Exmo. Señor
Teodoro Ribera N.
Ministro de Relaciones Exteriores
Presente
Estimado señor Ministro:
Me permito hacer referencia a las reiteradas demandas del Foro Permanente de Política Exterior, junto a numerosos actores políticos, académicos y de la sociedad civil, pidiendo que cuanto antes Chile se incorpore al Acuerdo de Escazú entre naciones latinoamericanas y del Caribe. La negativa a firmar no tiene apoyo transversal en el país y las razones dadas no han sido convincentes.
Esta grave decisión -tomada en el último momento por el Gobierno- introduce una división interna en circunstancias que no hay evidencia que el liderazgo y los planteamientos de Chile y Costa Rica fueran cuestionados en el país durante el largo proceso de negociación iniciado en 2012 y que juntos condujeron a buen término en 2018.
Bien sabemos que la falta de unidad interna reduce la credibilidad externa de la política internacional. No queremos que esto pase con la COP 25. Hay grandes expectativas mundiales en todos los niveles. Como chilenos queremos que sea un éxito nacional y global y que sus decisiones avancen significativamente la lucha contra la crisis climática y den prioridad a las políticas que conducen al desarrollo sostenible.
También queremos que sea un éxito para los ciudadanos del mundo y que transmita esperanza a los jóvenes, que han demostrado una extraordinaria capacidad de organización y convocatoria.
El Presidente Piñera tuvo recientemente un exitoso desempeño en sus múltiples actividades en torno a la crisis climática en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Adoptó un discurso reflejando importantes preocupaciones mundiales en torno a la COP25. Su visión la sintetizo en que “el desarrollo será sostenible o no será desarrollo”. Que el Presidente de la Republica hable en esos términos es bueno para Chile. Compromete y le da presencia al país frente a la comunidad internacional y a sus conciudadanos. Y lo ha seguido con algunos anuncios locales, mencionando incluso la posibilidad de considerar la suscripción del Acuerdo de Escazú.
Sin embargo, el tratamiento que el Gobierno ha dado a la firma y eventual ratificación del Acuerdo lo ha transformado en un tema innecesariamente contencioso que sectores interesados observan más allá de nuestras fronteras.
Ello afecta la credibilidad de esas palabras del Presidente en Naciones Unidas ante una sociedad civil internacional que estará presente en masa en Santiago. Eso no le conviene a Chile. Choca con las enormes movilizaciones de los ciudadanos en tantas partes del mundo exigiendo participación, acción y cambio. Pensamos que la Conferencia debe reconocer y reforzar el derecho de la sociedad civil y el amplio mundo no gubernamental a ser parte integral de los procesos nacionales e internacionales en curso en estas materias y los que resulten de sus decisiones.
Es por todo esto que le damos tanta importancia a Escazu para nuestra región. Su nombre oficial es precisamente “Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en América Latina y el Caribe.
Justificando su reticencia, el Gobierno ha señalado que el hecho de no firmar el Acuerdo se fundamenta en que éste afectaría la soberanía de Chile y sus intereses. Ha circulado que unas de las razones para ello reside en el otorgamiento de competencia a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) para resolver eventuales controversias respecto a la interpretación o aplicación del Acuerdo, con expresa mención a la posibilidad de nuevas demandas de Bolivia a Chile. Se piensa esto a pesar del categórico dictamen final de la CIJ acerca de la no existencia de obligaciones de Chile de negociar con Bolivia una salida soberana al mar para el país altiplánico.
Siempre hemos tenido plena adhesión a la solución pacífica de controversias por las vías que el derecho internacional establece, entre las cuales está la solución judicial. En el caso de Escazú es perfectamente claro que la intervención de la CIJ queda entregada a la voluntad de las Partes. En efecto, el párrafo 2 del artículo 19 señala expresamente que cuando una Parte firme, ratifique, apruebe el Acuerdo o se adhiera a él, o en cualquier otro momento posterior, podrá indicar por escritoal Depositario, en lo que respecta a controversias que no se hayan resuelto por negociaciones o cualquier otro medio de solución de controversias, que acepta considerar obligatorio el sometimiento del asunto a la CIJ o al arbitraje. Por tanto, es claro que si Chile no hace aquella manifestación por escrito no opera ni la competencia de la Corte ni el arbitraje.
