Las amenazas se arremolinan alrededor del presidente de Brasil: cada día que pasa, la cantidad de muertes a causa del coronavirus es la más alta del mundo. Los inversionistas están huyendo del país. El mandatario, sus hijos y sus aliados están bajo investigación. Incluso se podría anular su elección.
La crisis se ha intensificado tanto que algunas de las figuras militares más poderosas de Brasil están mandando advertencias de inestabilidad, lo cual produce escalofríos pues podrían asumir el poder y desmantelar la democracia más grande de Latinoamérica.
Sin embargo, lejos de denunciar la idea, el círculo cercano del presidente del país, Jair Bolsonaro, parece clamar por la intervención del ejército en la refriega. De hecho, uno de los hijos del presidente, un congresista que ha alabado la dictadura militar que padeció Brasil, mencionó que era inevitable un quiebre institucional similar.
“La opinión ya no gira en torno a si ocurrirá, sino cuándo sucederá”, le dijo hace poco el hijo del presidente, Eduardo Bolsonaro, a un prominente bloguero brasileño, al advertir que sucedería una inminente “ruptura” en el sistema democrático de Brasil.
El conflicto delinea un arco ominoso para Brasil, un país que se sacudió de encima el yugo del gobierno militar en la década de 1980 para luego construir una democracia boyante. Dos décadas después, Brasil llegó a representar la energía y la promesa del mundo en vías de desarrollo, con una economía floreciente y el derecho a albergar la Copa del Mundo y las Olimpiadas.
Desde entonces, la economía se ha tambaleado, los escándalos de corrupción han derrumbado o entrampado a muchos de sus líderes y una batalla con juicio político expulsó a un poderoso gobierno de izquierda.
Jair Bolsonaro, un capitán retirado de las fuerzas armadas, ingresó en ese tumulto: celebró el pasado militar de Brasil y prometió restaurar el orden. Sin embargo, ha padecido críticas despiadadas por restarle importancia al virus, sabotear las medidas de aislamiento y presidir con toda displicencia uno de los saldos de víctimas más altos del mundo, al decir: “Lamentamos todas las muertes, pero es el destino de todos”.
A Bolsonaro, su familia y quienes lo respaldan también se les está señalando de cargos de abuso de poder, corrupción y propagación ilegal de desinformación. No obstante, casi la mitad de su gabinete está conformado por personalidades del ámbito militar y, ahora, quienes lo critican aseguran que confía en la amenaza de una intervención militar para mantener a raya los desafíos a su presidencia.
En mayo, un general retirado del gabinete de Bolsonaro, Augusto Heleno, el asesor de seguridad institucional, sacudió al país cuando advirtió de las “consecuencias impredecibles para la estabilidad nacional”, después de que el Supremo Tribunal Federal aprobó investigar a la gente que respalda a Bolsonaro.
Otro general, el ministro de Defensa, no tardó en apoyar la provocación, mientras que Bolsonaro también atacó, al sugerir que la policía ignorase las “órdenes absurdas” de la corte.
“El objetivo es desestabilizar el país, justo durante una pandemia”, dijo Sérgio Moro, el exministro de Justicia, quien rompió con Bolsonaro en abril, para referirse a las amenazas de una intervención militar. Aunque considera improbable una acción militar, agregó: “Es reprobable. El país no necesita vivir con este tipo de amenazas”.
Según líderes políticos y analistas, es poco probable que ocurra una intervención militar. Sin embargo, esa posibilidad acecha a las instituciones democráticas de la nación, las cuales están investigando a Bolsonaro y su familia en múltiples frentes.
Dos hijos del presidente están bajo investigación por el tipo de campañas de desinformación y difamación que ayudaron a la elección de su padre en 2018 y, a finales del mes pasado, la Policía Federal allanó varias propiedades ligadas con aliados influyentes de Bolsonaro. El Tribunal Superior Electoral, la instancia que supervisa las elecciones, tiene la autoridad para usar pruebas de esa investigación con el fin de anular la elección y quitar del cargo a Bolsonaro.
