Chile y Argentina se han comprometido a resolver su nuevo diferendo de forma dialogada y pacífica, queriendo desactivar cualquier temor internacional a que ambos países puedan entrar en una escalada como la que en 1978 los situó al borde de la guerra por la disputa de la soberanía de las islas del canal de Beagle, que conforman la punta final del continente americano.
El Tratado de Paz y Amistad que los dos países firmaron en 1984 distribuía el área de interés sobre el Atlántico y sobre el Pacífico, el primero para Argentina y el segundo para Chile. Así hasta ahora, que Buenos Aires interpreta que esa línea divisoria llega hasta la Antártida, mientras que Santiago insiste en que solo se prolonga hasta un cierto punto, al sur del cual no se estableció ningún reparto.
En juego no hay ningún área que secretamente ambos gobiernos consideren de especial valor económico; tampoco en la actuación de cada cual ha habido estrictamente un cálculo de oportunidad política o electoral; estamos ante la reacción geopolítica de dos naciones que quieren evitar una interpretación del derecho internacional que pueda limitar sus expectativas nacionales en relación a la Antártida y al mar que la rodea, una región especialmente estratégica para los dos vecinos del Cono Sur.
Diferencias sobre el Tratado de 1984
La nueva discusión, que estalló a finales de agosto y supuso un cruce de acusaciones que se extendió a septiembre, afecta directamente en realidad a un territorio marítimo no muy extenso –unos 5.300 kilómetros cuadrados (el tamaño de Cantabria)–, pero supone el cuestionamiento por primera vez de un principio nuclear contemplado en el Tratado de 1984: que la vertical que se traza desde el cabo de Hornos, la punta sur de Sudamérica –el meridiano 67˚ 16’ O–, supone de alguna manera la divisoria entre Pacífico y Atlántico y también entre las reclamaciones entre chilenos y argentinos.
Durante muchos años, ninguno de los dos países se fijó en el espacio marítimo al sur del límite de las 200 millas de las respectivas zonas económicas exclusivas. El problema surgió cuando luego la ONU permitió prolongar esas zonas hasta las 350 millas si la respectiva plataforma continental se extiende más allá. Argentina parece interpretar que la línea divisoria del Tratado binacional llega hasta la Antártida, mientras que Chile advierte que la línea solo llega hasta el llamado «punto F», que el Tratado presenta como «confín definitivo e inconmovible», al sur del cual no habría ningún reparto preestablecido. De hecho, el Tratado no habla de Atlántico y Pacífico sino de «Mar de la Zona Austral». Ambos gobiernos han pasado a reclamar un espacio en parte coincidente vulnerando mutuamente la interpretación del Tratado que hace el otro.
Mapas enfrentados
Argentina elaboró una propuesta de «plataforma extendida» que incluía una incursión, en forma de pequeña media luna, al sur del «punto F» (los 5.300 kilómetros cuadrados que se ahora se disputan ambos países), «que subtiende del espolón de Tierra de Fuego bajo soberanía argentina ala norte del canal de Beagle», y en 2009 la presentó a la Comisión de Límites de la Plataforma Continental de Naciones Unidas (CLPC por sus siglas en inglés). Esta Comisión dio en 2016 el visto bueno al trazado argentino, que luego fue ratificado como ley por el Congreso de Argentina y publicado en 2020 por el propio país como mapa oficial.
Argentina insiste en que en ningún momento Chile objetó propiamente el paso dado por su vecino. Chile asegura que en 2016 envió una nota a Buenos Aires manifestando su disconformidad, pero la Cancillería argentina advierte de que esa nota hablaba de «imprecisiones» y no planteaba «objeciones», de ahí su manifestada sorpresa por la reacción oficial que se produjo el pasado mes de agosto.
El 23 de agosto, el presidente Sebastián Piñera aprobó un decreto que actualizaba la carta náutica de Chile, con una «plataforma continental extendida» que, al sur del «punto F», traspasaba hacia el este el meridiano 67˚ 16’ O, prolongando los derechos de las islas Diego Ramírez y solapando la incursión en forma de media luna establecida por el mapa argentino. Argentina critica que Chile haya traspasado el meridiano, aunque el conflicto más inmediato se restringe a ese solapamiento de 5.300 kilómetros cuadrados.
Acusaciones mutuas
El 3 de septiembre, el canciller argentino, Felipe Solá, envió a Chile una nota formal de protesta con fuertes críticas al Gobierno chileno, asegurando que la decisión de Piñera «evidencia una vocación expansiva que la Argentina se ve obligada a rechazar». La Cancillería argentina indicó que «Chile con este decreto intempestivo se apropia de una parte de la plataforma continental argentina»; el canciller chileno, Andrés Allamand, respondió que «nadie se apropia de lo que no le pertenece», precisando que la zona económica exclusiva no supone soberanía sino únicamente derecho a la explotación. Además, Chile argumenta que la CLPC es solo un «órgano científico» que examina si las reclamaciones que hacen las diferentes naciones tienen base geográfica, pero «la Comisión no adjudica derechos entre estados; no lo podría hacer porque no es un tribunal».
En esos días hubo una especial suspicacia diplomática entre las dos naciones vecinas. La visita que el 1 de septiembre tenía que hacer a Valparaíso el buque escuela argentino, la fragata Libertad, se vio cancelada ante unas medidas sanitarias extremas en el contexto de la pandemia por Covid solicitadas por las autoridades chilenas. Argentina vio en ello un acto de represalia por su rechazo a los planteamientos chilenos en materia de límites marítimos, pero la confrontación no fue a más. De hecho, a finales de septiembre la Armada argentina mantuvo una reunión con su contraparte chilena para la firma de nuevos programas de cooperación.
La pugna ciertamente ha bajado de tono y es posible que el diferendo pueda mantenerse en un marco de diálogo, pero las aspiraciones de chilenos y argentinos sobre el mar austral y la Antártida son imperativos nacionales en los que es difícil cualquier cesión.
Contenido Publicado en ABC
