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Venezuela: Urge apoyo irrestricto a recomendaciones de la Misión independiente sobre graves violaciones y crímenes durante manifestaciones y protestas políticas.

El demoledor Informe de la Misión Internacional independiente de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela dispuesta por el Consejo de Derechos Humanos (CDH) de Naciones Unidas en su Res A/HRC/42/25, consigna violaciones y crímenes por parte de agentes del Estado venezolano en el contexto de manifestaciones públicas y protestas políticas que configuran una conducta sistemática y generalizada.

El Foro Permanente de Política Exterior (FPPE) apoya las claras y contundentes recomendaciones de ésta para juzgar y castigar a los responsables, buscar reparación para las víctimas o sus familiares, y prevenir nuevos hechos de esta naturaleza. El Foro apoya, igualmente, que la comunidad internacional, dentro de su ordenamiento institucional, y de acuerdo con la ley penal internacional, busque el mismo objetivo.

La envergadura en cantidad, duración, repetición y gravedad de estos crímenes -consignados en dos volúmenes expedidos por la Misión Independiente nombrada por el presidente del CDH-, preocupa aún más si se considera que el gobierno de Venezuela no otorgó acceso al país ni respondió a las numerosas consultas que permitieran esclarecer más directamente los hechos y responsables. Aún así, la Misión en un año de operación logró investigar y revisar miles de casos de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y tortura y otros tratos degradantes, incluyendo violencia y violación sexual -en muchos casos tipificándolos como crímenes de lesa humanidad.

Se logró establecer motivos razonables para dar credibilidad y corroborar patrones sistemáticos de las violaciones y crímenes investigados, “coordinados y perpetrados siguiendo políticas estatales y con el conocimiento o apoyo directo de oficiales de seguridad y altos oficiales de gobierno”, según la presidenta de la Misión Independiente, la jurista penal internacional y experta en derechos humanos Sra. Marta Valiñas de Portugal.

Tal como lo hiciera la Alta Comisionada de ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet en su informe de junio 2019 sobre las graves violaciones a todos los derechos humanos en Venezuela, la Misión Independiente sitúa claramente sus hallazgos en un contexto de ruptura gradual de las instituciones democráticas y del estado de derecho desde 2014 acumulando graves violaciones a los derechos fundamentales de las personas que el Foro considera ha devenido en una dictadura madurista. Ello ha conducido a la salida del país de un sexto de la población, 5 millones de venezolanos y venezolanas, y mucho más sufrimiento y muerte, acrecentado en el contexto de la pandemia. 

El Foro celebra que la Misión Independiente recoja esta tarea planteada por la ACDH y reafirmada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y que señale a la República Bolivariana de Venezuela que lleve a cabo de inmediato las investigaciones efectivas, independientes, imparciales y transparentes para que los responsables rindan cuentas de conformidad con normas y estándares internacionales y nacionales, y buscando justicia. 

En esta línea, llamamos a la comunidad internacional que disponga las acciones a tomar de acuerdo al Estatuto de Roma, incluyendo que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional tome en cuenta las presentaciones de las víctimas.

Desde su incepción, el Foro ha instado al gobierno de Venezuela al diálogo y la búsqueda de espacios de libertad para asegurar elecciones libres y seguras que abran rumbos a la democracia y a la protección de los derechos humanos. Hoy subraya que se inclina firmemente porque la justicia, el castigo y la reparación pavimenten esa ruta. 

Las autoridades venezolanas deben restablecer las instituciones democráticas y el estado de derecho, y reponer la independencia perdida del poder judicial, para luego, con el conjunto de la sociedad venezolana, asignar responsabilidades, castigar a violadores, procurar reparaciones a las víctimas y sus familiares, y asegurar la no repetición de agresiones por agentes del estado y sus colaboradores al pueblo venezolano.

Vemos ésta como la forma de abrir la posibilidad de diálogo y concertación política para forjar un futuro de convivencia política pacífica y profundamente renovadora de Venezuela.

El FPPE sostiene que el sistema multilateral de promoción de la paz y la resolución pacífica de conflictos, de acción humanitaria, de cooperación al desarrollo y protección de los derechos humanos, puede y debe constituir un sostén importante para esta tarea.

Las amenazas de mayores sanciones, bloqueos y hasta incursiones armadas como las proferidas hace pocos meses por el Secretario de Estado de EEUU, Mike Pompeo, y que el FPPE condenó, no ayudan en este propósito. Recién completado un nuevo viaje del enviado del presidente Trump a la región, esta vez a países limítrofes con Venezuela, como Guyana, Brasil y Colombia, y a Surinam, surge la duda respecto a las intenciones de su gira.

Reiteramos nuestra total oposición al uso o amenaza del uso la fuerza, amparado por el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) que la administración Trump pretende aplicar a la situación en Venezuela. Igualmente recordamos que las sanciones económicas y sociales ayudan a profundizar la crisis venezolana y solo afectan a los ciudadanos, ciudadanas y sus familias.  

Hoy, por el contrario, ponemos la urgencia en la necesidad de fortalecer la democracia y el desarrollo de la región, con libertad, dignidad y transparencia, y no en la intención de debilitar alianzas e instituciones democráticas, que nos hemos dado los latinoamericanos y caribeños a lo largo de nuestra independencia. 

El Foro Permanente de Política Exterior entiende que hoy más que nunca, América Latina requiere de democracias sustentadas en políticas y liderazgos con visión de futuro, capaces de superar los déficits de representación y eficacia que socavan su consolidación.

Santiago, 21 de septiembre de 2020.

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