El Foro Permanente de Política Exterior manifiesta su preocupación y rechazo ante un conjunto de decisiones de política exterior del Gobierno de Chile que significan un abandono grave, sistemático y creciente del compromiso del Estado de Chile con uno de sus principios básicos y centenarios de política exterior: el respeto y promoción del derecho internacional y el multilateralismo.
Las iniciativas que ha llevado a cabo este Gobierno desde que asumió en marzo del 2018 se han alejado en forma clara de una Política Exterior de Estado, adoptándose decisiones erradas en el ámbito regional y mundial, donde se nos consideraba un país consecuente con sus principios de seriedad, respetabilidad y confiabilidad, valor intangible este último que constituye uno de los pilares de nuestra acción internacional.
Desde 2014 Chile coordinó junto con Costa Rica el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, o Acuerdo de Escazú, para finalmente no concurrir al momento de su firma firmar en septiembre de 2018. El gobierno incumplió así el principio de continuidad del Estado, recurriendo a una serie de argumentos que desde luego no comparten los 22 estados de la región que sí han firmado el acuerdo hasta la fecha, debilitando la posición nacional en las negociaciones multilaterales sobre cambio climático, cuyo punto más bajo ha sido la suspensión de la COP 25 el 2019.
También el 2018, y luego de haber participado activamente en la negociación del Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular, o Acuerdo de Marrakech, que no es otra cosa que una declaración para la gobernanza global de la migración, Chile terminó retirándose de la reunión, en momentos de la peor crisis migratoria global y de América Latina.
En abril de 2019 el Gobierno de Chile emitió una nota proponiendo modificaciones al Sistema Interamericano de Derechos Humanos que podrían debilitar gravemente el régimen de protección de los derechos fundamentales que ha sido construido en nuestra región.
En julio de 2019 Chile se abstuvo de la resolución del Consejo de Derechos Humanos que establecía una comisión para investigar las repetidas violaciones los derechos humanos en la llamada “guerra contra la droga” que lleva adelante el Gobierno de Filipinas de Gonzalo Duterte. Ese desprestigio sería profundizado en el estallido social de octubre de 2019, cuando el propio Estado de Chile ha sido acusado de haber violado los derechos humanos de sus ciudadanos por primera vez desde el término de la dictadura.
También es sabido que contraviniendo las opiniones y recomendaciones provenientes tanto del espectro opositor como de su propia coalición, el gobierno anunció el cierre inconsulto e injustificado de cinco embajadas con vínculos muy importantes para Chile, en Europa y el Medio Oriente. Las severas críticas de muy diversos sectores han obligado a que el gobierno postergue y, probablemente, renuncie a lo anunciado. Todo lo cual pudo haberse evitado si, como ha sido históricamente habitual, hubiera consultado a actores tanto de gobierno como de oposición y a expertos internacionalistas.
Adicionalmente, el Gobierno de Chile ha adoptado un conjunto de decisiones que han profundizado las señales de creciente distanciamiento del multilateralismo y del compromiso con la mantención de la paz y la seguridad internacional en un momento de creciente deterioro de ambos bienes públicos globales, al decidir el término de operaciones de paz de importancia estratégica, dañando severamente el prestigio del país ante la comunidad internacional.
La primera decisión en tal sentido fue adoptada en julio de 2018, cuando el Gobierno revirtió la contribución la Misión Unidimensional Integrada de las Naciones Unidas para la Estabilización en la República Centroafricana (MINUSCA), donde participaban desde 2016 oficiales de estado Mayor del Ejército, Fuerza Aérea y Armada. Con esto se puso término a la participación comprometida por el país en la Cumbre de Operaciones de Paz de las Naciones Unidas de los aproximadamente 400 integrantes de las fuerzas armadas, hombres y mujeres, que participaban en la Misión de Naciones Unidas Para la Estabilización de Haití (MINUSTAH).
El gobierno ha tomado la decisión de poner término a la participación en el Grupo de Observadores Militares de Naciones Unidas en India y Pakistán (UNMOGIP), una de las primeras operaciones de paz de Naciones Unidas que data de 1949, y en la que Chile ha estado presente desde ese año, precisamente en un momento en que la cooperación internacional es más necesaria debido al recrudecimiento de la tensión en la zona.
El gobierno ha tomado también la decisión de terminar la participación de Chile en la Fuerza de las Naciones Unidas Para el Mantenimiento de la Paz en Chipre (UNFICYP), en la que participan observadores del Ejército y de la Armada bajo bandera argentina, como parte de una Fuerza Militar Conjunta establecida en el marco de los acuerdos de confianza mutua con Argentina.
A estas se suman la decisión del gobierno de reducir severamente su contribución a la operación ALTHEA, de la Unión Europea en Bosnia Herzegovina, con mandato del Consejo de Seguridad de la ONU, así como la suspensión del envío que correspondía de oficiales desde Chile al Estado Mayor de la Fuerza Conjunta y Combinada Cruz del Sur para el periodo 2020-2021 en Buenos Aires.
El Gobierno ha decidido reducir asimismo la participación en la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia (UNVMC), dando una señal de debilitamiento de su apoyo al proceso de paz más importante de la región, en un momento en que continúan los ataques contra el mismo, así como contra centenares de dirigentes sociales y políticos de ese país.
Esas decisiones, junto con el intento de cierre inconsulto de las embajadas de Chile en Argelia, Dinamarca, Grecia, Rumania y Siria, constituyen un complejo distanciamiento de la Unión Europea; un debilitamiento de los vínculos de defensa con un socio estratégico, Argentina; y una disminución del apoyo político al proceso de paz en Colombia. En estos dos últimos casos, Argentina y Colombia, se trata de países claves en la perspectiva de un necesario relanzamiento de una real cooperación, diálogo político e integración sudamericana.
El gobierno debe revertir este retroceso internacional que ha dañado severamente los intereses nacionales. La fortaleza del país ha radicado siempre en su respeto y adhesión al multilateralismo y a la cooperación internacional y regional. Con sus determinaciones, la actual administración está llevando a Chile a un desprestigio y retroceso en la política internacional.
