Debido a su origen autoritario, la Constitución de 1980 constituye un modelo hiper presidencialista que configura esa misma identidad a la actual política exterior, pues entrega al Jefe del Estado su conducción con facultades casi exclusivas.
El FPPE postula que la política exterior es una materia que crecientemente interesa e involucra a una ciudadanía que vive en un mundo interconectado y que tiene opiniones sobre las actuaciones y decisiones del Estado y del sector privado en diversas materias internacionales. Por ello, creemos oportuno revisar las competencias y actores desde la perspectiva constitucional. Se trata de revisar el equilibrio de los poderes del Estado en materia de política exterior de manera que corresponda al diseño del régimen político en la nueva Constitución. Asimismo, asegurar un papel a las regiones del país, el que han ido desarrollando en relación con países vecinos, ciudades hermanas y otras comunidades en el exterior, y que será crecientemente importante en un modelo descentralizado de gobierno. Y, por último, asegurar un espacio de participación en materia de política exterior a la ciudadanía organizada, incluyendo los connacionales en el exterior.
3.1. Poder ejecutivo, legislativo y judicial, y equilibrio de poderes:
El régimen político es sin duda un elemento central del debate constituyente que ‒aunque mantenga el régimen presidencial y, más aún, si se inclina por uno semipresidencial‒ debería tender a un mayor equilibrio entre el Jefe de Estado y el Congreso así como con otros poderes y actores constitucionales. En materia de política exterior estos poderes están actualmente casi totalmente concentrados en el Jefe de Estado. En este caso, se requerirá definir los ámbitos de política internacional que competen a cada instancia, y en quiénes recaerán determinadas iniciativas, decisiones y acciones, asegurando las consultas apropiadas entre cada estamento.
En cuanto al poder judicial, le corresponde aplicar el derecho internacional vinculante para Chile, tanto en lo substantivo como en lo procesal.
Al modificar los factores de equilibrio del régimen político, es fundamental hacer lo mismo en materias de política exterior entre los diferentes actores constitucionales. Además de los poderes del Estado, sería necesario otorgar mayor participación a los actores regionales y municipales, así como a la sociedad civil organizada en sus territorios y sectores. Por ello se propone avanzar en un nuevo modelo de gobernanza, coherente con los desafíos territoriales donde se establezcan competencias específicas ‒incluido en materia de política exterior‒ en los distintos niveles territoriales y donde también se consideren los espacios territoriales ancestrales.
Si además el régimen político avanza hacia un modelo jurídico de descentralización efectiva, a las autoridades regionales y locales les cabría asumir aquellas acciones apropiadas en materia de política exterior que correspondan a su ámbito territorial, incluyendo relaciones vecinales e internacionales, en estrecha coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores y como elemento estructural de un Sistema de Política Exterior.
3.2. Participación ciudadana:
De igual manera, un régimen político abierto a la participación ciudadana tendrá que definir los ámbitos que le permitan a la ciudadanía organizada ‒incluyendo a los pueblos originarios, ONGs, movimientos sociales, sector privado, partidos políticos y otros‒, conocer, debatir y proponer elementos de política exterior que les competan. En consecuencia, deberán implementarse instancias pertinentes para la consulta y participación ciudadana, incluido para los chilenos en el exterior.
Además, una Constitución con perspectiva feminista inspirada por el valor universal de la igualdad substantiva entre hombres y mujeres debería asegurar que tanto la nueva Carta Magna como la política exterior tengan en su centro las visiones, decisiones y actuaciones de las mujeres. La equidad de género, la inclusión y la no-discriminación deberían ser criterios esenciales en la dotación del aparato estatal, y de cuadros diplomáticos y especialistas en relaciones internacionales en todos los sectores y niveles del Estado, así como crecientemente en el sector privado.
En este sentido, la participación ciudadana va de la mano con el empoderamiento de las mujeres y la reducción de las desigualdades causadas por las dinámicas de género.
