Por Unidad Investigativa // Contenido publicado en El Tiempo
La defensa de Álvaro Uribe Vélez completa 4 días acuartelada, preparando el recurso de reposición (apelación) a la medida de aseguramiento –con detención domiciliaria– que la Corte Suprema le impuso al expresidente, lo cual marcó un hito judicial y político.
El martes se vence el plazo para que notifiquen y radiquen el documento con el que intentarán desvirtuar los elementos que llevaron al alto tribunal a imponerle la medida cautelara Uribe Vélez, el político más influyente de las últimas dos décadas, para que afronte privado de la libertad el proceso por presunto soborno en actuación penal y fraude procesal.
Si bien buena parte de la evidencia ya había sido revelada en investigaciones periodísticas y en el proceso que la Fiscalía le sigue a Diego Cadena, exapoderado de Uribe, la Corte reservó piezas desconocidas para señalar a Uribe como determinador de esas conductas, a las que el Código Penal impone entre 6 y 12 años de cárcel.
Para la defensa –en cabeza del penalista Jaime Granados–, es claro que la domiciliaria es una medida desproporcionada, al no existir evidencia de que Uribe ordenara sobornar a algún testigo para que declarara en su favor.
El fin, según la Corte: inculpar al senador Iván Cepeda de la fabricación de pruebas contra el exmandatario y de su hermano Santiago, y vincularlos con ‘paras’.
Si bien buena parte de la evidencia ya había sido revelada en investigaciones periodísticas y en el proceso que la Fiscalía le sigue a Diego Cadena, exapoderado de Uribe, la Corte reservó piezas desconocidas para señalar a Uribe como determinador de esas conductas, a las que el Código Penal impone entre 6 y 12 años de cárcel.
Para la defensa –en cabeza del penalista Jaime Granados–, es claro que la domiciliaria es una medida desproporcionada, al no existir evidencia de que Uribe ordenara sobornar a algún testigo para que declarara en su favor.
El fin, según la Corte: inculpar al senador Iván Cepeda de la fabricación de pruebas contra el exmandatario y de su hermano Santiago, y vincularlos con ‘paras’.
Pero la defensa de Uribe es enfática en que este nunca ordenó sobornos a testigos y que la domiciliaria es una medida desproporcionada. Allegados al senador recalcan que, desde el 2010 a la fecha, la caución de 98 millones de pesos, como garantía para que no se fugue, es la más alta frente a otros seis procesos, como el que involucra a un exgobernador por homicidio.
“El país debe saber que el presidente Uribe no le pidió a nadie que sobornara a ningún testigo, ni dio instrucción alguna para que se consiguieran testigos, limitándose, como es su derecho legítimo, a pedir que se verificara la información que, por conducto de la ciudadanía, le llegaba y que esta se trasladara siempre a la Corte”, dice Granados, cabeza de la defensa de Uribe.
Pero la defensa de Uribe es enfática en que este nunca ordenó sobornos a testigos y que la domiciliaria es una medida desproporcionada. Allegados al senador recalcan que, desde el 2010 a la fecha, la caución de 98 millones de pesos, como garantía para que no se fugue, es la más alta frente a otros seis procesos, como el que involucra a un exgobernador por homicidio.
“El país debe saber que el presidente Uribe no le pidió a nadie que sobornara a ningún testigo, ni dio instrucción alguna para que se consiguieran testigos, limitándose, como es su derecho legítimo, a pedir que se verificara la información que, por conducto de la ciudadanía, le llegaba y que esta se trasladara siempre a la Corte”, dice Granados, cabeza de la defensa de Uribe.
Uribe: ¿el determinador?
Sin embargo, una de las primeras evidencias en su contra que se asoman en las 1.554 páginas de la decisión de la Corte –que se puede leer completa aquí– son los chats que Carlos Eduardo López, alias Caliche, le envió al convicto Juan Guillermo Monsalve, hijo del mayordomo de una de las fincas de los Uribe.
En estos, ‘Caliche’ insiste en que escriba la carta y haga un video de retractación de la declaración contra Uribe. “Hay una razón de parte del man ese ex (…) Me llegó un man de parte de él (…) Ese viejo habló hoy, el man, lo escuché yo directamente el ex”, le escribió ‘Caliche’ a Monsalve, narrándole cómo el representante del Centro Democrático Álvaro Hernán Prada lo visitó en prisión en calidad de emisario de Uribe y llamó al expresidente para que hablara por altavoz del tema.
Los 5 magistrados que firmaron la providencia no tienen dudas de que el ‘ex’ o ‘el viejo’ del que se habla en el chat es el expresidente y que este direccionó el episodio. Y si bien ‘Caliche’ dijo que se había inventado la llamada de Uribe, en una interceptación inédita con un abogado dice que fue cierta.
Queda expuesta la inequívoca intención de Cadena de ‘persuadir’ al testigo con ofrecimiento de una revisión gratuita de su proceso, lo que expresamente dice, le fue autorizado y avalado por el ‘pre’.
