El gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo propina, nuevamente, un golpe brutal a la libertad y los derechos humanos del pueblo nicaragüense al dictar altas condenas contra dos jóvenes presos políticos acusados de “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional en perjuicio del Estado y la sociedad nicaragüense”.
Este injusto e irracional castigo afecta a los primeros presos políticos juzgados de entre más de 40 personas detenidas a partir de mayo de 2021.
Frente a este violento escenario, el Foro Permanente de Política Exterior (FPPE), hace un llamado urgente a solidarizar con sus familias y con el movimiento democrático del país centroamericano, que hoy sufre una nueva escalada represiva, bajo el influjo de la Ley 1055 “Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz”. En ese contexto, ya se ha condenado en juicios sin acceso al público y sin garantías judiciales, así como con penas desproporcionadas, al líder estudiantil Lesther Alemán, a los activistas sociales Muhamar Vado y Yader Parajón, a la activista y defensora de derechos humanos Ana Margarita Vijil, y a Dora María Téllez, líder social y política y ex luchadora contra la dictadura de Somoza.
Esta normativa, aprobada sin debate por la Asamblea Nacional (diciembre 2020) permitió silenciar la crítica y suprimir la competencia política en vistas a las elecciones del 7 de noviembre de 2021. Hoy se esgrime, junto a normas penales amplias, para condenar a cárcel a los presos de conciencia.
El FPPE hace suyas las declaraciones del Centro Nicaraguense de Derechos Humanos (CENIDH), que denunció los juicios como “farsas represivas que el régimen utiliza para emitir sentencias condenatorias y seguir intimidando a la población hasta su sometimiento total”.
Saluda también el pronunciamiento emitido por la Asociación Madres de Abril (AMA), conformada por los familiares de las víctimas mortales del estallido social de 2018, quienes denuncian que los juicios llenos de arbitrariedades y violatorios de los derechos humanos, “no sólo deben ser declarados nulos sino considerados una nueva oleada de “crímenes de lesa humanidad”.
Asimismo, condena enérgicamente la cancelación de las personalidades jurídicas de al menos doce universidades y nueve organizaciones de la sociedad civil, entre el 2 y el 3 de febrero recién pasado, lo que se suma a la persecución sistemática a la disidencia y a la prensa independiente, que ya ocurría con anterioridad, afectando con ello gravemente las bases de una sociedad democrática con ciudadanos y ciudadanas informadas y críticas.
Como parte del movimiento democrático y progresista latinoamericano, el FPPE convoca a gobiernos democráticos y organizaciones internacionales de la región a no permanecer impasibles ante los graves acontecimientos que tienen lugar en Nicaragua.
Llama en particular al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en su 49º sesión que comienza el 28 de febrero a impedir que se normalice la concentración del poder, el debilitamiento del Estado de Derecho, la arbitrariedad y la violación de los derechos humanos en la tierra de Augusto César Sandino, donde centenares de jóvenes lucharon por la justicia y la libertad, hoy tan lejana.
Foro Permanente de Política Exterior de Chile