Asimismo, se está investigando a dos de sus hijos por cargos de corrupción y hace poco el Supremo Tribunal Federal autorizó investigar a Bolsonaro, pues se le acusa de haber intentado reemplazar al jefe de la Policía Federal para proteger a su familia y sus amigos.
Incluso hay una amenaza legal en torno a la forma en que el mandatario ha manejado la pandemia: el lunes, un juez del Supremo Tribunal Federal le ordenó al gobierno que dejara de ocultar datos sobre el creciente número de muertos de Brasil.
Las amenazas de una intervención militar han incitado una reacción negativa generalizada, incluso de algunos altos cargos de las fuerzas armadas. Y el general Heleno, el asesor de seguridad institucional, señaló que no apoyaba un golpe de Estado y aseveró que se le malinterpretó.
Sin embargo, funcionarios militares y civiles del gobierno de Bolsonaro —así como aliados del presidente en el Congreso, iglesias evangélicas y asociaciones militares— aseguran que la maniobra tiene como objetivo impedir que las instituciones judiciales y legislativas de Brasil destituyan al presidente.
Silas Malafaia, un televangelista de derecha cercano a Bolsonaro, insistió en que el presidente no le había comentado sobre ningún plan de intervención militar. No obstante, señaló que las fuerzas armadas tenían el derecho de evitar que los tribunales se sobrepasen o incluso destituyan al mandatario.
“Eso no es un golpe de Estado”, aseguró Malafaia. “Es infundir orden donde hay desorden”.
En general, los funcionarios a favor de Bolsonaro que han lanzado esas amenazas no se refieren a la forma recurrente en la que se han llevado a cabo los golpes de Estado en Latinoamérica, con fuerzas armadas que derrocan a un líder civil para instalar a uno de los suyos.
Más bien, parecen estar instando a un fenómeno similar al ocurrido en Perú en 1992, cuando Alberto Fujimori, el líder de la derecha, usó a las fuerzas armadas para disolver el Congreso, reorganizar el poder judicial y perseguir a sus oponentes políticos.
Bolsonaro, quien todavía tiene el apoyo de un 30 por ciento de los brasileños, ya se refiere a sí mismo como la personificación de la cultura militar de Brasil y retrata a las fuerzas armadas como administradoras éticas y eficientes.
Las fuerzas armadas de Brasil ya ejercen una influencia excepcional en su gobierno. Diez de los veintidós ministros del gabinete son figuras militares, entre ellos altos generales retirados. El gobierno ha nombrado a casi otros 2900 miembros activos del ejército para puestos administrativos.
La influencia de las fuerzas armadas de Brasil se exhibió cuando los líderes del Congreso los eximieron en su mayoría de una revisión de las pensiones en 2019, lo que permitió a los miembros del ejército evitar los recortes más profundos de beneficios que sufrieron otras partes de la sociedad.
La respuesta a la pandemia de Bolsonaro mostró el creciente perfil de los militares en su gobierno, así como los riesgos para los líderes de las fuerzas armadas cuando los brasileños comienzan a atribuirles la culpa a medida que la situación empeora.
Al inicio de la crisis y tomando como base los logros del sector sanitario brasileño para combatir epidemias anteriores, el Ministerio de Salud instó a que se tomaran medidas de distanciamiento social con el fin de detener la propagación del virus.
Incluso Bolsonaro parecía de acuerdo con la estrategia, cuando disuadió a sus seguidores de asistir a mítines callejeros. Luego cambió su postura de forma abrupta y se le vio chocar puños con simpatizantes afuera de su residencia.
Bolsonaro también le otorgó a otro general el liderazgo de la respuesta en contra de la pandemia: Walter Souza Braga Netto, su jefe de Gabinete.
El ministro de Salud fue reemplazado después de que lo hicieron a un lado y se rehusó a expandir el uso de la hidroxicloroquina, un fármaco para combatir la malaria que promocionó Bolsonaro a pesar de que faltan pruebas de su efectividad en contra del virus. Su sucesor renunció tan solo unas semanas después, y lo reemplazó un general del ejército, Eduardo Pazuello.