De hecho, Prada fue imputado como cómplice de soborno.
Para graduar como determinador de los sobornos a Uribe, la Corte señala que era informado de cada uno de los trámites que se realizaba frente a los testigos y las ofertas que se les hacían. Por ejemplo, el abogado Cadena fue grabado diciéndole al convicto Enrique Pardo Hasche que el ‘pre’ avaló la propuesta de que él le ofreciera a Monsalve revisarle su proceso.
“Queda expuesta la inequívoca intención de Cadena de ‘persuadir’ al testigo con el ofrecimiento de una revisión gratuita de su proceso, lo que expresamente dice, le fue autorizado y avalado por el ‘pre’, en obvia inferencia para referirse a Uribe en cuyo nombre adelantó la gestión”, dice la Corte.
La defensa de Uribe admite que Cadena le rendía informes a Uribe, pero “en tiempos estrechos y agendas apretadas” y no le transmitió sus preocupaciones “acerca de las indebidas intenciones que sospechaba de Monsalve”.
“Monsalve fue visitado por el abogado Cadena porque, a través de terceros, venía manifestando su intención de retractarse de infames declaraciones que había dado en el pasado. Intención que, tras la visita, corroboró el abogado Cadena, quien así se lo transmitió al presidente Uribe. La única petición de mi cliente, como se puede fácilmente corroborar en las propias interceptaciones, era que el testigo dijera libremente la verdad”, señala Granados.
Y Cadena agrega que actuó legalmente y que Monsalve le tendió una celada.
Pero la providencia va más allá. Otra de las cartas que los magistrados destaparon señala que el propio Uribe gestionó, con el ganadero Juan Guillermo Villegas y a través de la familia de Monsalve, la llegada de Cadena, con su autorización, para que le diera su retractación. Además, dicen que hay evidencia de que Uribe se enteraba primero que Cadena de cosas que sucedían en La Picota con Monsalve.
Incluso, citando a su asistente Fabián Rojas, señalan que fue Uribe quien movió hilos para que Cadena fuera a la cárcel de Cómbita por otros testimonios.
Y en cuanto a los contactos con Monsalve, Uribe dijo, bajo juramento, que no sabía que su abogado Cadena se iba a reunir con su esposa (Deyanira Gómez). Pero la Corte dice que sí estaba al tanto y que le pareció muy bien hecha la gestión.
En este punto, los magistrados entran a un terreno delicado, al menos para Cadena. Aseguran que este grabó a la esposa de Monsalve, pero entregó a los magistrados el audio editado.‘Audio editado’ y pagos
Cadena explicó que le había entrado una llamada al final de la conversación y no pudo seguir grabando. Pero la Corte no le cree.
“La reunión duró 41 minutos y la grabación de Diego Cadena termina en el minuto 19:47, mientras que la de Deyanira Gómez continuó por más de 20 minutos, no siendo de recibo la razón que formula Cadena”, dice la providencia.
Y, según la Corte, tras cotejar las grabaciones, se halló un cambio de palabras o supresión, que “sugiere la manipulación de la evidencia”. Y agrega que lo editado deja claro que no fue cierta la versión de Cadena según la cual la esposa de Monsalve fue a pedirle o a hacerle exigencias a cambio de entregar la retractación.
“La prueba en su integridad muestra que el propósito de la reunión fue bien distinto (…) que nunca habían buscado a Uribe porque no tenían la intención de retractarse”, dice la Corte.
En cuanto al exparamilitar preso Carlos Enrique Vélez, los magistrados señalan que no hay duda de que Cadena buscaba sus falsas declaraciones para ser aportadas a las investigaciones, “previo pago de dádivas dinerarias”: “Del aporte de esas declaraciones falsas tuvo conocimiento el senador, es más, autorizó que se adjuntaran al recurso de reposición que su abogado interpuso”.
“Uribe no autorizó que al señor Vélez ni a personas de su entorno ni a ningún otro testigo le hicieran giros por viáticos o ayudas humanitarias. Esto, que en nuestro criterio no constituye soborno, solo fue informado por Cadena a mediados de 2019, momento en el cual el doctor Uribe dijo que de haber sido enterado no hubiera autorizado dicho proceder”, responde Granados.
Ya al final de la providencia, la Corte señala otra carta con la que justificó la medida de aseguramiento. Advierte que, por el nexo contractual y de autoridad, Uribe hizo nacer o reforzó en Cadena y en su socio Juan Salazar “la idea de llevar a cabo un hecho delictivo”.
En el caso de Uribe, para la Corte, “hay evidencia de un claro conocimiento de la conciencia de ilicitud y de su firme intención y voluntad de realizarlos a través de interpuestas personas”, a título de dolo y con riesgo de que pueda interferir en los testimonios que faltan. Por eso, la domiciliaria.
De hecho, dicen que para gestionar pruebas, Uribe usó a familiares, amigos y hasta miembros de su UTL. Este último señalamiento es negado por su defensa.
Granados, por su parte, anuncia que demostrará “la absoluta inocencia del expresidente”.
