La canciller, simpatizante socialista, entrega los lineamientos clave de la política exterior de la nueva Administración chilena
La ministra de Relaciones Exteriores del Gobierno de Gabriel Boric, la abogada Antonia Urrejola (Santiago de Chile, 1968), por cuatro años integró la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En el organismo, que presidió en 2021, jugó un papel fundamental en crisis regionales, como la de Nicaragua, donde pidió medidas “urgentes” por parte del Estado para poner fin a la represión y recuperar las garantías propias de una democracia. Su llegada a la Cancillería de Boric, por lo tanto, fue una fuerte señal para la coalición original del presidente, donde existen diferentes miradas en asuntos sustantivos de la política exterior. En noviembre pasado, en medio de la campaña presidencial, el Partido Comunista realizó una declaración en respaldo a la cuestionada reelección de Daniel Ortega. Sobre su nominación en el ministerio, Urrejola explica: “El presidente tuvo presente el papel que me tocó jugar como presidenta de la CIDH”, dice en su despacho de la Cancillería, a metros del Palacio de La Moneda, en el centro de Santiago de Chile.
A tres semanas de haber asumido, le ha tocado lidiar de rebote con algunos episodios inesperados. Junto con el inicio hoy de los alegatos en La Haya por la demanda de Chile a Bolivia por el río altiplánico Silala, ayer la ministra del Interior, Izkia Siches, ofreció disculpas por utilizar el concepto Wallmapu para referirse a la región de la Araucanía, luego de que se lo criticaran desde Argentina, porque parte del territorio mapuche pertenece a ese país. Sucedió a pocas horas de que el domingo próximo arranque la primera gira oficial de Boric, que será precisamente a Argentina. «Entendemos que el concepto de Wallmapu es un planteamiento del pueblo mapuche y que la ministra Siches lo hizo suyo por respeto, pero bajo ninguna circunstancia el Gobierno chileno lo entiende como escisión del Estado ni mucho menos existe por parte de esta Administración una falta de reconocimiento a la soberanía argentina en su territorio», explica la ministra de Relaciones Exteriores.
Antes, casi al inicio del Gobierno, la canciller tuvo que hacer frente a la polémica con España por los dichos del presidente. El mandatario chileno criticó públicamente al Rey de España, Felipe VI, porque –según él– había retrasado su ceremonia de cambio de mando. Al ser corregido por la Casa Real, el Gobierno chileno tuvo que dar explicaciones. “Él fue mal informado y es consciente que, aún así, provocó un impasse sin querer hacerlo. Eso tiene que ver con, más bien, con una presidente que es muy transparente. Pero él no estaba buscando ningún hecho político”, dice la canciller Urrejola.
P. ¿Fue por transparencia? Porque se ha criticado que el episodio con España mostró, quizá, falta de experiencia.
R. Prefiero no calificar si es por falta de experiencia o es por transparencia. Lo que sí sé es que él en ningún momento quiso mandar un mensaje político, más allá de los efectos políticos que el incidente pudo haber tenido, que es lo más importante. Y tanto la Casa Real como el Gobierno español lo han dado por superado.
P. ¿Qué otros países le preocupan a la Cancillería de Boric, aparte de Nicaragua?
R. La especial preocupación apunta a cómo Chile empieza a retomar un liderazgo que tuvo mucho tiempo en materia de derechos humanos. Porque los derechos humanos serán un sello distintivo de este Gobierno en materia de política exterior. La crisis humanitaria y de derechos humanos en Venezuela, por ejemplo, requiere de un diálogo político que los Estados deben acompañar.
P. ¿Y Cuba?
R. Cuba y Chile tienen una antigua relación. Tenemos gente en el propio Gabinete que ha sido educada en Cuba [la ministra de Defensa, Maya Fernández] y hay una relación política y también histórica respecto del papel de Cuba, sobre todo después del golpe militar de 1973. Es un reconocimiento que existe en el Gobierno, pero, por otra parte y, aunque no es un tema que yo haya hablado con el presidente, hay una preocupación por lo que ocurre en materia de derechos humanos. Por ejemplo, la situación de los presos de las protestas de junio del año pasado, que han sido condenados a 15 o 20 años. Nuestra posición con respecto a Cuba, sin embargo, también contempla el hecho de que resulta imposible abstraerse de las sanciones económicas. Las sanciones económicas que ha sufrido Cuba tienen un efecto en materia de derechos económicos, sociales y culturales.
