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José Antonio Viera-Gallo: La provocación

El planteamiento de la convencional María Rivera junto a ocho colegas de cesar todos los poderes del Estado en favor de una asamblea popular de trabajadores fue una provocación. Si esperaba que cayera como una bomba de racimo en la Convención aumentando su fragmentación, fracasó; se produjo el efecto opuesto: todos los miembros de la Comisión de Régimen Político la rechazaron, incluso algunos que un tiempo compartieron la participación en la disuelta Liga del Pueblo. Nadie la defendió.

Disculpen un ejemplo que puede servir para comprender lo sucedido. Al explicar la transformación de la cantidad en calidad en el pensamiento de Hegel, el profesor hacía referencia a la piedra que se lanza a un lago en pleno invierno y cuyo impacto hace que sus aguas se congelen súbitamente, o al punto de ebullición de un líquido que comienza, entonces, a transformarse en vapor. Algo parecido ocurrió con la provocación de María Rivera: cambió el clima de la Convención, cuyos integrantes ya venían dando muestras de preocupación por el rumbo de algunos debates.

¿Hubo falta de cálculo político por parte de quienes hicieron la provocación? Sí y no. Sí, porque tal vez esperaban aumentar la dispersión entre los convencionales, en especial en el sector más a la izquierda, aquéllos que no compartieron el acuerdo político constitucional que dio origen al proceso constituyente; no, porque sabían de antemano que su propuesta no iba a ser aprobada en el pleno y -como lo reconoció la propia María Rivera- estaba principalmente dirigida a la ciudadanía, sobre todo a quienes fueron los colectivos más activos y persistentes del movimiento de octubre. Recuerda bastante a las propuestas del candidato Artés. El grupo de María Rivera siempre ha rechazado a todos los partidos políticos, incluido el FA y el PC, pese a haber coincidido en algunas votaciones.

El hecho es que los planteamientos más extremos fracasaron. Algo similar sucederá seguramente con la propuesta de eliminar las FF.AA. o derogar el Código de Aguas recientemente reformado por amplia mayoría en el actual Congreso. Tampoco han encontrado eco en la opinión pública y es probable que en el conjunto de los colectivos de la protesta social causen más división que unidad. Si la Convención es considerada como una trinchera, una plataforma o una tribuna, no la supieron utilizar. Ni siquiera su provocación llegó al pleno. 

Quedaron aislados.

¿Quiere ello decir que será fácil encontrar el camino para alcanzar 2/3 por parte del resto de los convencionales? Lamentablemente no. No me refiero sólo a la existencia de un sector de derecha intransigente afín a los principios del Partido Republicano, que pueden incluso haber sido elegidos por la UDI y RN. No es una casualidad que la derecha se haya dividido en tres bancadas.

Los 2/3 se pueden alcanzar si hay una convergencia de opiniones que va desde una parte de la derecha hasta el PC, más apoyos de algunos convencionales indígenas y ex Liga del Pueblo. Para lograrlo es indispensable que no existan exclusiones a priori y que el diálogo fluya sin barreras; que se parta por los puntos esenciales de todo texto constitucional, tanto en su parte normativa como orgánica; que cada sector establezca sus prioridades y a partir de ahí se intente alcanzar un consenso sustantivo. Tal como está diseñado el debate en el Reglamento, no existen instancias formales para zanjar las diferencias, lo que hace indispensable los contactos políticos entre los sectores, en la línea de lo planteado por la Mesa hace algunos días.  

Facilitaría el encuentro si hubiera mayor claridad sobre aquello que debe estar plasmado en normas constitucionales y lo que debe quedar entregado al proceso democrático y que se expresará en normas legales, decisiones administrativas y sentencias judiciales. Una nueva Constitución no es punto de llegada donde por fin se entra en la sede del poder y se pueden realizar todos los sueños. La historia -incluso la de nuestro país al inicio de la independencia- da ejemplos de Constituciones moralistas que a poco andar la realidad desecha. Las Constituciones no son tampoco fruto de elucubraciones teóricas de políticos o juristas. Nacen de procesos sociales y políticos y de la capacidad de plasmar un conjunto de normas prácticas capaces de asegurar la convivencia pacífica de la sociedad y el desarrollo de la deliberación democrática, controlando a los poderes y facilitando la realización de ciertos valores, como los derechos humanos. Son, más bien, puntos de partida.

No todas las aspiraciones ciudadanas deben estar recogidas y congeladas en la Constitución. Más bien ella debe generar el cauce para que encuentren satisfacción. Muchas materias planteadas deberían más bien ser materia de discusión política en el Parlamento. Un ejemplo obvio es el de la legalización de la cannabis o la regulación del uso de las aguas, una vez establecido su carácter de bien nacional de uso público y reconocido el derecho preferente de las personas para su consumo familiar. La misma distinción debería darse en el reconocimiento de los pueblos originarios y sus derechos o en materias económicas, ambientales y sociales. Se trata de un criterio general que se pondrá a prueba en múltiples ocasiones, por ejemplo, al garantizar los derechos económicos, sociales y culturales. El debate debiera concentrarse en lo que es privativo de una Constitución, que no es poco. 

Gustavo Zagrebelsky, notable jurista italiano, creador del concepto de “derecho amable” (mite en italiano), argumenta en forma contundente en favor de la distinción entre el marco constitucional y el desarrollo libre del proceso político democrático. Es una vana ilusión pretender congelar la historia.  

Las normas constitucionales deben ser claras y de carácter general. El punto clave está en la arquitectura del Estado y sus instituciones. No sólo de los tres poderes clásicos, sino también de su expresión territorial y la conformación del área de las organizaciones constitucionalmente autónomas tan propias del Estado moderno y su complejidad. Otro punto crecientemente relevante es la forma en que se establezca la inserción internacional del país, sobre todo la vinculación del derecho interno con el derecho internacional en el contexto de la globalización, que abarca todo tipo de materias.

Pasada la provocación, el camino sigue siendo largo, pero más fácil de recorrer.

Contenido publicado en El Librerio

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