¿Qué ha pasado desde el domingo que se decretó el fin del estado de emergencia en Chile?
Las movilizaciones han continuado, y con mucha fuerza, a lo largo y ancho del país. No se reduce únicamente a la ciudad de Santiago, sino que hemos visto protestas en varias regiones del país. Por lo tanto, de lo que estamos hablando es de una movilización nacional. Tuvo su momento cumbre el 25 de octubre cuando a las seis de la tarde se reunieron, según cifras oficiales, alrededor de un millón y medio de personas en lo que ha sido la movilización más grande de la historia de Chile. Pero no termina ahí, el sábado siguiente se reunieron en Valparaíso —la tercera ciudad más grande de Chile—, miles de personas y el viernes 1 de noviembre hubo otra gran manifestación en la capital de la que sobresalió especialmente el desfile que hicieron miles de mujeres vestidas de luto.
Las manifestaciones muestran una gran expresión por parte de la gente y son de gran creatividad. Una consigna recurrente dice: “El neoliberalismo nació en Chile y morirá en Chile”, el reto es encontrar dirección.
¿Está de acuerdo con la interpretación que atribuye el descontento chileno a las políticas económicas gubernamentales de las últimas décadas?
Es evidente que es así. Todos los gobiernos de la transición en adelante están en cuestión. Pero esto habla de algo más grande que el descontento con las políticas económicas: el propio modelo económico, lo mismo que el sistema político, están en crisis. El primero, se agotó desde la década de los noventa, con la llamada “crisis asiática”. Desde entonces, el crecimiento del 7 % de Chile pasó a un 3 % anual. En este sentido, la crisis es de distribución, pero también es productiva.
Por su parte, el sistema político ha perdido legitimidad. Los partidos políticos están entre las instituciones más cuestionadas en el país. Hoy vemos que no son capaces de responder a las demandas que han desbordado, por así decirlo, los márgenes de una democracia de baja intensidad en el sentido de que la gente ve las instituciones democráticas con distancia y por lo tanto es de baja participación. La mezcla de ambas crisis es explosiva y el movimiento que las cuestiona es muy robusto.
¿Quién protesta en Chile?
Diría que en Chile protestan todos. Es una movilización transversal en donde ciertamente los jóvenes tienen más presencia, pero que reúne a sectores de todas las edades. No es casualidad que una de las demandas sea por mejores pensiones, y en este sentido es lindo que los jóvenes se hagan cargo de reivindicaciones que no les conciernen directamente, pero que sí afectan a sus padres o a sus abuelos. Por otro lado, un hecho inédito en las protestas de estas semanas ha sido que los sectores altos se están manifestando por primera vez. Es enteramente nuevo ver a los barrios acomodados participar de las manifestaciones, con cacerolazos. La Plaza Italia ha sido el centro de reunión más reconocible, pero hay movilizaciones de 10, 000 o 15, 000 personas en lugares como Plaza Ñuñoa, en barrios de clase media alta.
¿Tiene alguna responsabilidad en esto el gobierno de la Concertación?
Los gobiernos de la Concertación tienen y tenemos muchas responsabilidades. A mi juicio, la deriva neoliberal en la propia concertación comenzó después del gobierno de Aylwin. Las políticas neoliberales son una herencia de la dictadura, pero hay una responsabilidad de los gobiernos de la concertación que no supieron encaminar un cambio más profundo. Esto se manifiesta también en los gobiernos considerados más de izquierda, como el de Ricardo Lagos y el de Michelle Bachelet. Lagos apareció como un esfuerzo de ruptura con respecto a las ideas neoliberales que finalmente no se produjo, mientras que Bachelet desaprovechó el respaldo del 60 % con el que llegó al gobierno y no logró cambió la Constitución, que es lo que se pide ahora.
Aunque en la Concertación hay responsabilidad con respecto a lo que vemos hoy en Chile, ésta no se distribuye de igual manera entre sus miembros. En 1998 tuvimos una discusión muy fuerte al interior de la coalición a la que la prensa denominó el “Debate de los autocomplacientes y los autoflagelantes”. Por las necesidades de la época, al entonces presidente Eduardo Frei no le interesó el debate, y a Lagos tampoco. Los “autoflagelantes” creíamos que el régimen de transición había dado lugar a un gobierno democrático, pero queríamos lograr cambios más profundos para el país en términos de democracia y participación, y en materia económica. Se trataba de gobernar de acuerdo con nuestras convicciones pero esto no se logró y, en ese sentido, se mantuvo la herencia económica de la dictadura.
