CHALCHUAPA, El Salvador, 19 jul – Los vecinos sabían que algo andaba mal en la casa verde cuando los gritos de una joven acabaron con la tranquilidad de su vecindario en Chalchuapa, un pequeño pueblo a unos 80 kilómetros de la capital salvadoreña, San Salvador.
Jacquelinne Palomo, de 26 años, y su madre habían sido atraídas a la vivienda sin ventanas por el hombre que vivía allí, el expolicía de 51 años Hugo Osorio, quien les había prometido información sobre el hermano desaparecido de Palomo, Alexis, dijo a Reuters un familiar.
Los vecinos llamaron a la policía cuando escucharon los gritos de Jacquelinne la noche del 7 de mayo mientras huía de la casa solo para ser alcanzada por Osorio, quien supuestamente la golpeó en la cabeza con un tubo de metal y la arrastró de regreso al interior.
Cuando llegaron las autoridades, se encontraron con los cuerpos de Palomo, su hermano y su madre, junto con otros 14 cadáveres inicialmente descubiertos en una fosa común detrás de la casa, contó a periodistas el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, el 20 de mayo.
El Salvador ha padecido durante mucho tiempo una de las tasas más altas de delitos violentos del mundo. Pero incluso en este país acostumbrado al caos, el caso de Osorio ha conmocionado a la población. Los medios locales han apodado la vivienda como la “casa de los horrores”.
Habría más cadáveres en la propiedad en varias tumbas, según una presunta confesión de Osorio ante agentes de seguridad publicada el 12 de junio por el medio digital salvadoreño Revista Factum. Podría haber hasta 40 en varias fosas, según investigadores, dijo la publicación.
La publicación retiró el reporte dos días después, luego de que la fiscalía general de El Salvador obtuvo una orden judicial que la obligaba a hacerlo.
Reuters no pudo contactar a Osorio ni a un abogado que lo representa, y no pudo verificar de forma independiente la autenticidad de la supuesta confesión. La fiscalía se negó a hacer comentarios, argumentando que los detalles del caso son confidenciales.
Osorio fue acusado el 12 de mayo de dos cargos de feminicidio y los fiscales agregaron más tarde otros dos cargos de homicidio. Al menos otras nueve personas también han sido acusadas de homicidio agravado y feminicidio en relación con los crímenes.
A cambio de su testimonio y colaboración en nueve de los casos que involucran a otros presuntos cómplices, los fiscales ofrecieron a Osorio un trato al que se refirieron como “criterio de oportunidad parcial”, dijeron en una conferencia de prensa el 21 de mayo, pero no brindaron más información sobre el acuerdo.
Según los detalles de la supuesta confesión, Osorio habría admitido que buscaba principalmente a mujeres y niñas pobres, atrayéndolas a su casa con la promesa de trabajos o ayuda para migrar a Estados Unidos. Villatoro, el ministro de Justicia y Seguridad, lo calificó de “psicópata”.
Pero los antecedentes policiales de Osorio, la gran cantidad de posibles cómplices y la escasez de información pública sobre el caso hacen que algunos salvadoreños no estén seguros de qué creer.
La exhumación de los cuerpos en Chalchuapa concluyó en julio, dijo Villatoro en una conferencia de prensa. No reveló el número total de víctimas y funcionarios han ofrecido desde el principio datos contradictorios del conteo.
Israel Ticas, criminólogo a cargo de la investigación, fue sancionado por el Gobierno por sugerir a medios de comunicación que podría haber al menos 40 víctimas, una información que el fiscal general Rodolfo Delgado desestimó como no probada.
Ticas no respondió a una solicitud de comentarios.
José de la Cruz, el abuelo de Palomo, dijo que el rastro de sangre de su nieta que conducía a la puerta de Osorio es la única razón por la que se descubrió a los miembros de su familia asesinados.
“Si no hubiera sido por ella todavía estaría yo buscando como desaparecidos”, dijo a Reuters el hombre de 79 años.
Más del 90% de un universo de 1,000 salvadoreños que participaron en una encuesta de 2020 de Transparencia Internacional dijeron que tenían poca o ninguna confianza en las instituciones gubernamentales.
“QUIEROENCONTRARLA“
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha dicho poco sobre los asesinatos desde finales de mayo. En cambio, ha promocionado el “Plan de Control Territorial” de su gobierno destinado a desmantelar las pandillas y el crimen organizado mediante el uso del Ejército y la policía.
El gobierno dijo que hubo 1.322 homicidios en El Salvador en 2020, un 80% menos que cinco años antes. El exministro de Seguridad Rogelio Rivas citó una caída del 61% en los feminicidios en los primeros seis meses de 2020, en comparación con el primer semestre de 2019.
Algunos grupos de derechos humanos han cuestionado la veracidad de las afirmaciones de la administración sobre la disminución dramática de la delincuencia.
El Salvador registró 59 mujeres asesinadas en los primeros cuatro meses de 2021, un incremento del 27% respecto del mismo período del año anterior, dijo la agrupación sin fines de lucro Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz, citando datos del Instituto de Medicina Legal, adscrito a la Corte Suprema de Justicia.
La Policía Nacional Civil de El Salvador y el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública no respondieron a solicitudes de comentarios.
Lo que no está en disputa es que familias de todo El Salvador han viajado a Chalchuapa con fotos de seres queridos desaparecidos, esperando pistas, a través de los artículos encontrados por los investigadores en la fosa común.
Muchos buscan madres, hermanas e hijas desaparecidas. El país ha sido durante mucho tiempo un lugar peligroso para las mujeres. En 2017, El Salvador registró 10,2 feminicidios por cada 100.000 mujeres, la tasa más alta de América Latina, según los datos más recientes de Naciones Unidas.
La violencia se ha normalizado en la sociedad salvadoreña, a menudo reemplazando el diálogo como una forma de demostrar poder, dijo Celia Medrano, defensora de los derechos humanos con sede en San Salvador.
Las mujeres son el blanco frecuente de abuso en una cultura dominada por los hombres, dijo, y las víctimas o sus familias nunca denuncian muchos de estos delitos.
“Responde a un problema de aceptar como sociedad que a las mujeres les puede suceder eso”, dijo Medrano.
Osorio tenía un historial de violencia. Fue despedido de la policía hace 15 años luego de ser condenado por violar a una mujer y a una menor de edad, delitos por los que fue sentenciado a cinco años de cárcel, dijo el 21 de mayo el jefe de la Policía Nacional de El Salvador, Mauricio Arriaza, en una conferencia.
La propiedad de Osorio continúa atrayendo visitantes, algunos simplemente curiosos, otros esperando respuestas que tal vez no lleguen.
Patricia Mancía viajó desde Ciudad Delgado, parte de la zona metropolitana de San Salvador, con una foto de su nieta de 17 años, Camilia Rivas, desaparecida desde abril de 2020.
“Mi esperanza es que esté viva, pero si no está así, ¿qué puedo hacer?” dijo Mancía, de 55 años. “Yo, sea como sea, quiero encontrarla”.
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