P. En el Gobierno de Boric conviven diferentes miradas en materia internacional, sobre todo respecto de estos tres países. ¿Dónde se inclinará la balanza?
R. Todos tienen claridad que la política exterior la lleva el presidente de la República y él ha manifestado una posición muy clara.
P. Usted es cercana al PS. ¿El de Boric es un Gobierno de izquierda o de centroizquierda?
R. Es un Gobierno de izquierda, progresista, con una agenda transformadora, pero también con un compromiso con la democracia y los derechos humanos.
P. En el extranjero, las aspiraciones de algunos sectores de la izquierda democrática apuntan a que Boric represente una alternativa distinta. Es decir, que se instale más cerca de Canadá y Nueva Zelandia y no del lado del socialismo del Siglo XXI. ¿Qué opina?
R. El presidente Boric representa una alternativa nueva. No me gusta etiquetarlo, pero es un liderazgo transformador donde ha ido incorporando distintos temas de la izquierda tradicional con lo que se llama la socialdemocracia. Su principal eje es abrirse al mundo, aprender del pasado y de los errores y aciertos de los gobiernos de izquierda y, a partir de eso, hacer una nueva lectura con una mirada moderna. Boric tiene una mirada fresca sin estereotipos.
P. ¿Cómo habría que entender su afinidad con Alberto Fernández, el presidente argentino?
R. Una prioridad de cualquier política exterior es la relación con los países vecinos y, en ese sentido, Argentina es fundamental para Chile. En segundo lugar, claramente hay acercamientos ideológicos con algunos países de la región, que no lo hay respecto de otros. Pero el presidente ha insistido que, más allá de las cercanías ideológicas con unos u otros, su prioridad es que América Latina vuelva a tener una sola voz. Y esa voz única tiene que ver con una agenda común que tenemos que encontrar los distintos países de la región que va más allá de las diferencias ideológicas. América Latina es de las regiones más afectadas por la crisis climática, siendo que es una de las que menos responsabilidad tiene. Tenemos que tener una miraa conjunta en el tema migratorio, el narcotráfico, la seguridad.
P. ¿Se va a establecer una relación “carnal” con Argentina, como alguna vez Carlos Menem dijo sobre Argentina y EE.UU.? Siempre es prioritaria, pero, ¿lo será más? La primera dama ha hecho guiños a La Cámpora de Cristina Kirchner y Boric designó como embajadora a Bárbara Figueroa, una importante líder comunista.
R. Argentina siempre ha sido una prioridad en la política exterior, pero hubo en el último año bastante roces, por lo que primero que queremos es recomponer. Yo no diría que será una relación distinta, por esta interpretación a propósito de La Cámpora. Yo puedo entender que existan esas interpretaciones, pero no está en el ánimo del Gobierno que vayamos a reforzar esas relaciones. Más bien el ánimo del Gobierno es reforzar la relación con Argentina, que incluye a todos los que son parte de Argentina.
P. ¿Ve posible un reordenamiento de Chile hacia el Atlántico? Salvo que gane Petro en Colombia, ¿estará el Gobierno chileno más cómodos con Argentina y el Brasil de Lula?
R. No. Todo lo que incluye el Asia-Pacífico sigue siendo una prioridad absoluta y no hay ninguna duda, no hay dobles matices. No hay una mirada hacia el Atlántico. Hay cercanía obviamente con Argentina, si gana Lula en Brasil habrá una cercanía ideológica ahí, pero quiero insistir en la idea de que más allá de la cercanía ideológica con algunos gobiernos de la región, la agenda fundamental para América Latina es una agenda de integración regional. Porque América Latina, por la polarización y la fragmentación, perdió la voz. Y para ello, no podemos trabajar solo con los que tengamos cercanía ideológica. Queremos insistir en los acuerdos y no en los desacuerdos. Y esto corre para América Latina y para los países vecinos.