¿Cuáles son los pasos a seguir para empezar a atajar la desigualdad en Chile?
Hay dos discusiones que se han planteado en este sentido. La primera tiene que ver con las medidas urgentes que hay que tomar para salir de esta crisis, y la segunda está en el camino de una nueva Constitución. Respecto de cómo enfrentar la desigualdad, lo que se necesita es una agenda inmediata: aumento del salario mínimo, mejoras al sistema de pensiones, límites a las alzas de los servicios públicos, y límites a los precios de los medicamentos. Todo esto financiado por los impuestos de los más ricos. Por otro lado, se necesita de una negociación colectiva amplia. No más del 10 % de los trabajadores en Chile están en capacidad de negociar sus contratos de trabajo, lo que abona a que los aumentos en la productividad se distribuyan de manera desigual. Finalmente, el mediano plazo necesita de transformaciones más profundas: en la medida en que tengamos una estructura productiva más sofisticada, con tecnología y trabajos más especializados, podremos hacer frente a los retos que el modelo económico plantea.
¿Es posible empezar a construir un auténtico estado de bienestar en el país?
Sí. No será como el modelo sueco, pero Chile tiene un ingreso per cápita de 25, 000 dólares, lo que sin lugar a dudas hace que el país esté en condiciones de construir pisos mínimos de igualdad para su población, cosa que no se ha hecho. Es posible lograr un estado de bienestar adecuado para las condiciones de desarrollo del país.
El paquete de reformas sociales que propuso Piñera en reacción a la crisis, sin embargo, se queda extremadamente corto: se calcula que requeriría de una inversión de sólo 1, 200 millones de dólares, es decir 0. 4 del PIB, cuando algunos partidos de oposición han planteado un programa de pensiones que necesitaría por lo menos del doble —sólo para atajar el problema de las pensiones. Lo propuesto por Piñera es mezquino e insuficiente. No tiene ninguna posibilidad de satisfacer las demandas. Hay que asumir que la salida es más cara.
¿Cómo queda el gobierno de Piñera después de esto?, ¿cuál es el saldo democrático para el futuro?
El gobierno del presidente Piñera como proyecto de futuro para el país se acabó. Esto no significa que caiga, significa que no tiene posibilidad alguna de imponer un programa que está absolutamente a contrapelo de las demandas populares. Entre las ideas que le dieron la victoria, por ejemplo, estaba disminuir impuestos a los más ricos con la lógica de que esto generaría inversión; no hay nada más alejado de lo que la gente necesita. El equipo de gobierno del presidente también ha sido insuficiente, y el nuevo gabinete no se anuncia mejor: no tiene ningún peso político.
Yo espero que el periodo presidencial se cumpla por salud democrática, pues de otro modo el hecho tendría algo de ruptura institucional. Pero también esto está en cuestión. La oposición ha propuesto un plebiscito para una nueva Constitución que de llevarse a cabo, dejaría desautorizado al presidente. En ese caso, debería limitarse a asegurar el orden público, garantizar el funcionamiento institucional, y la posibilidad de la discusión. Sería un gobierno de administración, más que un gobierno de transformación.
En cuanto al saldo democrático que tendrá dejará este proceso: está por verse, pues se mantiene abierto. La estrategia del gobierno ha sido esperar que el movimiento se debilite y diluya. Al mismo tiempo, éste corre el riesgo de que se imponga el vandalismo, que también ha sido muy importante. El peor de los peligros es una regresión autoritaria, en Chile hay un pinochetismo latente y las declaraciones de Trump —que dijo que tenía información sobre la intervención rusa en el movimiento de protesta—, y de Luis Almagro en la OEA hablando de los “vientos bolivarianos” que sugieren la presencia cédulas cubanas o venezolanas en Chile, pueden exacerbarlo.
Uno de los retos es la falta de dirección de las protestas. Los partidos han tratado de tomar cierto protagonismo, pero el movimiento no obedece a éstos. Por eso, el plebiscito es la mejor opción.
¿Es lo que vemos en Chile parte de la misma ola de descontento que vimos en Ecuador?
