Estados Unidos va a denunciar las violaciones contra los derechos humanos sin importar dónde se produzcan y si son cometidas por países aliados, prometió este martes (30.03.2021) el jefe de la diplomacia, Antony Blinken, marcando una ruptura con el Gobierno de Donald Trump.
En el primer informe anual sobre los derechos humanos editado bajo el Gobierno de Joe Biden, el Departamento de Estado aseguró que Washington va a oponerse a las «violaciones de los derechos humanos donde sea que se produzcan y sin importar quienes sean los responsables, si son rivales o aliados».
Blinken insistió especialmente en señalar el «genocidio cometido contra los uigures mayoritariamente musulmanes» en la región china de Xinjiang y la represión de las Fuerzas Armadas birmanas contra manifestantes que se oponen al golpe de Estado. «La tendencia en materia de derechos humanos sigue avanzando en la dirección equivocada. Vemos evidencias de eso en todas las regiones del mundo», indicó a la prensa durante la presentación del informe.
El funcionario también criticó al Gobierno de Trump, que centró su política en algunos derechos específicos como la libertad religiosa, a veces en detrimento de derechos de minorías o del acceso al aborto. «No hay una jerarquía que haga que algunos derechos sean más importantes que otros», afirmó. Como parte del cambio de tono, Blinken reconoció los desafíos que enfrenta su propio país, incluyendo la lucha contra el «racismo sistémico. Esto es lo que separa la democracia de las autocracias: nuestra capacidad y nuestra voluntad de confrontar nuestras deficiencias abiertamente», señaló anticipándose a posibles críticas.
¿Qué dice el informe sobre América Latina?
Entre las violaciones a derechos humanos analizadas, el informe reporta señalamientos de «ejecuciones ilegales o arbitrarias» a manos de los cuerpos de seguridad en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Paraguay y Venezuela. Asimismo, Washington registra casos de «torturas y casos de tratos o penas crueles» en Bolivia, Colombia, Cuba, República Dominicana, El Salvador, Ecuador, Honduras, México, Nicaragua y Venezuela.
El documento también registró problemas «con la independencia del Poder Judicial» en Argentina, Bolivia, Cuba, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Paraguay, Perú y Venezuela. Asimismo, Estados Unidos señala distintos niveles de gravedad en los «actos de corrupción» gubernamental de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, República Dominicana, El Salvador, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Paraguay, Perú y Venezuela.
Por otra parte, las restricciones a la libertad de expresión y de prensa, dentro de las que se incluyen algunos casos de «violencia contra periodistas por parte de las fuerzas de seguridad del Estado y la censura», estuvieron presentes en 2020 -según Washington- en Bolivia, Brasil, Cuba, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay y Venezuela.
De igual forma, Estados Unidos criticó la «falta de investigación y rendición de cuentas por la violencia contra la mujer» o la violencia contra «personas LGBTI» en Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, República Dominicana, El Salvador, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Paraguay y Venezuela. En contraste, la Casa Blanca afirmó que Costa Rica «no tiene informes de abusos importantes contra los derechos humanos».
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