacional.
Sin embargo, es útil consignar que desde la primera discusión hubo un grupo, aunque pequeño, de senadores que se opusieron resueltamente a la participación de Chile en operaciones de paz. Los argumentos variaban, pero tras ellos, se manifestaba la profunda distancia respecto de Naciones Unidas que se incubó en la derecha chilena durante la Dictadura de Pinochet. La razón es que el régimen siempre consideró que las sucesivas condenas a las violaciones a los derechos humanos realizadas por la ONU era una intromisión indebida en los asuntos internos. A veces, tal oposición aducía también razones económicas, sin perjuicio de que la mayor parte de los costos de las operaciones son financiados por la propias Naciones Unidas
La primera Administración del Presidente Piñera mantuvo, en general, la orientación de la política exterior realizada por los Gobiernos anteriores, incluida la referida a los temas vinculadas a la paz y la seguridad. Incluso en su primera Presidencia, Chile aceptó la invitación del Presidente colombiano, Juan Manuel Santos, para colaborar como país Acompañante junto con Venezuela, en el proceso de paz que su Gobierno llevaba adelante con el mayor grupo guerrillero del país, las FARC, y cuyos países Garantes eran Noruega y Cuba.
Sin embargo, en su segundo Gobierno, Piñera ha ido abandonando paulatina, pero consistentemente, lo que podría definirse como una política exterior de Estado. En la esfera que comentamos la primera decisión fue adoptada en julio de 2018, cuando el Gobierno revirtió la contribución que ya se había decidido a la Misión Unidimensional Integrada de las Naciones Unidas para la Estabilización en la República Centroafricana (MINUSCA), donde participaban desde 2016 oficiales de estado Mayor del Ejército, Fuerza Aérea y Armada. Los cuatro oficiales que ya estaban como observadores en África tuvieron que regresar.
A lo anterior se suman las recientes decisiones tomadas sin fundamentación conocida y sin consulta con las instancias que normalmente son consideradas cuando se quiere dar solidez a la política exterior. Todas dañan la presencia de Chile en escenarios importantes.
Se ha resuelto el retiro del país del Grupo de Observadores Militares de Naciones Unidas en India y Pakistán (UNMOGIP), una de las primeras operaciones de paz de Naciones Unidas que data de 1949, y en la que Chile ha estado presente desde ese año. Se produce el retiro justo en el momento en que recrudece la tensión en la región debido a los últimos incidentes fronterizos entre China e India. Una decisión incomprensible cuando se afirma la importancia del Asia en la política exterior de Chile.
Terminará también la participación de Chile en la Fuerza de las Naciones Unidas Para el Mantenimiento de la Paz en Chipre (UNFICYP), en la que participan observadores del Ejército y de la Armada bajo bandera argentina, como parte de una Fuerza Militar Conjunta establecida en el marco de los acuerdos de confianza mutua con Argentina.
Se reducirá severamente la contribución a la operación ALTHEA, de la Unión Europea en Bosnia Herzegovina, con mandato del Consejo de Seguridad de la ONU, justo en los momentos es que se negocia con la Unión un mejoramiento del Acuerdo de Asociación Política y Económica firmado en 2002.
Asimismo, se reducirá la participación en la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia (UNVMC), dando una señal de debilitamiento del apoyo al proceso de paz más importante de la región, en un momento en que continúan los ataques contra el mismo, así como contra centenares de dirigentes sociales y políticos de ese país.
Finalmente se ha suspendido el envío que correspondía de oficiales desde Chile al Estado Mayor de la Fuerza Conjunta y Combinada Cruz del Sur para el periodo 2020-2021 en Buenos Aires. Esta iniciativa se inscribe en la política de fortalecer los lazos con Argentina en el área de la defensa, generando mecanismos de confianza mutua y de colaboración conjunta en el mantenimiento de la paz tanto en la región como en el mundo. No parece necesario subrayar la importancia de esta dimensión en la política con un socio estratégico para Chile.
Este conjunto de decisiones afecta severamente la política exterior del país. No tienen ninguna excusa conocida.
La económica sería ridícula, pues son todas operaciones de poca magnitud.
A ello, se suman un conjunto de decisiones que debilitan el compromiso de Chile con el multilateralismo, e incluso con compromisos que el país ya había asumido, como el Acuerdo de Escazú referido al acceso a la información y a la justicia ambiental, que Chile había coordinado con Costa Rica y que finalmente no firmó. En abril de 2019, mediante una nota, se propusieron modificaciones al Sistema Interamericano de Derechos Humanos que apunta claramente a debilitarlo.