Lo de Chile no sólo es distinto, sino más profundo. En Ecuador la fuerte movilización indígena dio cauce a las protestas por el alza en los precios de combustible. Cuando la dirigencia indígena decidió que el gobierno había atendido a sus demandas, las protestas se terminaron. En Chile nadie está en condiciones de hacer lo mismo. La plataforma de Unidad Social, en donde confluyen muchas organizaciones, entre ellas la Central Unitaria de los Trabajadores, podría ser el germen de una dirección para este movimiento. En este caso, los partidos tendrían que atender al diálogo con ella. Sin algo así, el movimiento corre el riesgo de descomponerse.
Además de que el movimiento social que vemos en Chile es mucho más profundo y sus demandas más variadas con respecto a Ecuador, la represión también ha sido más fuerte: se han contabilizado 25 muertos, más de 3, 000 detenidos, más de cien personas han sufrido traumas oculares por impacto de gomas de bala y hay más de cien denuncias de mujeres por acoso o violencia sexual de los cuerpos armados, en especial contra los carabineros.
¿Tiene sentido hablar de un “despertar latinoamericano”?
Si bien hay elementos para pensar que soplan nuevos vientos en América Latina, soy cauto con esto. La derrota de Mauricio Macri en Argentina es muy importante, como también fue importante lo que pasó en Ecuador y lo que hemos visto en Chile. Pero hay que ser cuidadosos, pues estamos acostumbrados a darles características de grandes tendencias a eventos que terminan por ser pasajeros. A finales de los noventa pareció que se establecía una nueva normalidad de gobiernos de izquierda en América Latina y no fue así. Hicieron una gran labor, pero fueron derrotados por la derecha que a su vez afirmó que venía para quedarse un nuevo orden promercado, de buenas relaciones con Estados Unidos, y que estamos viendo acabarse también: Macri está derrotado, Duque debilitado y Piñera en el suelo.
Hay elementos que apuntan a la dirección de un despertar, pero premia la volatilidad y el rechazo en general a los gobiernos, sean de derecha o de izquierda. Bachelet no logró establecer su sucesión, lo mismo que Macri. Y, ojalá me equivoque pero en Uruguay lo más probable es que el Frente Amplio pierda en la segunda vuelta.
¿Cuál es el futuro de la región?, ¿cuáles son sus retos y posibilidades?
Los retos que tiene América Latina son enormes, pero se pueden resumir en tres fundamentales. El primero es unir la región, en América Latina estamos muy poco integrados. Hay mucho que pensar sobre UNASUR, y la salida de muchos de los países miembros a escasos diez años de que fuera creado. Prosur, la alianza integrada por Piñera, Duque y Macri tampoco ha dado resultados. Como presidente de la CELAC a partir de 2020, México adquiere responsabilidades en ese sentido. Ojalá que México mire más al sur de lo que lo ha hecho hasta ahora y tome conciencia de que una asociación con América Latina le puede incluso ayudar a sus negociaciones con Estados Unidos. Para esto, me parece que la reunión de Alberto Fernández y Andrés Manuel López Obrador puede ser muy provechosa.
Para la integración regional efectiva la situación de Venezuela es un drama y representa un desafío. Creo que una transformación muy profunda como la que logró el presidente Chávez ha quedado desvirtuada. Terminó en una dictadura. Se necesitan elecciones, vigiladas y arbitradas internacionalmente. Lo que de ninguna manera se puede permitir es una intervención militar, como han propuesto varios, entre ellos, Trump y el propio Guaidó. La situación de Bolivia, muy comentada últimamente, es delicada pero no es de ninguna manera comparable. Evo Morales ganó las últimas elecciones legítimamente, aunque los primeros resultados fueron manejados de forma muy desprolija. Creo que Evo Morales debió haber respetado el referéndum que le impedía presentarse a la elección pero, dado que esa elección tuvo lugar, es preciso respetar su resultado.
El segundo de los retos es avanzar hacia políticas posneoliberales. Tenemos que abandonar la idea de que los mercados son los que resuelven los problemas. Para ello necesitamos de innovación tecnológica, cambios en las estructuras productivas y mayor responsabilidad del Estado.
Finalmente, nuestro tercer reto regional es la profundización democrática. La democracia tiene que responder a los ciudadanos abriendo amplios espacios de participación. Instrumentos como la Iniciativa Popular de Ley son un ejemplo de esto. Los ciudadanos deben contar con la posibilidad de canalizar sus energías y obligar a los parlamentos y gobiernos a pronunciarse con respecto a las materias que ellos establezcan.
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