El Foro Permanente de Política Exterior sigue con gran preocupación la emergencia humanitaria en la frontera Norte del país, específicamente lo que ocurrió en los pasos fronterizos entre Tacna y Arica y entre Colchane y Pisiga, a 3.700 metros de altura sobre el nivel del mar. Se trata de cientos de ciudadanos venezolanos que escaparon de la crisis en su país y solicitan ingresar como refugiados o como turistas, y cuyas solicitudes han sido rechazadas mayoritariamente en la frontera desde que el Gobierno de Chile estableció el requisito de visado de turismo. Así, muchos se encontraron desprotegidos y a la intemperie, sin alimentación, lugares de alojamiento, servicios sanitarios y la más mínima protección ni asistencia humanitaria por parte del Estado de Chile. Esto es especialmente alarmante en el caso de mujeres embarazadas, lactantes niños y adultos mayores.
El traslado en buses de los mencionados ciudadanos venezolanos a los Consulados de Chile en Tacna y La paz, solo ha desplazado temporalmente el problema a los recintos consulares en las ciudades mencionadas, sin solucionar el tema de fondo. Se trata de una crisis vivencial de un grupo humano atrapado entre dos rechazos, el de Perú y el de Chile que los invitó a venir y ahora les cierra la puerta.
Estamos ante una dramática situación ocasionada por la imposición de requisitos administrativos que son imposibles de cumplir para muchos de ellos, tomando en cuenta la dificultad para obtener documentos en Venezuela o fuera de ella.
La intempestiva suspensión de la Visa de Responsabilidad Democrática y la imposición de una visa de turismo, facultad que reconocemos es potestad del Gobierno, no se efectuó con los mínimos requisitos de información y coordinación previa, estableciéndose de un día para otro (informando con un papel en la ventanilla del control fronterizo) y casi coincidente con la imposición del mismo requisito por parte de nuestro vecino del norte. No se explica que, en conocimiento de estos nuevos requisitos en el Perú anunciados con 30 días de anticipación, no se haya efectuado la coordinación necesaria para dar una respuesta articulada y así evitar la grave situación humanitaria que se está viviendo.
Por otra parte se tiene conocimiento del rechazo inmediato de las solicitudes de refugio efectuadas en la frontera, lo que infringe lo establecido en la Ley N°20.430 sobre protección de refugiados, la que establece que deben ser objeto de protección, sin margen de flexibilidad interpretativa, quienes “hayan huido de su país de nacionalidad o residencia habitual y cuya vida, seguridad o libertad han sido amenazadas por la violencia generalizada, la agresión extranjera, los conflictos internos, la violación masiva de los derechos humanos u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público en dicho país”. Ello se aplica a Venezuela y así el Gobierno de Chile lo ha reconocido expresamente al establecer la Visa de Responsabilidad Democrática.
Las solicitudes de refugio deben ser tramitadas conforme a la ley, lo que significa que sean derivadas a la autoridad competente, la Comisión de Reconocimiento de la Condición de Refugiado, para su análisis por parte de esta instancia presidida por el Jefe de Extranjería y por dos funcionarios del Ministerio del Interior y dos del Ministerio de Relaciones Exteriores. No es admisible ni legal que el funcionario de policía internacional en la frontera sea quien califique el status de refugiado como hoy esta sucediendo.
También es necesario y urgente modificar transitoriamente los requisitos de visa de turismo para aquellos venezolanos que se encuentran en tránsito, hasta que la situación se regularice, autorizando a los controles fronterizos a permitir de manera flexible la entrega de dicho permiso, haciendo posible con ello, al amparo artículo 49 del Decreto Ley 1094 de 1975, acogerse con posterioridad a una residencia temporal en aquellos casos que califiquen.
Es importante tener presente que esta situación ha sido alentada por las propias autoridades nacionales a través de sus declaraciones políticas y decisiones administrativas. En particular, por la vía de establecer una visa de carácter específico con condiciones especiales y diferenciadas de otras nacionalidades para facilitar el ingreso a Chile. Ello precisamente a fin de responder a la crisis humanitaria que se vive en Venezuela.
Todas esas muestras de solidaridad con el pueblo venezolano han influido en que Chile sea escogido como lugar de refugio por miles de venezolanos. Hay una responsabilidad nacional envuelta en responder adecuadamente a lo prometido que no podemos eludir.
Hoy, ante la fuerte critica de autoridades de Gobierno al accionar del Instituto Nacional de Derechos Humanos, entregamos nuestro decidido apoyo a las gestiones que esta institución esta realizando y solicitamos a las autoridades competentes dar todo el apoyo necesario para que cumpla con su Misión en resguardo de los derechos humanos de las personas, tal como la ley lo exige.
Nos causó gran rechazo la información de que la autoridad consular del Ministerio de Relaciones Exteriores instruyó que se negara acceso a funcionarios del INDH a los recintos consulares. Valoramos la decisión adoptada por el Ministro de RREE de revertir esta decisión.
Finalmente llamamos al Gobierno a efectuar las coordinaciones necesarias a través de los organismos internacionales como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y con los gobiernos de la Alianza del Pacífico y otros involucrados para buscar soluciones regionales a un problema que supera las fronteras nacionales. Estas deben privilegiar los derechos de los y las migrantes. También creemos necesario abrir espacios de diálogo y convergencia dentro de Chile para abordar estos temas de interés nacional.
En lo inmediato, se requiere una solución urgente porque la situación que viven centenares de ciudadanos venezolanos atrapados sin recursos por decisiones administrativas de Perú y Chile no debe continuar dilatándose y puede transformarse en una crisis humanitaria y política aún más seria.