P. Poco después de asumir, el presidente Boric propuso relaciones diplomáticas con Bolivia, cortadas desde 1962 y, fiel al libreto, Bolivia lo rechazó porque puso como condición la salida al mar. ¿Sabía el Gobierno chileno que Bolivia diría que no?
R. En general nuestra relación con Bolivia está concentrada en nuestras diferencias, que son históricas y van a seguir existiendo más allá de las sentencias de La Haya, pero lo que quiere el presidente es hacer un acercamiento también para establecer una agenda común. Estamos conscientes de que establecer relaciones diplomáticas es un camino que hay que recorrer, como también estamos conscientes de que la Constitución boliviana establece como irrenunciable el derecho al mar y eso es parte del paisaje. No quiero minimizarlo, pero es parte del paisaje y tenemos que trabajar con esas diferencias para hacer una agenda común. Creo que va a ser lento, pero esa voluntad sigue existiendo por parte del presidente. No me atrevo a decir que en cuatro años vamos a tener relaciones diplomáticas –creo que sería muy presuntuoso de mi parte–, pero sí en un acercamiento.
P. El exvicepresidente boliviano Álvaro García Lineras es uno de los gurús intelectuales de Boric y el presidente chileno lo invitó al cambio de mando. ¿Fue adecuado dado que fue uno de los más activos y duros en la demanda contra Chile por la salida al mar?
R. El presidente tiene la facultad de hacer invitaciones especiales. Efectivamente, nunca ha escondido su admiración a García Lineras desde el punto de vista intelectual y fue en esa calidad que lo invitó. Algunas personas habrán pensado que fue inadecuado, pero él fue muy respetuoso de los debates internos y muy consciente de que era un invitado especial, por lo que no quiso poner ninguna piedra en el camino al presidente.
P. ¿Cómo impulsar una mayor integración regional, como el Gobierno chileno busca, más allá de lo discursivo?¿Qué es lo que propone y cuáles son los planes?
R. Llevamos tres semanas y hemos estado conversando con el presidente sobre este asunto. Lo primero, que es una tarea a la que me tengo que avocar, es conversar bilateralmente tanto con los embajadores como con los cancilleres en esta idea, en esta declaración, en esta intención. Y luego, como siempre se hace, empiezan consultas bilaterales y se va construyendo. Son procesos que tardan. Entiendo que hay que darle cuerpo y estamos trabajando en eso. Me gustaría que a finales de este año o comienzos del próximo podamos materializarlo.
P. ¿Que ocurrirá con Chile y el tratado comercial Transpacífico, TTP11?
Más allá de que se adopte una decisión después del proceso constituyente, como ya se ha dicho, ¿qué opina de los contenidos de acuerdo? ¿Benefician a Chile o no?
R. No estamos evitando el debate, pero hay una responsabilidad y debemos tenerlo a la luz de una nueva Constitución. El esperar la constituyente tiene un sentido de responsabilidad, porque el TPP11 toca un conjunto de temas que van a estar directamente relacionados con una eventual nueva Constitución y, más allá de las opiniones que pueda tener yo como canciller, el marco adecuado va a ser la nueva Constitución para poder discutirlo en términos sustantivos. CEPAL nos ofreció ayuda para tener un debate técnico, ausente del tema ideológico, porque en la discusión del TPP11 hubo –de parte y parte–, posiciones ideológicas. Y más allá del TTP11, a nivel internacional se está dando un debate que tiene que ver con los mecanismos de solución de controversias. Ha habido un debate sobre el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias (CIADI) y otros sobre cómo esos mecanismos se revisan a la luz de los nuevos desafíos que enfrenta Chile y el mundo.
