Argentina enfrenta desafíos similares a todos los países de América Latina: la pandemia del coronavirus y su correspondiente crisis social y económica. Tiene, sin embargo, una dificultad adicional. Su situación fiscal no le permite sostener una política de apoyo sustantivo a los ingresos de los trabajadores confinados o desempleados y a las empresas en riesgo de quiebra. La llamada “restricción externa” que ha acompañado a la economía argentina en las últimas décadas ha llegado, una vez más, a un punto crítico: el pago de intereses y capital de la deuda externa para 2020 alcanza los 58.000 millones de dólares. De allí que el Gobierno del Presidente Alberto Fernández, a pocas semanas de instalado, haya debido enfrentar una crisis fiscal ya anunciada y otra de magnitud mucho mayor e imprevista.
Desde el punto de vista político Fernández, hasta ahora, ha logrado ir sorteando ambos desafíos con bastante solvencia. No deja de ser sorprendente que después de más de dos meses de declarada la pandemia su gestión obtenga el apoyo del 80% de la opinión pública, lo que se compara muy favorablemente con el 48% que obtuvo en la elección de octubre del año pasado.
Para combatir la expansión del coronavirus, el Gobierno argentino adoptó desde el comienzo el modelo de implantar cuarentenas muy estrictas. No es todavía el momento de evaluar los resultados de esta estrategia, ya que la pandemia está lejos de ser controlada, sin perjuicio de que el número de muertos por millón -siete- se ubica en el rango inferior, no solo de los países de América Latina, sino que a nivel mundial. Sin embargo, más que por sus resultados, la política sanitaria se ha caracterizado por haberse construido sobre la base de un amplio acuerdo nacional, que incluye a todos los Gobernadores provinciales, lo que en un país federal es una condición indispensable para el éxito de cualquier estrategia de salud pública. Particularmente destacado ha sido el acuerdo logrado entre el Gobierno Nacional, el de la Provincia de Buenos Aires y el de la Capital Federal. Un acuerdo indispensable ya que la Capital Federal y el llamado conurbano de Buenos Aires constituyen una sola unidad territorial, económica y de servicios. Sin embargo, el acuerdo sustantivo para enfrentar la pandemia entre Fernández, el Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, estrecho colaborador del ex Presidente Macri, y el Gobernador de la Provincia Axel Kiciloff, una de las autoridades más cercanas a la Vicepresidenta Cristina Kirchner, tiene una especial significación en un sistema político que en los últimos años ha estado marcado por la aguda confrontación entre el macrismo y el kirchnerismo. La foto del viernes de la semana pasada del mandatario junto a Kiciloff y Rodríguez Larreta anunciando de conjunto la extensión de la cuarentena es una poderosa señal de unidad nacional para enfrentar la crisis social y sanitaria. No faltan voces críticas, por cierto. Hay quienes dentro de su campo critican a Rodríguez Larreta por su excesivo acercamiento al Gobierno, y un sector del empresariado exige una más rápida vuelta a la normalidad, pero hasta ahora parecen voces minoritarias. En Argentina, como en todas partes, en situaciones de aguda crisis la ciudadanía reclama y premia a las autoridades que dan conducción y construyen acuerdos amplios para enfrentarlas.
La deuda externa supera los 300 mil millones de dólares, equivale a un 90% del PIB, y está contraída en un 80% en dólares. Del total, 45 mil millones corresponden a un préstamo extraordinario -tanto por su monto como por la rapidez de su aprobación- concedido por el Fondo Monetario Internacional (FMI) al Gobierno de Macri, que se destinaron principalmente al pago de deuda. La historia de la “restricción externa” en la Argentina es larga. Según un periodista económico de prestigio, Mauricio Zaiat, ella se debe a que “no hay dólares para todos, en todo momento y en la cantidad que se quiere”. Sin embargo, el actual escenario es particularmente crítico. Para una comparación reciente, durante los Gobiernos anteriores la deuda alcanzaba el 52% del PIB y estaba contraída fundamentalmente en pesos, pues debido a los pleitos con los llamados fondos buitres, que no aceptaron la renegociación realizada después del default decretado en 2003, el país prácticamente no tuvo acceso a la banca privada extranjera y nunca en esos años acudió al FMI.
Además, la economía entró en recesión ya a finales de 2017. En 2018 hubo un crecimiento negativo del 2,5% y el 2019 del 2,2. Las proyecciones de CEPAL para este año apuntan a uno negativo del 6.5%.
En este escenario dramático, el Gobierno ha manifestad su voluntad de cumplir sus compromisos, pero al mismo tiempo de que la deuda no es sostenible, por lo que es indispensable reestructurarla. Las negociaciones iniciales fueron con el FMI para repactar la deuda contraída en el Gobierno anterior. Finalmente, aunque aún no se ha concretado el acuerdo definitivo, la respuesta del Fondo ha sido inusualmente positiva. Su Directora Gerente, Cristalina Giorguieva ha dicho que “lo que hemos declarado claramente es que la deuda no es sostenible. Y es del interés de todos que la Argentina avance en la sostenibilidad de la deuda.” Agregando que “ciertamente estamos todos muy interesados en apoyar a Argentina en su lucha contra la doble crisis: la crisis de la pandemia y el problema de la sostenibilidad de la deuda”.
Alentado por este apoyo, el Gobierno ha planteado a los acreedores tanto internos como externos una propuesta que ha denominado canje de la deuda. Su premisa es que si el país no crece no podrá finalmente pagar su deuda. Y que para crecer en las actuales condiciones de la crisis interna y de la economía global es indispensable obtener una moratoria de tres años, hasta 2023, una pequeña quita del capital del orden del 5%, y una rebaja de las tasas de interés desde un rango del 5 al 2%. La respuesta de los acreedores ha sido negativa. Hasta ahora solo han respondido positivamente los acreedores del 7% del total de la deuda, en su mayoría nacionales.
La propuesta gubernamental ha tenido una respuesta muy positiva tanto a nivel interno, como en círculos intelectuales y especializados extranjeros. Veintidós de los veintitrés Gobernadores, de todo el arco político, suscribieron una declaración de apoyo. El que se restó es porque favorece la declaración inmediata del default. Solo algunas organizaciones empresariales, vinculadas principalmente al sector financiero -y sus voceros en los medios- han criticado la propuesta de canje. A nivel internacional, más de 140 prestigiados economistas de todo el mundo, entre los cuales se cuentan cuatro Premios Nobel, han dirigido una carta a la comunidad financiera internacional en apoyo a la propuesta de restructuración de la deuda externa argentina. Refuerzan la posición de la rebaja de intereses argumentado que ellos fueron contraídos en un escenario financiero y de crecimiento completamente diferentes del actual. Argumentan que “en este momento excepcional de la historia mundial, la oferta propuesta por la Argentina también presenta una oportunidad para que la comunidad financiera internacional demuestre que es capaz de resolver una crisis de deuda soberana de manera ordenada, eficiente y sustentable”.
El Gobierno ha pospuesto hasta el 22 de mayo el plazo para que los fondos acreedores respondan su propuesta de canje. Las voces que surgen de Wall Street anticipan mas bien una respuesta negativa. No se descarta la búsqueda de mediación de algún tercero. Paradojalmente está vez el FMI podría acudir en auxilio de un Gobierno argentino progresista.
Contenido publicado en La Mirada Semanal.