El otro argumento que se ha mencionado en relación con Bolivia es la referencia que se hace en el artículo 11 del Acuerdo (respecto del fortalecimiento de las capacidades de los Estados Parte, con el fin de implementarlo) a la “especial consideración” con los países menos adelantados, los países sin litoral y los pequeños Estados insulares en desarrollo de América Latina y el Caribe. Si una disposición de esta naturaleza impide que Chile se incorpore al Acuerdo de Escazú o a otro tratado que haga referencias semejantes, se llegaría al absurdo de que Chile no hubiera podido vincularse a una tan importante Convención como la del Derecho del Mar de 1982, toda vez que dicho tratado establece en el artículo 69 que “los Estados sin litoral tendrán derecho a participar, sobre una base equitativa, en la explotación de una parte apropiada del excedente de recursos vivos de las zonas económicas exclusivas de los Estados ribereños de la misma subregión o región,…….”. Por lo demás, Chile ha demostrado consistentemente que el tratamiento que le otorga a Bolivia como país mediterráneo es uno de los mejores entre los países sin litoral.
Por otra parte, si Bolivia llegara a formular cualquier demanda intentando utilizar el articulado de Escazú, además de denegarse ipso jure esa pretensión, en conformidad a lo señalado precedentemente, sería éste un acto unilateral de reconocimiento de su mediterraneidad efectiva y jurídica por parte de Bolivia.
Planteamos claramente que la justificación de la reticencia del Gobierno respecto de Escazú es sumamente débil y afecta importante intereses nacionales. No comprendemos el afán de devaluar la victoria nacional en la CIJ, que recientemente celebramos en la Cancillería, y que irrevocablemente favorece a Chile. Reiteradamente se ha transmitido la impresión y creado el temor que Chile correría serios riesgos ante Bolivia por firmar Escazú. Dicha aseveración -que no se ha podido sustentar jurídicamente- transmite una sensación de temor completamente injustificada, que debilita la imagen de Chile y va claramente en contra del interés nacional.
Por el contrario, tras el juicio en la CIJ, se abre un periodo de grandes oportunidades en la relación con Bolivia si la abordamos con una amplia visión prospectiva. Debemos tener la imaginación y una voluntad política compartida para llevar adelante las grandes convergencias posibles a partir de una comunidad de valores e intereses en torno al desarrollo y la integración bilateral y regional.
Resulta por tanto muy difícil entender cuál es la lógica de la decisión gubernamental respecto del Acuerdo de Escazú. Ello da paso a conjeturas sobre la verdadera razón para tener una actitud refractaria al respecto. Pareciera que en el gobierno estaría primando una discordancia no declarada con el objetivo de fondo de dicho tratado cual es, como su título lo señala, que los Estados perfeccionen el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en los asuntos ambientales. Ello no sería de extrañar puesto que actores del mismo sector político del Gobierno se han opuesto a la obligación de consulta y participación de los pueblos originarios en el país, consagrada en el Convenio 169 de la OIT.
Se aproxima la COP25. El Foro Permanente de Política Exterior respaldará la acción internacional del gobierno para liderar su gestión multilateral, en el entendido de que ella mantenga en alto los valores fundamentales de política exterior de nuestro país, así como el resguardo de los intereses permanentes de Chile. El mantenimiento de la paz y el desarrollo sostenible requieren de la cooperación entre los Estados y la integración de sus acciones.
Por último, el Presidente de la República, en reunión con los ex cancilleres, en la cual usted Ministro participó, expresó que si no existían las dificultades vistas por él en el Acuerdo, no tendría inconveniente en firmarlo. Es evidente que ninguno de los temores del Presidente están fundados.
Por ello, el Foro Permanente de Política Exterior insta al Presidente de la República a firmar el Acuerdo de Escazú, previo a la COP 25, por el valor en sí mismo y por las positivas consecuencias de su accionar para Chile, tanto a nivel nacional como regional e internacional.
Lo saluda atentamente,
Juan Somavia A.
Presidene
Foro Permanente de Política Exterior