P. ¿Qué ocurrirá con los tratados de libre comercio firmados por Chile desde los años noventa?
R. Muchos países que están abiertos al mundo como Canadá o Nueva Zelandia –nadie puede decir que son países aislados o que tienen una mirada de desarrollo estatal de la economía– los han modernizado frente a los nuevos desafíos. La revisión de los tratados es común y lo han hecho muchos países. Dicho todo lo anterior, es importante recalcar que cualquier revisión, sea de los tratados que han sido suscritos o del TTP11 cuando se dé, es una discusión que se da en el ámbito bilateral o multilateral. Bajo ninguna condición va a ser unilateral, porque entendemos que Chile es parte de un mundo globalizado y no podemos vivir aisladamente. Alguna gente tiene ese miedo, pero no está en la agenda de Chile sentarse a revisar cada uno de los tratados.
P. Muchos socios de Chile –la UE, EE.UU., Canadá, Nueva Zelandia– han adoptado sanciones contra Rusia por la invasión a Ucrania. ¿Chile se sumará?
R. Chile, junto con condenar la invasión de Rusia a Ucrania, ha respaldado las resoluciones en Naciones Unidas respecto de las condenas. Entendemos que hay una invasión, que se han quebrantado derechos básicos del derecho internacional y hemos apoyado esas resoluciones, junto con entregar ayuda humanitaria a través de la Cruz Roja. Sobre las sanciones económicas, es un tema que por ahora no está en la cartera para Chile, porque es un tema que también tiene que ser conversado con los países vecinos. No podemos tener iniciativas como llaneros solitarios en temas que tiene efectos muy importantes no solo para Chile, sino para la región.
P. Desde el estallido de 2019, Chile ha estado marcado por la violencia callejera, lo que no se ha detenido con la llegada al poder de Boric. ¿Cómo se lo explica?
R. Los extranjeros lo deben entender. Chile no está aislado de los fenómenos regionales y mundiales. Como ex comisionada de la CIDH, mientras se producía el estallido de Chile, me tocó visitar Ecuador, que estaba viviendo un estallido al mismo tiempo que nosotros. Se vio la gente en las calles, el descontento social, junto con el uso desproporcionado de la fuerza por parte de las policías. Luego, durante el año pasado, como relatora de Colombia, visité ese país durante el estallido social, donde se vieron fenómenos similares, aunque con contextos distintos. Por lo tanto, lo que sucede en Chile no es aislado. Hay un descontento social en muchos países, no solo en la región, que obedece a la falta de credibilidad de las instituciones, a la frustración de no sentirse interpretados por las autoridades del Estado, a las graves crisis económicas que se han exacerbado por la pandemia. Creo que eso ha llevado a la gente a salir a las calles bajo distintos contextos, pero el factor común es el descontento social y el uso desproporcionado de la fuerza de las policías. Los y las gobernantes tenemos varios desafíos: canalizar esos descontentos sociales y dar respuesta a las distintas demandas de la ciudadanía a través de mayor participación y, por otra parte, aislar a se aprovechan del derecho a la protesta para cometer delitos y para actos vandálicos.
P. A diferencia de lo ocurrido en otros países donde han ocurrido revueltas, en Chile dieron origen a un camino constituyente que provocará un cambio profundo en la institucionalidad. Usted, que participó en las negociaciones para las reformas constitucionales de 2005, durante el Gobierno de Lagos –de hecho, la Constitución actual lleva la firma del expresidente–, ¿considera que la actual Constitución es la de Pinochet o la de Lagos?
R. Me tocó acompañar ese proceso y me parece que la actual Constitución, la de 2005, es muy distinta a la de 1980. Pero la actual no responde, precisamente, a los requerimientos de la ciudadanía que se vieron a partir del estallido social. Yo reivindico lo que se hizo en su momento y los cambios políticos muy importantes para el momento que se estaba viviendo en 2005, porque en ese texto se eliminaron los enclaves autoritarios. Es decir, cuando hablamos del actual proceso constituyente en Chile –que es un proceso importante que apoyo y miro con admiración, entendiendo todos los temores que genera–, me parece importante entender lo que fueron los años noventa, con un comandante en jefe del Ejército que era nada menos que el ex dictador, Pinochet.
Contenido publicado en El País
