La oficina de la alta comisionada de la ONU para los derechos humanos saldó en 66 las masacres ocurridas este 2020, de las que fueron víctimas 255 personas.
Asimismo, ratificó los crímenes de 155 defensores de las garantías fundamentales este año.
La alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, Michelle Bachelet, denunció que cientos de personas han muerto este año en Colombia en masacres o como víctimas de asesinatos selectivos, lo que ha sido el caso en particular de líderes sociales y ex guerrilleros.
«En lo que va de 2020, la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia ha documentado 66 masacres en las que 255 personas fueron asesinadas en 18 departamentos del país», según la información que ha podido ser verificada.
La representación en Colombia del organismo que dirige Bachelet también tiene información sobre el asesinato de 120 defensores de los derechos humanos solo este año.
A esas cifras se agregan los 244 ex combatientes de las FARC asesinados desde la firma del Acuerdo de Paz en noviembre de 2016, de acuerdo a datos de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, aunque la Oficina de Bachelet no precisó cuántas de estas muertes corresponden al 2020.
«Los números que mencionamos son los que han sido reportados, pero tememos que sean mayores porque la pandemia ha obstaculizado nuestros esfuerzos por documentar y verificar los asesinatos», dijo en Ginebra la vocera de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, Marta Hurtado.
«Pido a las autoridades colombianas que tomen medidas más sólidas y mucho más efectivas para proteger a la población de esta horrenda violencia«, declaró en tanto Bachelet a través en un comunicado.
La ONU cree que después de décadas de conflicto interno y, a pesar del acuerdo de paz, la violencia «se ha normalizado» en Colombia.
AUSENCIA DEL GOBIERNO EN ZONAS AFECTADAS
Hurtado explicó que las áreas afectadas por esta oleada de asesinatos son de difícil acceso y prácticamente no hay presencia del Estado.
«No hay seguridad, no hay policía, ni presencia del gobierno en términos de servicios públicos, con falta de colegios y de centros de salud. Por ello pedimos al gobierno que despliegue plenamente su presencia en esas áreas», emplazó la vocera.
Organizaciones defensoras de los derechos humanos han denunciado que en el periodo de confinamiento declarado en Colombia por la pandemia, la amenaza para los líderes sociales ha sido todavía mayor porque al no poder salir de sus casas, los asesinos sabían exactamente donde encontrarlos.
Bachelet dijo que ahora «es deber del Estado estar presente en todo el país», no solo para actuar contra los responsables de la violencia, sino también para garantizar los servicios esenciales y la protección de la población.
GRAN CANTIDAD DE VÍCTIMAS INDÍGENAS
La ONU ha puesto de relieve que la comunidad indígena nasa ha sido una de las más afectadas este año con el asesinato de 66 de sus miembros en la región del Norte del Cauca.
El incidente más reciente ocurrió el pasado día 5, cuando se reportó el asesinato de cinco personas -incluido un ex combatiente de las FARC en proceso de reintegración- en esa región en dos hechos diferentes, y ese mismo día, 24 líderes y autoridades del pueblo nasa recibieron amenazas de muerte.
Dos días antes, un líder indígena, Miguel Tapi Rito, fue asesinado en el departamento del Chocó. El hecho provocó la huida de 900 personas de su comunidad -mujeres, niños y niñas en su mayoría- a un pueblo cercano.
Desde esa zona, han pedido a las autoridades del Estado que se les brinde protección.
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