Con razón el Foro Permanente de Política Exterior en una reciente declaración ha señalado “que manifiesta su preocupación y rechazo ante un conjunto de decisiones de política exterior del Gobierno de Chile que significan un abandono grave, sistemático y creciente del compromiso del Estado de Chile con uno de sus principios básicos y centenarios de política exterior: el respeto y promoción del derecho internacional y el multilateralismo. Las iniciativas que ha llevado a cabo este Gobierno desde que asumió en marzo del 2018 se han alejado en forma clara de una Política Exterior de Estado, adoptándo decisiones erradas en el ámbito regional y mundial, donde se nos consideraba un país consecuente con sus principios de seriedad, respetabilidad y confiabilidad, valor intangible este último que constituye uno de los pilares de nuestra acción internacional.”
El creciente abandono por parte del Gobierno de la vocación multilateral histórica de la política exterior de Chile la acerca a la de regímenes neoconservadores de inspiración ultranacionalista, que en América tienen su expresión más expresiva en la orientación de los Gobiernos de Trump y de Bolsonaro, y que encuentra émulos por doquier. Para Chile no son una buena compañía, particularmente frente a los desafíos internos e internacionales que sobrevendrán a las crisis económicas, sociales y políticas provocadas por la pandemia del coronavirus, que se sumarán a los problemas globales preexistentes.
Ya antes de la pandemia, el orden internacional y las instituciones surgidas después de la segunda guerra mundial atravesaban una crisis severa, al tiempo que se agravaban problemas que requieren la colaboración global para ser resueltos. El más inmediato y urgente es el del calentamiento global, seguido de las crisis migratorias, las desigualdades crecientes entre las naciones y al interior de ellas, las amenazas del crimen organizado y así por delante. La política del Gobierno de Trump agravó el deterioro del sistema multilateral al renunciar al acuerdo de Paris sobre el cambio climático, paralizar el funcionamiento de la Organización Mundial del Comercio y anunciar, en medio de la pandemia, el retiro de los Estados Unidos de la OMS. Simultáneamente ha agudizado las tensiones geopolíticas con China al punto de que ya es un lugar común la afirmación de que el mundo está asistiendo a una nueva guerra fría. Surge la interrogante sobre el escenario que surgirá de la crisis actual, que es de una magnitud sin precedentes en los últimos decenios. No hay respuestas claras. Viviremos tiempos de incertidumbre.
Lo que sí es claro, es que América Latina ha enfrentado la crisis actual en el mayor nivel de fragmentación política posible. Prácticamente ninguno de los esquemas de integración desarrollados en los últimos años ha funcionado. La cooperación regional para enfrentar la pandemia ha sido prácticamente inexistente.
Es indispensable revertir esta situación y reimpulsar con fuerza una política de cooperación y de integración regional para hacer frente a los desafíos que vienen. El retroceso económico y social que experimentará América Latina será de gran magnitud. Para revertirlo será indispensable superar la condición de países cuyo dinamismo económico depende sustancialmente de su condición de exportadores de materias primas, como ha quedado demostrado dramáticamente después del periodo de bonanza del primer decenio de este siglo. Será indispensable una transformación de la matriz económica prácticamente en todos los países. Ello será muy difícil solo a escala nacional. La integración económica, especialmente en América del Sur, debería constituir una de las claves para la recuperación regional.
Pero no solo razones económicas exigen reponer una activa agenda latinoamericana. La región corre el riesgo de quedar atrapada en la confrontación entre China y los Estados Unidos. Ubicados geográfica e históricamente en el área de influencia norteamericana, la región ha desarrollado en los últimos años una intensa relación económica con China, que ya es el primer socio comercial de Brasil, Argentina, Chile y Perú. Está en el interés de todos desarrollar una política exterior de un activo no alineamiento y de múltiples alianzas a nivel global. Ello exige una voz común.
La virtual ausencia de Chile en el escenario regional y multilateral daña el interés nacional que el Gobierno está mandatado a custodiar.
El proceso constituyente que deberá inaugurase a partir del plebiscito del 25 de octubre, es la ocasión para generar un debate sobre los principios que deben orientar la política exterior de Chile, que, plasmados en la Constitución, permitan recuperarla como una política de Estado.
