INTRODUCCIÓN
Sin tener rango constitucional y estando extremadamente concentrada en el Jefe de Estado, históricamente Chile ha tenido en democracia una activa política exterior. Con presencia, y a veces influencia en el cuadro regional e internacional, superior a su tamaño y condiciones generales de país. Ello ha sido particularmente cierto en el terreno multilateral, en donde desde su inicio hemos sido actores de primera línea dentro del sistema de Naciones Unidas como un país redactor de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. A nivel regional resalta el esfuerzo desde los años 1950 y 1960 con la creación de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC), el Pacto Andino y, últimamente, la Alianza del Pacífico, la contribución al Derecho del Mar y la normativa Antártica, entre otras. Ello acompañado de signos de autonomía: como el rechazo a la expulsión de Cuba de la Organización de Estados Americanos (OEA), el Consenso Latinoamericano de Viña del Mar defendido ante el Presidente Nixon y la oposición en el Consejo de Seguridad a la invasión de Iraq. Además, el exitoso proceso de reinserción internacional después de la dictadura, desde una economía abierta, de gran importancia para la política exportadora y expansión económica de Chile, así como para la imagen del país.
A ello se debe agregar un indiscutido protagonismo en eventos e instituciones de importancia que han colaborado a que el país se sitúe significativamente en la comunidad internacional. Por ejemplo: la primera presidencia del Banco Interamericano de Desarrollo, la iniciativa de la Cumbre Social de la Organización de Naciones Unidas (ONU), con Chile como organizador y protagonista; la incorporación a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE); la Secretaría General de la OEA; la Dirección General de la Organización Internacional del Trabajo (OIT); la dirección de “UN Women”, las jefaturas de la operación de paz de la ONU en Haití; y muchos otros cargos internacionales de importancia en las esferas de derechos humanos, desarme, energía, comercio, desarrollo, migración y acción humanitaria, entre otros.
Hoy ‒salvo el caso de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos‒, hemos casi desaparecido del panorama internacional. El retiro del apoyo a los Acuerdos de Marrakesh y Escazú; la imposibilidad de celebrar la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2019 (COP 25); el aventurerismo presidencial en Venezuela; junto a sucesivos eventos en los cuales se ha desconocido el valor de una política de Estado, han sumido al país en un rol mediocre a nivel continental e inexistente a nivel internacional. En América Latina, se conserva un cierto protagonismo derivado de las crisis que se viven en el vecindario. El papel cumplido por una abogada chilena experta en derechos humanos como presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) es una excepción en esta situación, sumado a ello la más reciente elección de una diplomática de prestigio como jueza en el Tribunal del Derecho del Mar.El debate constitucional se ha instalado a raíz de que la sociedad chilena demandara la profundización, fortalecimiento de la democracia y el estado de derecho; el respeto y protección de los derechos humanos; grados crecientes de participación ciudadana que permitan reflejar de manera integral sus opiniones e intereses; un Estado descentralizado con regiones y municipios que impulsen el desarrollo territorial diverso y equilibrado y un reparto equitativo de la riqueza, además de una justicia social y medio ambiental con igualdad de género.
Este escenario exige tener una visión compartida que, desde América Latina, nos permita confrontar una realidad global compleja. Es necesario establecer condiciones necesarias para avanzar en el diálogo político y la concertación regional, preservando el marco de una Zona de Paz, la renovación de las instituciones y espacios multilaterales, y la defensa de las libertades a las cuales tienen derechos todos los seres humanos.
Chile ha sido parte activa de la experiencia interamericana por la promoción de la paz. Junto a Argentina, Brasil y Estados Unidos fue garante del “Protocolo de Río de Janeiro” de 1942, para salvaguardar la paz entre Ecuador y Perú. Tras la reanudación de la confrontación en 1995, episodio que concluyó con la firma del “Acuerdo de Itamaraty”, nuestro país se integró a la Misión de Observadores Militares Ecuador-Perú (MOMEP). En el presente siglo destaca la participación chilena en la Misión de Naciones Unidas para la Estabilización de Haití (MINUSTAH), y en la Misión de Verificación de la ONU para el Acuerdo de Paz entre el Gobierno y las FARC-EP (2016), tras cuatro años de negociación en las que Chile participó en la categoría de país acompañante. Es igualmente importante destacar el esfuerzo desarrollado en el Consejo de Defensa Suramericano (CDS) de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) para el fomento a la confianza mutua y la seguridad, cuyo plan de acción ha permitido resultados visibles en tiempos acotados.
A nivel global, se manifiesta una crisis multidimensional con el importante deterioro de las economías nacionales y global, junto a la desconfianza en las instituciones nacionales que se refleja en los masivos estallidos sociales en muchos países. Además, la supervivencia del planeta se encuentra amenazada por el cambio climático, una serie de bienes públicos involucran en su provisión a todos los países, y la protección y promoción de los derechos humanos se ha convertido en una obligación que traspasa fronteras.[1] Las demandas por mayor igualdad, justicia, cambios del modelo económico y social, más seguridad y mayor transparencia y participación en las decisiones emergen en este panorama, que se agrava con el debilitamiento de los espacios multilaterales de diálogo y negociación.
El escenario bipolar de posguerra que persiste hasta fines de la década del ochenta también cambia, y se modifica el ámbito global con el surgimiento de actores con perspectivas nuevas e intereses nacionales diversos. Al mismo tiempo, el eje del poder mundial se ha trasladado desde el océano Atlántico hacia el Asia-Pacífico, y la intensificación de la pugna entre la República Popular China y los Estados Unidos altera la gobernanza internacional. La Organización de las Naciones Unidas se ve exigida, más allá de las capacidades reales de sus miembros, al enfrentar la compleja situación internacional. La pandemia del Covid-19 no ha hecho más que agravar las crisis estructurales y nos sitúa en escenarios precarios e inciertos en términos nacionales, regionales e internacionales.
Todo ello tiene una expresión concreta en la proyección internacional de Chile y crea las condiciones que, entre otras, hacen imprescindible consignar en nuestro ordenamiento jurídico la pertenencia a un mundo que exige soluciones globales y multilaterales a problemas que han superado los marcos del Estado-Nación, y que al mismo tiempo tienen una fuerte expresión local.
El Foro Permanente de Política Exterior postula que un nuevo marco constitucional permite una mirada sistémica, de futuro, donde se juegue la política exterior de Chile en las próximas décadas. Esto conlleva identificar de manera más precisa y autónoma los intereses nacionales frente a las grandes potencias, levantando nuevos cimientos para la independencia nacional y superando el concepto clásico de soberanía, con visiones de interdependencia ineludibles en la realidad contemporánea.
Todo ello nos conduce a impulsar la idea de que en la nueva Constitución no solo se debe modernizar la inserción de la política exterior en el texto constitucional con una matriz de principios y elementos constitutivos, sino que esta puede enmarcarse en un nuevo Sistema de Política Exterior que dé sustento organizacional en el tiempo a una política exterior de Estado. Esta última supone una unidad y consenso que conduzca a la adaptación y cambios requeridos según el tema y momento para enfrentar los desafíos de la agenda internacional, bilateral y multilateral, coherente con la política interna y abierta al debate democrático.
[1] Los bienes públicos globales tienen la característica central de la no exclusividad y la no rivalidad en su alcance y disfrute, y es responsabilidad de todos los Estados hacer los esfuerzos necesarios para su provisión a toda la humanidad. Los principales bienes públicos globales corresponden a 1) estabilidad económica, 2) seguridad internacional, 3) protección del medioambiente, 4) asistencia humanitaria y 5) conocimiento.