Un exfuncionario del Ministerio de Salud señaló que los cambios abruptos habían creado una sensación de caos dentro de la institución, que dieron como resultado semanas de disfunción y parálisis en el momento más crítico: cuando el país debía combatir la propagación descontrolada del virus.
Por su parte, Luiz Henrique Mandetta, el ministro de Salud al inicio de la pandemia, dijo que Bolsonaro apreciaba la estabilidad económica por sobre las prioridades de salud, prefiriendo una figura militar al mando del ministerio.
“Él necesitaba a alguien como un general o un coronel que viera al ministerio como un peldaño, una forma de obtener un ascenso por valentía”, dijo Mandetta.
Ahora Brasil tiene más de 700.000 casos confirmados de coronavirus, el segundo lugar tan solo detrás de Estados Unidos. Hasta el martes, al menos 37.000 personas habían muerto a causa del virus, con un conteo de defunciones que a menudo llega a más de mil al día.
La agitación en Brasil está provocando que los inversionistas busquen a toda prisa la salida. La fuga de capitales está alcanzando niveles que no se habían visto desde la década de 1990. El Banco Mundial espera que este año la economía se contraiga un 8 por ciento. La producción automovilística, que fue un próspero pilar de la economía, se ha desplomado a su nivel más bajo desde la década de 1950.
Carlos Fico, historiador de la Universidad Federal de Río de Janeiro que estudia al ejército brasileño, dijo que el poder creciente de las fuerzas armadas corría el riesgo de revelar su incompetencia en áreas cruciales.
“Creen que las cosas ocurren haciendo declaraciones grandilocuentes, como ocurre en el terreno militar, donde se da una orden y los de rango inferior la obedecen”, dijo Fico.
Sin embargo, Fico agregó que como el ejército ahora lidera la respuesta frente a la pandemia, “corre el riesgo de que la sociedad lo culpe de lo que suceda después”.
Los principales aliados de Bolsonaro insisten en que las fuerzas armadas no tienen planes de un golpe. “Ninguno de los generales de cuatro estrellas está a favor de una intervención militar”, dijo Sostenes Cavalcante, un diputado de derecha.
Pero Cavalcante también argumentó que algo se debe hacer para frenar el poder de la Corte Suprema. Sostuvo que la charla de un golpe de Estado por parte del hijo de Bolsonaro era simplemente una forma de presionar al poder judicial.
“Se podría interpretar eso ya que la Corte Suprema ha sobrepasado su autoridad”, dijo Cavalcante.
Al mismo tiempo, algunos funcionarios del gobierno de Bolsonaro están examinando activamente los escenarios en los cuales los militares podrían intervenir. Un oficial militar en el gobierno que no fue autorizado a dar declaraciones dijo que una intervención permanecía fuera del radar por ahora, pero que ciertos movimientos del poder judicial, como ordenar una búsqueda en el palacio presidencial de Bolsonaro como parte de una investigación, podrían cambiar eso.
Del mismo modo, agregó el oficial, cualquier posible anulación de la elección de 2018 por un juez también se consideraría inaceptable, porque eliminaría no solo a Bolsonaro, sino también a su compañero de fórmula y vicepresidente, Hamilton Mourão, un general retirado.
Mourão ha afirmado repetidamente que no se está considerando ningún tipo de golpe militar. Pero incluso el debate sobre la intervención militar está generando preocupación sobre la resiliencia de las instituciones democráticas de Brasil y el regreso de la inestabilidad política crónica, con una constante intromisión militar.
Fernando Henrique Cardoso, un expresidente civil que fue exiliado durante la dictadura militar, dijo que no creía que un golpe fuera inminente. Pero que le preocupaba que las tácticas de intimidación de Bolsonaro pudieran intensificarse.
“¿Cómo mueren las democracias? No necesitas un golpe militar”, dijo Cardoso, de 88 años, quien ya instó a Bolsonaro a renunciar. “El propio presidente puede buscar poderes extraordinarios, y puede tomarlos”.
Contenido publicado en: The New York Times
